Se trata de un camión que circulaba con rumbo al norte del país y cuyo conductor no contaba con los permisos para su transporte.
La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra del conductor de un camión de carga, quien fue sorprendido transportando de manera irregular 27 toneladas de baterías de plomo en dirección al norte del país.
Los antecedentes de este hecho los aportó el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda Flores, quien indicó que a partir de antecedentes obtenidos de manera anónima y que daban cuenta del ilegal cargamento, motivó la concurrencia de personal de la Bidema de la PDI hasta la ruta 5 Norte para verificar la información y realizar el procedimiento respectivo.
“En el lugar se pesquisó a un camión de carga que transportaba 17 palets de madera contenedores de 27 toneladas de baterías de plomo, por lo que fue ampliada la detención del conductor con la finalidad de realizar los peritajes y el resto de las diligencias investigativas, en las que además intervino el Laboratorio de Criminalística de la PDI”, indicó el fiscal.
De acuerdo a lo argumentado por el fiscal en la audiencia de formalización los resultados de las pericias llevadas a cabo en la carga, establecieron que las baterías mantenían contenido de elementos peligrosos, sustancia química que requiere de autorización para su traslado.
En relación a este procedimiento la comisaria María Alfaro, jefa (s) de la Bidema indicó que “luego de levantar información de inteligencia, personal de esta unidad se trasladó hasta el peaje Totoral, donde se controló a un camión que transportaba 27 toneladas de baterías en desuso, siendo detenido el chofer, quien además portaba una guía de despacho donde se señalaba que cargaba desechos plásticos”.
Frente a este delito, la Fiscalía formalizó la investigación en contra del conductor del camión por su participación consumada en el ilícito de tráfico de precursores químicos y el traslado de material peligroso sin autorización de la autoridad, decretándose en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario total y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
