Fiscal Regional de Atacama Juan Andrés Shertzer
La pérdida de vidas en accidentes de tránsito, así como las lesiones con graves secuelas físicas, se han transformado en una de las penosas consecuencias derivadas, en principio, por el aumento en el parque automotor circulante de nuestra región, el que lejos de ir aparejado de un consecuente mayor control y fiscalización por parte del Estado, así como de una educación y responsabilidad vial por parte de quienes conducen, se instala en las arterias viales conforme el mejor parecer de los conductores, con infracciones visibles y a estas alturas aceptadas por todos.
Ejemplo de ello, es circular con ventanas y parabrisas oscurecidos fuera de toda norma – propicio también para la comisión de delitos a bordo de vehículos pretendiendo impunidad, como ya nos ha demostrado nuestra experiencia; vehículos levantados y alterados en sus ángulos de ataque; ancho de vías de cada eje ensanchados de manera intimidante para el resto; faros delanteros con iluminación mal calibrada y con exceso de incandescencia. Todas alteraciones indebidas que no se consideraron al momento de la homologación de cada vehículo para transitar por nuestro país, circunstancias que aparecen como sintomáticas del relajo de los conductores, porque detrás de cada accidente con resultados trágicos, casi de manera inalterable encontramos una conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas, como si su consumo obedeciera al criterio de cada persona y no al imperativo prohibitivo de la ley.
¿Qué tiene que ver la Fiscalía de Atacama en esto?, más que algo somero; porque si detrás de cada accidente vehicular con resultado de muerte o lesiones graves existe una historia truncada, proyectos de vida interrumpidos y familias que deben enfrentar un dolor permanente e irreparable, entonces como órgano del Estado no podemos quedarnos impávidos e indolentes con dicho sufrimiento, debiendo extremar nuestras posibilidades de intervenir en la medida que nuestras atribuciones lo permitan, que para el caso concreto, significa que declararemos como un problema delictual regional la conducción bajo los efectos del consumo de drogas y la ingesta de alcohol, poniendo mayor énfasis en perseguir con dureza estos delitos y propiciando la intervención de otros organismos, servicios e instituciones del Estado que debieron intervenir ex ante.
Es importante que la comunidad comprenda que conducir un vehículo implica una enorme responsabilidad; quien decide manejar de manera imprudente o derechamente bajo los efectos del alcohol o drogas, no sólo pone en riesgo su propia vida, sino también la integridad de terceros inocentes y que, como delito de peligro, basta la verificación de dicha conducta para que se persigan las consecuencias penales establecidas en nuestra legislación. Finalmente, debemos entender que evitar nuevas tragedias es una tarea que también involucra a toda la comunidad.
