El Gobierno Regional de Atacama, representado por el Gobernador, Miguel Vargas Correa, presentó este lunes un recurso de protección en contra el ministro de minería y el subsecretario de minería con el objetivo de suspender y paralizar la selección, adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la exploración, explotación de los yacimientos de Litio existentes en Chile.
Entre los argumentos planteados están la vulneración de garantías constitucionales tales como:
- a) La igualdad ante la ley, al omitir administrativamente las competencias del Gobierno Regional de Atacama y su comunidad dado el directo impacto sobre el territorio de Atacama, el cual dispone de múltiples yacimientos susceptibles de explotación.
- b) El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dado los efectos que puede generar la explotación de estos yacimientos en la región, sin un adecuado conocimiento del impacto sobre los ecosistemas, la biodiversidad, y las comunidades que habitan y dependen de sus servicios ecosistémicos. Donde los efectos podrían ser irreversibles en especial en lo que refiere a recursos hídricos.
- c) El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, los yacimientos de litio de la Región de Atacama, se encuentran ubicados en zonas de alto valor paisajístico con ecosistemas de altura de interés internacional. Estos paisajes son una fuente importante de actividad económica y cultural, que es aprovechada por las empresas turísticas y que se podrían ver gravemente afectados por la eventual explotación de los salares.
El Gobernador de Atacama manifestó que “el recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso, y lo que hay en esta licitación que inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país”.
“Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es presentar un recurso de protección, porque a juicio del Gobierno Regional de Atacama se vulneran algunas garantías constitucionales, específicamente las que tienen que ver con la igualdad ante la ley. En estas definiciones no se ha considerado la opinión del Gobierno Regional ni de la comunidad regional. Sabido es que los procedimientos administrativos emanados de algún órgano del Estado si inciden en competencias de otro órgano, a lo menos este otro tiene que ser consultado. También a juicio del Gobierno regional, se vulneran garantías relacionadas con la protección del medio ambiente. Todos sabemos que las reservas de litio, en el caso de la Región de Atacama, se encuentran en zonas de alto interés turístico, de protección ambiental, ahí nacen las cuencas de Atacama, en la zona alto andina de nuestra cordillera, por lo tanto, si la explotación no se hace con tecnologías innovadoras puede afectar directamente los ecosistemas”, agregó la máxima autoridad de la región de Atacama.
El actual proceso de licitación, también vulneraría el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que el salar de Maricunga y Ojos del Salado han sido declaradas como zonas de interés turísticos, ZOIT, protegidas como zonas turísticas, de alto valor paisajístico con recursos naturales y ecosistemas de altura y cordillera entre los que destacan lagunas y salares, por lo que el área económica turística, se verá gravemente perjudicada si estos contratos llegan a adjudicarse. Existiendo una grave colisión de derechos, con los del rubro turístico (considerada también una gran actividad económica imperante en la zona).
Se solicitó, además, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, se decrete ORDEN DE NO INNOVAR, con la finalidad de suspender provisionalmente el proceso de selección y adjudicación de los oferentes, establecidos en el Acta de Apertura de la Oferta Económica de licitación pública nacional e internacional para la suscripción de un contrato de operación para la exploración y explotación y beneficio de yacimiento de litio, mientras se resuelve el recurso.
El Consejero Regional Javier Castillo expresó que “primero que nada, el hecho de la decisión del Gobierno Regional encabezado por su Gobernador, Miguel Vargas, es tremendamente trascendental, puesto que él ha dado todos los argumentos del peso jurídico que tiene, pero sobre todo el peso político, o sea esta es la descentralización, la verdadera, cuando se defienden los intereses de la región, y no es una defensa antojadiza ni una defensa caprichosa, sino más bien en línea con lo que el mundo está discutiendo. Hay una resolución de la COP 25 que ve el tema ambiental y donde plantea que no podemos seguir fijando la economía en el crecimiento. Este acuerdo, que está haciendo este Gobierno de salida tiene que ver con eso, tiene que ver con mirar la economía desde el crecimiento y explotar los territorios desde decisiones centralistas, sin consultar con los habitantes de la región, en función de intereses que apuntan al crecimiento y no precisamente al desarrollo local ni a la proyección de sus habitantes”.
Marcia Casanova, Presidenta de una comunidad colla Tata Inti e integrante del Consejo Nacional del Pueblo Colla y el Consejo Regional de la Sociedad Civil como representante de pueblo originario, aseveró “para nosotros lo que está pasando hoy es un acto discriminatorio de alguna manera, nosotros no hemos contado con la consulta indígena y se está faltando al convenio169. Tenemos un impacto directo en zonas que están habitadas por el pueblo colla que se va a ver de alguna manera afectadas, no tan solamente en el tema turístico, sino que nuestro territorio. Nosotros somos protectores de nuestra Pachamama, y por lo tanto, estamos en contra de cualquier tema que se haga en contra de nuestros territorios y en contra de nuestro sistema o nuestra ecología. El agua es un tema súper importante aquí en la región y tampoco se está viendo su extracción”.
Algunos de los lugares que resultarían afectados, según mencionó la representante del pueblo colla, serían el Salar de Maricunga y el Salar de Pedenales “tenemos comunidades indígenas habitando en el sector como son la comunidad de la comuna en Copiapó, el Bolo Sinchi Wayra. Hay varias comunidades que se desplazan dentro del sector y que hacen trashumancia. Entonces yo creo que aquí se están vulnerando muchos derechos, principalmente en el tema indígena.
Elena Marín, Representante del pueblo Diaguita y Chango señaló que “el litio es un mineral poderoso y resulta de que jamás se le avisó a la región y menos a Chile, menos a los pueblos originarios y en eso comparto enormemente este recurso de desprotección que y que tiene que ser tomado en cuenta por nuestra región”.
