30 de marzo de 2017
Trabajo investigativo de la Fiscalía de Atacama junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI estableció ilícitos en la ejecución de proyectos de mantención de áreas verdes que contrató el municipio de Copiapó.
Mediante un procedimiento abreviado que se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Copiapó, la Fiscalía de Atacama obtuvo condenas por distintos hechos de carácter penal en contra de dos personas que al momento de cometerse las irregularidades indagas eran funcionarios de la municipalidad local.
La causa comenzó a indagarse luego de un informe emanado de la Contraloría Regional que daba cuenta que en los años 2007 y 2008 se cometieron delitos de carácter patrimonial y público, esto a partir de la ejecución de contratos de mantención de área verdes que suscribió la municipalidad de Copiapó en el año 2004. Los cuales tenían relación con la mantención de distintos espacios públicos de la ciudad y sus respectivas áreas verdes.
En este sentido el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Local de Copiapó, Luis Miranda Flores, indicó que dichos ilícitos tuvieron su origen en el pago por parte del municipio de reajustes que no correspondían a los mencionados contratos, duplicidad de pagos en los servicios prestados además de diferencias en los metros cuadrados que por contrato debían ser mantenidos por la empresa a cargo de las obras.
“Respecto de estos puntos la Fiscalía junto con personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llevaron a cabo una acabada investigación, cuyo informe final permitió establecer delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos en relación a dos imputados, quienes al momento de ocurrido los hechos ocupaban los cargos de director de operaciones y director del área de finanzas del municipio”, indicó el fiscal.
En la audiencia ambas personas aceptaron los hechos los hechos investigados, frente a lo cual y de acuerdo a las sanciones establecidas en la Ley vigente en el periodo de comisión de los delitos se condenó a Felipe Barril como autor del delito de malversación de caudales públicos a la pena remitida de 541 días, mientras que Pedro Salazar fue sancionado por fraude al fisco a 60 días reclusión remitida además del pago de una multa de 5 millones de pesos.
Finalmente, el fiscal indicó que la investigación de este caso, donde además el Consejo de Defensa del Estado actúa como querellante, no acaba con este procedimiento abreviado, sino que está pendiente reunir antecedentes respecto de otras aristas surgidas con el trabajo investigativo llevado a cabo.
