En el banquillo de los acusados, colocó anoche el noticiero central de Canal 13 al alcalde de Copiapó, Marcos López Rivera, al exponer un reportaje referido a la situación judicial que enfrenta por un eventual “notable abandono de deberes”, debido a supuestas negociaciones incompatibles que involucran a un ex cuñado suyo y a un contratista de la comuna que le aportó 500 mil pesos para su última campana electoral.
Según este reportaje, Marcos López aprobó y firmó un contrato por casi 120 millones de pesos para que Juan Vásquez Dorador instalara repisas en las oficinas de la dirección de Salud Municipal. Dos meses después, nuevamente Marcos López le aprobó otro contrato a Vásquez por casi 60 millones de pesos para que construyera una bodega en la farmacia municipal.
Lo grave de ambos contratos es que no hubo concurso público y los acuerdos se cerraron vía “trato directo”, es decir, una elección a dedo, sumándose a esto -según las investigaciones de Contraloría- que tampoco existen documentos que acrediten que las prestaciones fueron realizadas efectivamente.
Pero este caso no es nuevo, y para eso debemos remontarnos justo a un año atrás, cuando los concejales Carolina de la Carrera, Juan Manuel Cáceres, Juan Pablo Rico y Pedro Bedoya acudieron hasta el Tribunal Calificador Electoral (Tricel) para pedir la remoción del edil por notable abandono de deberes. En esa ocasión, las autoridades municipales entregaron información sobre presuntas irregularidades administrativas, financieras y presupuestarias al interior del municipio, lo que fue alertado por la Contraloría General de la República que de inmediato hizo suyo el caso y comenzó con las investigaciones y auditorías respectivas.
En esa ocasión, el abogado defensor respondió a la Contraloría que Marcos López no estaba al tanto de este donativo y que tampoco sabia que debía abstenerse de participar en estas licitaciones donde estaba involucrado su ex cuñado, por lo cual pedía que se desestimara la acusación en contra del edil, la cual fue rechazada por la entidad fiscalizadora, respondiéndole que no era posible porque la «ley se presume conocida por todos».
El reportaje de 10.35 minutos de duración deja en claro que el proceder de Marcos López -según dictamen de la Contraloría- “contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa, al participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.
En otra parte de su contenido, el reportaje menciona que el alcalde ha sido citado en un par de ocasiones por el Tribunal para que entregue su versión de los hechos, sin embargo, curiosa y coincidentemente se ha enfermado, siendo incluso trasladado a otra región, de cuya enfermedad se desconoce su nombre y gravedad, porque ni siquiera el municipio la ha aclarado debidamente.
Los concejales entrevistados en esta ocasión, Carolina de la Carrera y Juan Pablo Rico esperan que todo se aclare a la brevedad por la transparencia necesaria que debe imperar el ejercicio municipal, máxime cuando se habla de cuantiosos déficit presupuestarios que afectan el normal desarrollo de la actividad comunal.