Investigación a cargo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, comenzó con diligencias en Caldera y concluyó con un trabajo de detección del proveedor de estas sustancias en Santiago.
La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama reveló cómo fue posible detectar la venta ilegal de medicamentos sujetos a control por la Ley 20.000. Causa que forma parte del foco investigativo “Fuego Cruzado” que abrió esta unidad especializada de investigación el año pasado.
Respecto de esta causa el fiscal a cargo de las diligencias, Renán Gallardo Angel, indicó que el trabajo de la Unidad Sacfi comenzó en Caldera el 2021 a partir de distintos hechos de violencia que fueron denunciados por la comunidad y que incluso se viralizaron por redes sociales en que se daba cuenta de agresiones a personas en las cuales además se utilizaban armas de fuego. “A partir de estos casos la Unidad de Análisis Criminal y sus analistas comenzaron un trabajo metódico destinado a reunir antecedentes de sus autores, lo que permitió establecer otros hechos constitutivos de delitos como fue el caso de la posesión de armas de fuego y municiones, además de la venta clandestina de medicamentos que en la actualidad están sujetos al control sanitario por forman parte del listado que establece la Ley 20.000 referida al tráfico de droga”, dijo el fiscal.
Gallardo agregó que esta información permitió el año pasado la detención de cuatro imputados que vendían estas especies controladas en Caldera, cuestión que era el motivante para la comisión de otros delitos. Sin embargo, la Fiscalía continuó avanzando en la investigación y sus distintas ramificaciones con el objetivo de llegar a quienes operaban como proveedores de los medicamentos, puesto que había presunciones fundadas que éstos eran comercializados en cantidades importantes y que luego llegaban a la Región de Atacama. Fue así como se ordenaron diligencias a personal de la PDI en Santiago.
SANTA ROSA DE LIMA
De acuerdo a lo informado por el fiscal Renán Gallardo, la investigación de la Fiscalía pudo establecer que cuatro imputados se asociaron de manera ilegal para concretar el delito de tráfico de drogas tipo fármacos estableciendo roles y deberes específicos. Hecho que concretaban en un local de nombre “Santa Rosa de Lima” que se ubicaba en la comuna de La Granja. Local que era proveído de las especies con medicamentos correspondientes a otra Farmacia ubicada en otra comuna de la Región Metropolitana.
“De esta manera uno de los imputados, de profesión químico, constituyó una empresa y arrendó el local mencionado para luego obtener patente de bazar y perfumería en la Municipalidad de esta comuna. Luego de lo cual ésta funcionó como farmacia clandestina, concretando avisos publicitarios y promoviendo la venta de medicamentos en redes sociales. Así, en el mencionado local comercial se concretó la venta de, entre otros, Tramadol, Clordiazepóxido y Codeína, todos sujetos al control de la Ley 20.000”, dijo Gallardo.
De acuerdo a lo argumentado por el fiscal en la audiencia de formalización de los detenidos, personal de la PDI llegó al local a partir de las órdenes de ingreso y registro que la Fiscalía gestionó ante el Juez de turno, pudiendo determinar que los imputados expendían al público medicamentos sin contar con la autorización sanitaria, los que además se encontraban deteriorados a partir de las condiciones en que éstos eran almacenados en que no existía ningún tipo de control de temperatura ni humedad. En el lugar, según informó el fiscal, se incautaron 29.236 unidades de Tramadol formato 20 ml; 67.720 unidades de Tramadol más paracetamol en comprimidos; 7.050 unidades de Tramadol en cápsulas; 2.560 unidades de Clordiazepóxido y 32 envases de codeína en jarabe.
FORMALIZACIÓN
En la audiencia de formalización la Fiscalía formalizó la investigación en contra de todos los imputados por su participación consumada en los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas, además del expendió de medicamentos deteriorados. Hechos graves que llevaron al fiscal Gallardo a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de todos los detenidos, petición a la que, en base a los antecedentes expuestos y reunidos por la Unidad Sacfi, accedió el Juez de turno quien decretó el ingreso de los investigados a una unidad penal, lugar en que permanecerán privados de libertad durante todo el periodo que se extienda la investigación de este caso. Plazo que fue fijado en seis meses.
En relación a esta investigación, el fiscal Gallardo destacó el trabajo llevado a cabo por la Unidad Sacfi a partir del análisis de distinta información que llevó a establecer la comisión de este delito, además de las personas que vendían y que transportaban los medicamentos hasta la comuna de Caldera. Pudiendo reunir los antecedentes que llevaron a la detención de 9 imputados en distintos procedimientos y, lo principal, cortar con esta ilegal distribución que estaba afectando a este puerto y que había llevado a detectar otros delitos, cuyos autores también fueron detenidos y varios de ellos se encuentran en la actualidad en prisión preventiva.
