Daniela Araya Cortez, miembro del Comité Salud Planetaria de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida (SOCHIMEV).
A fines de enero se conmemora el Día de la Educación Ambiental. Esta fecha invita a reflexionar sobre el rol que cumple la formación ambiental en un contexto marcado por la crisis ecológica del planeta. La educación ambiental no debiera limitarse a una efeméride ni a declaraciones simbólicas, sino consolidarse como una práctica constante, cotidiana y transformadora. La pregunta de fondo es si el sistema educativo está formando ciudadanía capaz de enfrentar los desafíos ambientales actuales o si, en muchos casos, sólo se promueven acciones que alivian momentáneamente la conciencia colectiva.
Durante la última década, se han observado avances significativos en la incorporación de la educación ambiental dentro del sistema educativo chileno. Existen respaldos legales como la Ley 19.300 que define la Educación Ambiental (EA) como un proceso transversal, permanente e interdisciplinario enfocado en la protección del entorno natural para convivir armónicamente con el medio ambiente.
También contamos con otras políticas públicas, decretos y programas y modificaciones legales que se han actualizado de acuerdo a las normativas y apoyan la EA.
Existen establecimientos educacionales con certificación ambiental (SNCAE), iniciativas pedagógicas innovadoras y comunidades educativas comprometidas en distintos territorios del país. Estos elementos representan un progreso relevante en materia de sostenibilidad educativa. Al 2025, son cerca de 2500 establecimientos educacionales a los largo del territorio nacional con Certificación Ambiental, lo que da cuenta de una promoción de la sustentabilidad en las comunidades educativas del país.
No obstante, dichos avances resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis climática global.
La práctica educativa evidencia profundas desigualdades en la implementación de la educación ambiental. Su impacto varía según el territorio, el proyecto educativo institucional y, en numerosos casos, depende más de la motivación individual de docentes y equipos directivos que de una política educativa sólida, sistematizada y sostenida en el tiempo. Mientras algunos establecimientos integran la educación ambiental como eje formativo central, otros la reducen a acciones aisladas como la separación de residuos o huertos escolares que suelen ser abandonados durante los períodos de vacaciones o recesos por falta de planificación y apoyo institucional.
La urgencia climática exige algo más que buenas intenciones. Requiere formación crítica, continuidad y coherencia. Si bien existen experiencias que trascienden lo simbólico, especialmente en comunidades educativas con proyectos ambientales consolidados, la preparación continúa sigue siendo desigual y fragmentada. En muchos casos, estos procesos dependen de voluntades personales y no de un sistema que garantice su permanencia, calidad y evaluación.
Diversas investigaciones han demostrado que el contacto temprano y sostenido con la naturaleza favorece el desarrollo físico, emocional y cognitivo de niños, niñas y adolescentes. La protección del entorno surge a partir del vínculo. Cuando la naturaleza queda fuera de la experiencia cotidiana, la crisis ecológica se transforma en un concepto abstracto, distante y fácilmente ignorado.
La formación docente constituye otro desafío estructural. En la actualidad, se espera que educadores aborden temáticas como cambio climático, sostenibilidad, biodiversidad y justicia ambiental, muchas veces sin contar con una preparación suficiente, continua y actualizada. La educación ambiental no puede limitarse a discursos centrados en el cuidado; requiere comprensión profunda de las causas estructurales de la crisis ecológica, junto con herramientas pedagógicas que permitan abordarla desde una perspectiva crítica y territorial.
Persiste, además, el riesgo de reducir la educación ambiental a cambios conductuales individuales, sin cuestionar los modelos que originan el problema. El énfasis excesivo en el reciclaje, frecuentemente inviable en la práctica, desplaza discusiones más urgentes sobre reducción de residuos, estilos de vida saludables y decisiones cotidianas capaces de generar transformaciones estructurales reales.
El rol del Estado resulta fundamental. Más allá de los marcos normativos y los programas existentes, se requiere mayor articulación interinstitucional, recursos eficientes, formación docente sistemática y evaluación efectiva del impacto de las políticas públicas en los diferentes territorios y ecosistemas del país.
La educación ambiental debe consolidarse como una herramienta de empoderamiento ciudadano y no como un privilegio de acceso a espacios naturales restringido sólo a ciertos establecimientos.
El lema del Día de la Educación Ambiental 2026, “Tecnología con conciencia. Reutilizar y reacondicionar para frenar el impacto ambiental”, convoca a una reflexión necesaria. La relación cotidiana con la tecnología contrasta con el escaso contacto con la naturaleza y con otros seres humanos. Mientras la inteligencia artificial permite optimizar procesos y tiempos, la inteligencia natural enseña a pausar, observar y tomar decisiones con mayor conciencia.
La educación ambiental no constituye únicamente un contenido curricular, que es importante para su ejecución, también representa una forma de habitar la Tierra. En un escenario de crisis ecológica, educar con conciencia se vuelve un acto de responsabilidad ética y de cuidado colectivo, pues nuestras decisiones van dejando huellas en la naturaleza.
