«Tenemos que hacernos presentes en estas causas; aquí nosotros somos autoridades que nos debemos primero a la legalidad», enfatizó el diputado Cristian Tapia ante la situación que sufre una familia local frente a una ocupación ilegal y plantas industriales sin permisos.
Una compleja y preocupante situación afecta a la familia Soto García en la comuna de Tierra Amarilla, donde una ocupación irregular y actividades al margen de la ley ponen en entredicho la eficacia y el rol fiscalizador de las instituciones del Estado. El conflicto, que arrastra antecedentes críticos sobre el funcionamiento de instalaciones sin los permisos correspondientes, mantiene al grupo familiar y a la comunidad enfrentados a graves riesgos operativos, sanitarios y patrimoniales.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el caso, la problemática se originó cuando ocupantes iniciales, que ingresaron en calidad de arrendatarios, se negaron a abandonar los terrenos tras el vencimiento de sus contratos, manteniendo el control operativo y comercial de predios amparados por títulos de dominio inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.
Esta problemática de ocupación y riesgo socioambiental se vincula directamente con antecedentes previos sobre este mismo conflicto, los cuales ya advertían acerca del funcionamiento irregular de instalaciones industriales y plantas de procesamiento en la zona que operaban sin autorizaciones, poniendo en grave peligro a la comunidad tierramarillana por un deficiente manejo de relaves y operaciones al margen de la ley.
Denuncian funcionamiento de Planta ilegal que pondría en peligro a comunidad tierramarillana por mal manejo de relaves.
Exigencia de apego estricto a la ley
En un reciente punto de prensa desarrollado en el lugar del conflicto, en el que participó el diputado Cristian Tapia Ramos junto al concejal de la comuna, Walter Cortés, se abordó con dureza el entramado de irregularidades que rodea el caso. Las autoridades recalcaron que la permisividad y la demora en la ejecución de medidas de desalojo o fiscalización profundizan el daño a las víctimas.
Durante su intervención, el parlamentario fue categórico al señalar que las instalaciones involucradas operan bajo múltiples condiciones que no corresponden a la legalidad vigente. «Aquí lo que tenemos entendido es que no están los permisos primero para que esta planta pueda funcionar, y segundo, que están en una ocupación ilegal», aseveró el legislador, exhibiendo documentación judicial que respalda las órdenes de restitución de los terrenos.
El peso de la usurpación y el desamparo patrimonial
El impacto de esta situación no se limita a la privación del espacio, sino que ha provocado un grave daño patrimonial. Los propietarios legítimos han debido asumir costos mensuales cercanos a los $700.000 para hacer frente a deudas y convenios asociados al suministro eléctrico, un monto que supera al equivalente a un sueldo mínimo mensual. A esto se suma el corte del suministro de agua potable, lo que vulnera drásticamente las condiciones básicas de habitabilidad y desarrollo en el entorno.
Los afectados cuestionan que, pese a las resoluciones judiciales y la acreditación de su dominio, las medidas para restituir el terreno no hayan avanzado con la celeridad esperada, obligándolos a sostener una lucha desigual frente a quienes operan el predio sin títulos válidos.
Instituciones bajo la lupa: ¿Falta de coordinación o inercia burocrática?
El rol de los organismos del Estado ha sido severamente cuestionado por la comunidad y sus representantes. A pesar de existir informes técnicos, fiscalizaciones de organismos sectoriales como SERNAGEOMIN y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y sentencias ejecutoriadas provenientes de los tribunales de justicia, la ejecución efectiva de las medidas de lanzamiento tropieza constantemente con trabas burocráticas.
El diputado Tapia fue enfático en recordar que, cuando existen órdenes judiciales firmes de tercera instancia, el procedimiento lógico es instar al Ministerio de Seguridad y a las Fuerzas Policiales a velar por el cumplimiento del derecho. Sin embargo, la persistencia de los infractores evidencia un vacío donde la justicia dictamina, pero los aparatos de ejecución demoran u omiten la acción drástica que la ley amerita.
Nuevas gestiones institucionales y urgencia en el auxilio de la fuerza pública
Como parte de las recientes coordinaciones sostenidas con la Delegación Presidencial y la Seremi de Seguridad Pública, se ha determinado la necesidad imperiosa de ingresar una solicitud formal de auxilio de la fuerza pública. Este trámite, sustentado en los últimos dictámenes del tribunal emitidos a inicios de septiembre, busca articular con máxima celeridad la acción policial, garantizando la ejecución efectiva del desalojo en el predio.
Asimismo, las gestiones contemplan la presentación inmediata de un recurso de protección orientado a frenar el corte y la privación arbitraria del suministro de agua potable que sufre la familia propietaria, cuya red de consumo básico ha sido interrumpida por las operaciones irregulares instaladas en el sector.
El fantasma del fraude y la sustracción de recursos
A los problemas de usurpación de suelo se suman denuncias recurrentes sobre ilícitos conexos, tales como conexiones clandestinas a suministros energéticos e incluso episodios vinculados al robo de energía, situaciones que han involucrado a empresas de distribución eléctrica y fiscalizaciones.
Estos ilícitos no solo configuran un delito penal, sino que trasladan costos millonarios al sistema formal y ponen en riesgo a la seguridad de toda la comunidad circundante, configurando un escenario con una preocupante sensación de impunidad.
Un llamado a la acción y al restablecimiento del orden jurídico
La postura de los representantes comunales y de los vecinos afectados apunta a una sola dirección: el restablecimiento inmediato del estado de derecho en Tierra Amarilla. No es admisible que familias que han dedicado su esfuerzo a consolidar su patrimonio sufran el despojo ante la mirada pasiva de los organismos contralores.
El caso se configura como un test de rendimiento para las instituciones públicas. La ciudadanía y sus líderes locales exigen respuestas expeditas, transparencia en los permisos industriales y, sobre todo, garantías de que la propiedad privada y la seguridad ambiental no queden subordinadas a la burocracia estatal.
