Aunque todavía tiene que pasar mucha agua bajo los puentes de la convención, ya es claro el rumbo que va tomando la asamblea y el texto constitucional que se propondrá al pueblo de Chile para su ratificación o rechazo.
El espíritu de la asamblea está dominado por la presencia de los representantes de los pueblos originarios y de los movimientos sociales, especialmente de aquellos que viven en regiones. Conforman una mayoría absoluta y si bien vienen con el viento a favor, dependen, para obtener el quorum de los dos tercios, del Frente Amplio y del colectivo socialista si quieren llevar a buen término la escritura de la que hasta ayer era una hoja en blanco.
Paradojalmente, los que no creyeron en el acuerdo del 15 de noviembre 2019 son los que están llevando la iniciativa en el debate, mientras la derecha queda expuesta a una desesperante irrelevancia y la centroizquierda parece extraviada y atomizada.
Puntos más, puntos menos, desde un punto de vista constitucional, estamos frente a un cambio radical, que rompe con la versión unitaria del Estado que rige desde la década del treinta del siglo XIX para pasar a un “estado regional, plurinacional y multicultural”. No se sabe aún si será una suerte de federalismo disfrazado con asambleas legislativas o uno de menor intensidad, pero con fuertes atribuciones para gobiernos regionales y comunales; el multiculturalismo venía definido desde el momento en que se atribuyeron escaños reservados para los pueblos originarios, la plurinacionalidad es mucho más discutible y probablemente fuentes de futuros conflictos. El hecho es que de todas formas el texto que evacuará la Convención representa una ruptura con la tradición constitucional del país y, por esa misma razón, requerirá de un enorme esfuerzo legislativo y político para implementarse en un plazo que no será corto.
El esfuerzo que realizan los colectivos de centroizquierda para encauzar los anhelos revolucionarios han logrado algunos éxitos, en especial -hasta el presente- para defender la inamovilidad e independencia de la judicatura y rebajar los impulsos federalistas que proponen un Estatuto (pequeña constitución regional) y una tercera asamblea legislativa instalada en cada una de las 16 regiones, idea que aumentaría exponencialmente los riesgos de balcanización y las fallas de Estado que ya estamos viendo en el país. Quedan por ver cuestiones relevantes de la estructura del Estado, pero el ánimo parece ser reducir dramáticamente al poder ejecutivo en beneficio de los gobiernos regionales y de un parlamento unicameral sin contrapesos.
El gobierno entrante se verá ante desafíos de una magnitud que exceden lo visto desde la recuperación de la democracia y la mayoría de la Convención Constituyente no parece interesada en ayudarlo. Se tornará muy difícil la reactivación económica en medio de impulsos expropiatorios y esfuerzos por desconocer las instituciones y acuerdos del comercio internacional de las cuales el país se ha beneficiado. Si el éxito del nuevo gobierno de Gabriel Boric dependiera de la coalición que sostiene al gobierno, Apruebo Dignidad sigue con la asignatura pendiente.
