Este sábado 23 de abril en curso será conocida la sentencia judicial que será dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal sobre la ex consejera regional de Atacama, Rebeca Torrejón Sierra, condenada por el delito de fraude al fisco, luego que la Fiscalía lograra acreditar los hechos por los que fue investigada y acusada desde el momento mismo de su elección como consejera regional de Atacama, ocurrida el 13 de diciembre de 2017, ocasión en la que logró ser electa con 1.845 votos (7,26%) representando a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) que preside el diputado Jaime Mulet.
En consecuencia, la Fiscalía logró determinar que la “protegida de Mulet”, como llamó a este caso la prensa regional y nacional, logró obtener de manera improcedente la suma total de 45 millones 679 mil 136 pesos, por concepto de subvenciones estatales, a modo de remuneraciones, desde marzo de 2018 hasta agosto de 2020.
El fiscal Renán Gallardo acreditó que Torrejón presentó una declaración jurada falsa el 9 de agosto de 2017 ante el Servicio Electoral de Atacama, mediante la cual certificó que había cursado Cuarto Medio en el Liceo “Pedro Troncoso Machuca” de Vallenar en el año 1975. Este documento que llevaba el número 90 como registro de egreso fue firmado por el entonces director de dicho Liceo, Francisco Martínez Abarca. Sin embargo, la investigación logró acreditar que ese año el Liceo de Hombres de Vallenar licenció solo a 52 alumnos, mientras que del Liceo Nocturno (el mismo establecimiento) lograron egresar solo 31 estudiantes, por lo que difícilmente podría existir un verdadero registro N° 90 de egreso. De este modo, si dicho registro no existía, el certificado que presentó Torrejón era a todas luces ideológicamente falso.
Por esta razón, poco tiempo después, Martínez admitió que se equivocó en colocar su firma a dicho título, pues en diciembre -como es habitual en esa fecha- le pasaron cerca de 1.200 certificados y “entremedio iba uno que la secretaria colocó ahí”, según versión que entregó a radio BioBioChile.
La falsificación del certificado (un requisito legal indispensable para postular al cargo de consejera regional) empezó a quedar en evidencia a inicios de 2018, cuando la Dirección Provincial de Educación del Huasco le solicitó información del caso -mediante un oficio- al director del liceo, Francisco Martínez Abarca.
En consecuencia, tras hacerse público el caso y tras indagar en los registros del Liceo, el 11 de enero de 2018, Martínez informó a los organismos pertinentes que “Rebeca Torrejón Sierra no figura en el listado oficial de los cursos, por lo tanto no es alumna licenciada”.
Como dato a considerar, valga consignar lo señalado por el propio Francisco Martínez quien denunció que cercanos a Torrejón se acercaron a él en su momento para intentar bajarle el perfil al asunto, pero les habría señalado que entonces ya era tarde, pues semanas antes había entregado todos los antecedentes a la Fiscalía, al Ministerio de Educación y a la PDI.
Este proceso terminó en su fase inicial con la formalización de la consejera el 5 de octubre de ese mismo año 2018, por los delitos de uso malicioso de instrumento público, perjurio y percepción fraudulenta de remuneraciones. Ante esa resolución de la Fiscalía, su “padrino político”, Jaime Mulet, señaló a la prensa de la época que “ella me ha dicho que ese certificado es auténtico y no tengo por qué dudar de sus palabras”. Sin embargo, según Yasna del Portillo (ex consejera que fue derrotada por Rebeca Torrejón por 90 votos de diferencia) en declaraciones a la Radio Bio Bio aseguró que los cuestionamientos al certificado falso de Torrejón “eran un secreto a voces a nivel local e incluso (el caso) era conocido en la interna del FRVS, tanto por la directiva, sus compañeros de lista y por el propio diputado Jaime Mulet”.
Por su parte, la abogada defensora de la Core acusada, Catalina Jones Sepúlveda, manifestó a Chilevisión el viernes 23 octubre de 2020 que su clienta sufrió «amnesia temporal» en los años noventa, por lo que no recuerda la forma en que terminó sus estudios de la enseñanza secundaria.
Resulta llamativo constatar cómo esta representante del FRVS se mantuvo vigente durante los cuatro años que duró su cargo, a pesar de las fundadas acusaciones que pesaban sobre su persona. Tal punto de certeza había en las acusaciones en contra de la consejera Torrejón que el juez de Garantía de Vallenar, Daniel Herrera Marín, ordenó a la Fiscalía reportar los antecedentes de la causa al Consejo de Defensa del Estado en Copiapó.
Incluso, desde el punto de vista político, ella tuvo un rol clave al interior del Consejo Regional de Atacama, pues su voto desequilibró la balanza en favor de la oposición durante 2 años consecutivos, dando paso a la presidencia de Javier Castillo (PC) y, posteriormente, de Ruth Vega (PS) quien reconoció a sus cercanos que le preocupaba una eventual destitución de la cuestionada consejera, pues podría de paso anular el nombramiento que la dejó a la cabeza del Core.
¿Y por qué la citada consejera regional no era defenestrada de su puesto, a pesar del peso de los fundamentos en su contra?, se preguntaban quienes se interesaron en conocer este caso.
La derrotada Yasna del Portillo intentó entregar los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER) de Atacama para avanzar hacia la remoción del cargo, pero –según admitió a la prensa de la época- recibió un portazo en sus narices, al indicársele que sólo los consejeros regionales podían impugnar el nombramiento o permanencia de alguno de sus pares.
Sin embargo, al interior del CORE no había mayor inquietud ni preocupación por la permanencia irregular de Torrejón como miembro de ese organismo: “No nos corresponde a nosotros pronunciarnos al respecto, la consejera está trabajando bastante bien en el consejo. Es una situación que en su minuto revisó el TER y resolvió”, respondió escuetamente Ruth Vega, la presidenta del Core, a un medio de comunicación nacional.
En conclusión, la condena que recibirá Rebeca Torrejón se conocerá el sábado 23 de abril en curso. De partida, se estima que una de las resoluciones será la obligación de su parte de devolver al Estado los recursos recibidos irregularmente durante los 4 años que ejerció como consejera regional de Atacama.
