José Navarrete Oyarce
Director del Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello
El paso a la cámara alta del grueso de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el proyecto emblema del gobierno de José Antonio Kast marca el triunfo legislativo más relevante de su administración desde que asumió, y del cambio de orientación tributaria más significativo desde la reforma de 2014. En ese contexto, vale la pena destacar y analizar dos de los elementos más relevantes del proyecto, la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria, elementos claves en esta iniciativa.
El núcleo de la reforma es la reducción gradual del impuesto a la renta de las empresas, que baja desde el 27% actual hasta el 23% en un plazo de algunos años, acercando a Chile al promedio de los países de la OCDE. En un escenario de bajo crecimiento económico y desempleo persistente, esta rebaja apunta directamente a mejorar la competitividad del país para atraer inversión y reactivar la creación de empleo formal, algo que la economía necesita con urgencia. A pesar de que la evidencia es mixta respecto al impacto que la rebaja del impuesto corporativo tiene sobre el crecimiento económico, tiendo a creer que los inversionistas verán esto como una señal positiva y reaccionarán en forma positiva.
El segundo elemento destacable es la invariabilidad tributaria, mecanismo que garantiza a los inversionistas que la tasa del impuesto corporativo aplicable a su proyecto no cambiará durante un período determinado, que va entre 10 y 20 años según el monto invertido. A cambio de esa certeza, las empresas acogidas deben pagar una sobretasa adicional de 1,5% sobre su impuesto corporativo, algo así como la prima de un seguro. Este mecanismo no es una novedad en Chile, ya existió bajo el antiguo Estatuto de la Inversión Extranjera vigente entre 1974 y 2016, y su reaparición confirma que la certeza jurídica sigue siendo, para cualquier inversionista de largo plazo, tan relevante como la tasa misma.
Ahora bien, y aquí está el llamado de atención, la necesidad de crear un mecanismo especial para garantizar estabilidad tributaria es, en sí misma, un síntoma preocupante. En poco más de una década Chile ha subido el impuesto corporativo con la reforma de 2014, ha discutido nuevas alzas en más de un intento posterior, y ahora lo reduce nuevamente con esta reforma. Este vaivén constante entre gobiernos de distinto signo tiene un costo que no aparece en ninguna tasa oficial, el de la incertidumbre acumulada, que termina encareciendo el capital, postergando decisiones de inversión y obligando al propio Estado a ofrecer contratos especiales para compensar la falta de confianza en la estabilidad de sus propias reglas.
Desde mi punto de vista, los contenidos de esta reforma van en la dirección correcta y debieran traducirse en mayor inversión y empleo en los próximos años. Sin embargo, el hecho de que Chile necesite blindar contractualmente a ciertos proyectos para asegurarles reglas fijas revela que aún no contamos con una política tributaria de Estado, sino con una sucesión de políticas de gobierno que cambian según quien esté a cargo. El desafío pendiente entonces, más allá de esta reforma puntual, es construir un consenso amplio y duradero sobre las reglas tributarias del país, de manera que la certeza no dependa de un contrato especial, sino de la estabilidad misma del sistema.
