Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer
El pasado mes de abril de 2026 se publicó la Ley 21.812 que modificó diversos cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público con el objeto de fortalecer a este último, creando una nueva organicidad para el sistema de prevención y control interno y reestructurando unidades para una mejor gestión, igualmente orientado a mejorar nuestro cometido, todo lo cual, debiera aquilatarse por la comunidad, en un principio, como la entrega de respuestas más oportunas, eficaces y de calidad para las víctimas y testigos de delitos, encontrando en la Fiscalía un puente más expedito hacia la búsqueda y acceso a la justicia en materia penal, para recién después de ello nosotros abocarnos a mejorar la persecución penal de una manera más eficiente, eficaz y completa. Esto último en cuanto a la necesidad de contar tempranamente con una víctima y un testigo adherido a la investigación y al proceso penal, de manera que la consecuencia de esta adherencia sea el éxito en la obtención de una salida satisfactoria para la víctima, sea ella a través de una condena, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del procedimiento.
Otra cosa es hablar de investigaciones generalmente sin víctimas inmediatas o con víctimas no tradicionales, en las que el fortalecimiento del Ministerio Público se ha encaminado a robustecer la capacidad de perseguir los delitos inmersos dentro de las organizaciones criminales dedicadas a cometerlos, a través del aumento de fiscales, abogados y analistas, complementada con la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial como fórmula de acción.
Como esta ley es de aplicación dentro de todo el territorio de la República, tarea no menor ha sido distribuir los nuevos elementos humanos para cada una de las regiones del país que, por lo demás, presentan realidades muy diversas en cuanto a problemas delictuales, migración irregular, población formal, tamaño de las fuerzas policiales y, naturalmente, carga de trabajo versus dotaciones regionales en cada fiscalía, realidades que en definitiva, para nuestra Región de Atacama significará el arribo de un nuevo fiscal, tres abogados asistentes de fiscal y dos profesionales para la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos, mejora que muchos entienden llegó tarde, atendido el incremento en el ingreso de denuncias que se manifiesta año tras año. Sin embargo, resultaría mezquino y desagradecido no reconocer tamaño esfuerzo realizado al construir y materializar el más grande de los planes estructurales de fortalecimiento del aún joven Ministerio Público, el que para Atacama traerá indefectiblemente una mejora inmediata en la atención de víctimas y testigos y, además, nos permitirá incorporar procesos de mejora en nuestra actividad persecutora, demostrando que con muy poco podemos entregar mucho más, y con ello pretenderemos emular la virtuosa y magnífica fertilidad de nuestro desierto, que a veces con muy poca agua florece resplandeciente de cara al sol Atacameño.
