Por: Juan José Latorre
Director Financiero
Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Un estudio reciente analiza los 10 desafíos que enfrentará la minería, titulado “Los 10 principales riesgos y oportunidades de minería y metales en 2022”, realizado por la consultora EY, desde donde destacaré lo referido a los conflictos medio ambientales.
En este se plantea que un 25% de los encuestados “consideran que los asuntos medioambientales y sociales son el principal riesgo”. Esto es cada vez más certero, por cuanto las personas cada día tienen más conciencia de la importancia del resguardo del medio ambiente, lo que me parece de suma importancia, especialmente cuando pensamos en el ciclo actual del planeta de calentamiento global y sus consecuencias.
Respecto a los asuntos sociales, principalmente está relacionado con la afectación que los proyectos, sean de cualquier índole, inciden sobre comunidades, tanto originarias como aquellas que se encuentran en las áreas de influencia de las operaciones que se vayan a realizar.
En la actualidad y específicamente en nuestro país estos temas, y especialmente los relacionados con minería y energía, se han visto judicializados, ya sea tanto por áreas de interés, probable acción de contaminación como por protección de otros territorios. Las resoluciones han demorado más allá de lo que es razonable.
Existe un consenso de que este no es el mejor derroterro de los proyectos de capital extensivo; por lo tanto, debemos apuntar a que todas las actividades productivas, tengan la capacidad y posibilidad de desarrollarse, siempre cumpliendo con los temas ambientales como los societarios y de respecto a las comunidades. Sobre todo, en consideración a que estos permiten que las arcas fiscales cuenten con recursos para llevar adelante sus programas de gobierno, cumpliendo además con las leyes que el país sostiene.
Para facilitar estas controversias, hoy existen herramientas como las que ofrecemos en el Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN, que permiten acompañar a las partes desde el inicio de los proyectos, con lo que se logra es que todos los involucrados conozcan lo que se pretende hacer, los riesgos, buscando la forma de que todo se haga de común acuerdo desde el primer día. Esto evita la judicialización de los mismos, cuando ya se está llevando a cabo, lo cual no solo significa tiempo perdido, sino que además es un gasto adicional para las empresas.
Los inversionistas deben valorar aspectos que garanticen que la inversión sea sostenible, ahí radica la importancia del relacionamiento temprano con sus áreas de influencia, por ello y cada vez más, las empresas han internalizado la necesidad de contar con profesionales que puedan llevar adelante este acompañamiento que por un lado evita controversias, o bien, las resuelve en caso de ser necesario.
Por ello es de gran importancia que todos estos posibles conflictos deben ser tratados por especialistas y conversados entre los involucrados con antelación; el conocimiento y capacidades que aportan los profesionales de CAMMIN, pueden garantizar una resolución de controversias independiente, ecuánime y conveniente para todos los involucrados.
