Por Jorge Hidalgo
Ex SEREMI de Gobierno Atacama
La Convención Constitucional, con luces y sombras, concluyó su trabajo. Pese a lo estrecho de los plazos, los convencionales cumplieron y merecen un reconocimiento por eso.
Ahora es turno de la ciudadanía informarse responsablemente y generar su propia opinión. Con este punto en claro, a los partidos, organizaciones sociales y activistas del apruebo nos toca la tarea de difundir, explicar y derribar las “fake news” que abundan por redes sociales.
Si bien ha existido una campaña concertada de desprestigio hacia la Convención -de parte de la derecha y amplificada por algunos medios de comunicación- es imposible negar que los “exabruptos” de algunos constituyentes y los “gustitos” que se dieron los grupos más radicales de izquierda, han afectado la valoración que la opinión pública tenía del proceso.
Es de esperar que ahora el debate se centre en la propuesta de nueva Constitución, teniendo muy claro dos datos; que el texto emanado de la Convención, a diferencia de la actual Carta Magna, cuenta con legitimidad en su origen -porqué es resultado de un proceso plenamente democrático- y que la derecha hasta hoy se ha opuesto sistemáticamente a cualquier cambio que permita modificar la matriz conservadora y neoliberal de la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán.
Por otra parte, es necesario entender que existen razonables cuestionamientos frente a determinados temas, no solo desde la derecha y grupos conservadores de “centroizquierda” sino también en las clases populares y sectores medios que tienen temores legítimos respecto de diversas innovaciones que bien vale la pena aclarar: No habrá separación del país producto de la plurinacionalidad y la justicia indígena; No hay expropiación de los ahorros previsionales; No se debilita el derecho de propiedad; No hay pérdida de financiamiento para los colegios particulares subvencionados y No se debilita la seguridad con la desmilitarización de las policías.
Lo que si hace la nueva Constitución es asumir deudas históricas reconociendo derechos esenciales de las personas, redistribuye poder al profundizar la democracia estableciendo, dicho sea de paso, características de un estado regional y además responde a los nuevos tiempos, pues propone criterios para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo mucho más sostenible.
Si bien hay que tener claro que, de aprobarse, la nueva Constitución no va a solucionar de inmediato los problemas del país, es un gran punto de partida para mejorar y avanzar sustancialmente en justicia, equidad e inclusión.
