Maximiliano Hurtado R.
Ex Convencional Constituyente
A menos de una semana de haber asumido, el presidente José Antonio Kast ya ha dado a conocer sus primeras medidas. Llama la atención que, lejos de concentrarse en materias de seguridad o migración, temas que ocuparon buena parte de sus compromisos de campaña, los primeros anuncios del nuevo gobierno se han enfocado en medidas de carácter económico y tributario.
Según se ha señalado, estas decisiones responderían a la situación fiscal heredada y a la necesidad de enfrentar con urgencia los problemas económicos del país. Sin embargo, al revisar con mayor detalle algunas de las iniciativas anunciadas, surge una pregunta inevitable: ¿a quién benefician realmente estas primeras medidas?
Veamos tres de los anuncios que han marcado el inicio de la nueva administración. El primero es la propuesta de rebajar el impuesto corporativo, es decir el impuesto que pagan las empresas sobre las utilidades que genera de un 27% actual al 23%. Esta medida ha sido acompañada del argumento habitual, de que una menor carga tributaria incentivaría la inversión, impulsaría el crecimiento económico e incluso podría traducirse en una mayor recaudación fiscal en el largo plazo.
El segundo anuncio apunta a reducir el IVA aplicado a la compraventa de bienes inmuebles, como casas o departamentos. La medida se ha presentado como una forma de dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso de las familias a la vivienda propia.
Finalmente, se ha propuesto establecer una exención del pago de contribuciones para adultos mayores respecto de su primera vivienda, bajo el argumento de aliviar la carga económica que este impuesto puede significar para personas que dependen principalmente de pensiones o ingresos reducidos.
Sobre el papel, todas estas medidas suenan razonables. De hecho, es difícil oponerse a ellas sin conocer mayores detalles. Sin embargo, cuando se examinan con más atención, comienzan a surgir dudas tanto respecto de su efectividad como de los sectores que realmente terminarán beneficiándose. En el caso de la rebaja del impuesto corporativo, el argumento de que menores impuestos generan automáticamente más inversión ha sido ampliamente discutido en la literatura económica, pues no existe evidencia concluyente que demuestre una relación directa y automática entre ambas variables. De hecho, el economista y premio Nobel Abhijit Banerjee señaló en 2019 que “la reducción de impuestos para impulsar la inversión es un mito difundido por las empresas”, planteando que muchas veces el debate económico se presenta como una falsa disyuntiva entre reducir impuestos o utilizar esos recursos para redistribución y políticas públicas que también pueden dinamizar la economía.
Las otras dos medidas también plantean interrogantes, aunque desde otra perspectiva: la de sus verdaderos destinatarios. En el caso del IVA aplicado a la compraventa de viviendas, en Chile este impuesto ya no se aplica a quienes compran una propiedad de manera ocasional. La normativa vigente establece que el IVA se paga cuando existe habitualidad en la actividad inmobiliaria, es decir, cuando se trata de personas o empresas que se dedican regularmente a comprar y vender propiedades. En la práctica, esto significa que una familia que adquiere su vivienda mediante un crédito hipotecario para habitarla, comprando por ejemplo una vivienda usada a otro particular, algo que probablemente hará una sola vez en su vida, generalmente no paga este impuesto. Algo similar ocurre con el anuncio sobre contribuciones para adultos mayores. Actualmente en Chile ya existen mecanismos de rebaja o exención de este impuesto para personas de la tercera edad que cumplen ciertos requisitos de ingresos o avalúo de la vivienda. Ampliar este beneficio de manera universal podría implicar que también accedan a él personas con una situación económica que sí les permite pagar este impuesto sin mayor dificultad.
La cuestión de fondo, entonces, no es si estas medidas pueden resultar beneficiosas para algunos sectores. Probablemente lo sean. La verdadera pregunta es a quién beneficiarán principalmente. Si una rebaja del impuesto corporativo no garantiza mayor inversión ni mayor recaudación, ¿quién captura ese beneficio en la práctica? Si la mayoría de los compradores de vivienda ya no paga IVA por no realizar una actividad habitual, ¿a quién favorece realmente ampliar esa exención? Y si hoy existen rebajas de contribuciones focalizadas en adultos mayores con menores ingresos, ¿qué implica extender ese beneficio a todos por igual?
Si estas medidas avanzan tal como han sido anunciadas, el riesgo evidente es que las primeras decisiones económicas del nuevo gobierno terminen beneficiando principalmente a quienes ya concentran gran parte de la riqueza del país. Porque cuando se reduce el impuesto a las utilidades de las empresas, quienes reciben ese beneficio directo no son las familias chilenas, sino los grandes grupos económicos. En Chile eso significa, entre otros, los conglomerados asociados a algunas de las mayores fortunas del país, como los grupos Luksic, Angelini o Matte, actores que dominan sectores completos de la economía nacional.
La historia económica reciente muestra que esta fórmula no es nueva. Forma parte de un patrón repetido en distintas partes del mundo, rebajar impuestos a los sectores más acomodados bajo el argumento de que aquello impulsará la inversión, el crecimiento y terminará beneficiando a todos.
Por eso la discusión que viene no es solo técnica, sino profundamente política. Se trata de decidir qué tipo de sistema tributario queremos para el país, si uno que alivie principalmente a quienes ya concentran la mayor parte de la riqueza, o uno que mantenga como principio básico que quien más tiene debe pagar más, y contribuir más al esfuerzo colectivo que sostiene a la sociedad.
Las primeras señales del nuevo gobierno abren esa pregunta. Y vale la pena discutirla con seriedad antes de que esas decisiones se conviertan en política permanente.
