El conocido vecino copiapino Juan Bailón Escobar, relator de Seguridad Privada, realizó una fuerte crítica a la gestión del alcalde de Copiapó, Marcos López Rivera, y la tarea que cumple el concejo municipal, en este último caso, por la falta de rigurosidad y compromiso con la función fiscalizadora que les corresponde a sus miembros, citando como ejemplo el hecho que hayan aprobado recientemente una nueva Ordenanza para regular la presencia de los denominados ”Limpiadores de Parabrisas” sin constatar que esta prohibición ya existe desde la dictación de la Ley 18.290, publicada en enero de 1984, tal como lo precisa el Art. 165 de este cuerpo legal que cita más de 10 prohibiciones a considerar en el afán de destinar las vías públicas (bermas y calzadas) exclusivamente a cumplir su objetivo.
“Así las cosas, de la simple lectura de los numerales del Art. 165 de la Ley 18.290, puedo entender que la Ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Comunal de Copiapó es inoficiosa, teniendo presente que esa actividad ya se consideraba sancionada; sin embargo, más allá de traer una solución al problema, esta medida podría agravarlo aún más, considerando que considera una aplicación de una multa que podría llegar a un valor superior a los 270 mil pesos”, manifestó Bailón.
No obstante lo anterior, la crítica del ex funcionario policial y actual empresario de la seguridad privada, apunta que tanto el alcalde López como el concejo actual han descuidado otras importantes obligaciones establecidas en el Ley Orgánica de Municipalidades, como verificar que se realicen los cobros de retiro de residuos domiciliarios, ante el evidente y casi histórico incumplimiento a la Ley de Rentas Municipales que establece la forma de efectuar los cálculos para los cobros y, al mismo tiempo, exigir que los vecinos sean notificados de estos a lo menos dos veces al año.
Otra situación preocupante -a juicio de Bailón- es que la Ilustre Municipalidad NO cuenta actualmente con los camiones aljibes suficientes para abastecer de agua para consumo humano en forma regular a los campamentos y sectores rurales cada vez más crecientes y, por ende, demandantes de este vital elemento.
El citado denunciando también insta al Concejo Municipal que verifique la correcta ejecución de los contratos suscritos por el municipio, con el propósito que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables, como los que afectaron el oportuno inicio de clases en marzo último. Asimismo, que a los vehículos arrendados se les realice las mantenciones y revisiones técnicas en forma oportuna, lo que hoy no se cumple por no tener al día los pagos con el propietario de los vehículos.
En términos de Seguridad Ciudadana y Control Social del Delito, Bailón sostiene que debería existir una mayor preocupación de la Televigilancia (Cámaras de Vigilancia), considerando que no se está realizando la mantención en forma oportuna y, al mismo tiempo, no cuentan con los operadores necesarios para la prevención y apoyo a la función policial de investigación y persecución de los delitos.
Por otra parte, dice recoger el lamento de los vecinos de la localidad de San Pedro ante el total abandono de la autoridad frente a la mala calidad de vida que tienen como consecuencia de la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas, en la cual se han invertido muchos millones de pesos y, sin embargo, a la fecha, aún no entra en funcionamiento, mientras que la antigua Planta continúa operando pero con un solo motor, con lo cual se pone en riesgo la salud de los habitantes de dicho sector, especialmente de los niños y adultos mayores.
En este contexto de denuncias, admite que le llama poderosamente la atención el hecho que, en septiembre del año pasado, el actual Concejo haya aprobado la ejecución de los recursos y proyectos –como el Pladeco- ejecutados durante el periodo 2016 – 2021, avalando de este modo las inversiones de un periodo que no les correspondía, tal como también lo hizo notar al alcalde la propia Contraloría General de la República.
“Me gustaría ver concejales que realmente fiscalicen las acciones del alcalde y que las inversiones se realicen conforme a lo señalado por la legislación vigente y no que los vecinos debamos estar pidiendo constantemente requerimientos a la Contraloría General de República, ejerciendo nosotros un Control Ciudadano, ante la ineficacia del propio Concejo Municipal”, concluyó.
