Por Fabian Rabi Ortiz, Profesor Mg. en Educación
Ex Asesor Convencional
Frecuentemente se olvida que una Constitución no es una verdad revelada, ni un tratado de derecho o filosofía, sino un documento práctico de distribución y límites del poder:por eso es Constitución Política, ya que se parte del consenso de que la concentración del poder inevitablemente lleva a la corrupción, la inequidad y todo tipo de abusos. El poder siempre tenderá a defenderse para perpetuarse, por eso habría que limitarlo: Es la base de la Democracia. Pero ¿el de poder de quién? Del Estado pareciera ser la respuesta más obvia, y sería cierta si viviésemos en una abstracción dónde sólo existiera el Estado como absoluto y luego una suma de ciudadanos donde ninguno de ellos pudiese más que el Estado, pero sabemos que la realidad no es así. Por ejemplo, el poder económico o cultural puede actuar sobre o en paralelo al Estado.
Esto lo vemos en Chile en el aspecto Educativo, desde la constitución de 1980 se ha renunciado a la educación como una labor Estatal aplicando incentivos para concentrar la labor educativa en el sector privado y financiarlo sin control alguno, ni social ni financiero.
Hoy los sostenedores han lanzado una campaña comunicacional llenando de dudas a las familias y trabajadores. Si la nueva Constitución les garantiza el pluralismo, la libertad de enseñanza y el aprendizaje contextualizado ¿Qué les asusta realmente? vamos a ello.
El art. 42 establece que las comunidades educativas “ tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento”, esto da poder real a las comunidades, ya no sólo discutir sobre el paseo de fin de año. El 43 nº3 establece que las y los trabajadores de la educación gozarán de los mismos derechos que contemple la ley, independiente del sistema en el que se desempeñen: es decir rompe con la división entre los trabajadores de la Educación con el consiguiente reequilibrio de fuerzas, más si lo sumamos al art 47 que establece la titularidad sindical y la negociación por rama y el 48 la facultad de los sindicatos de participar en las decisiones del Directorio .En probidad también hay cambios, el artículo 167 nº3 establece la transparencia en toda institución que reciba fondos públicos,esto obliga a transparentar cuanto entra y cuanto sale, y que tan necesario es realmente ese bingo que hizo el Centro de Padres para techar el patio o renovar los microondas. En suma: tenemos un grupo pequeño de poder que ha monopolizado casi sin contrapesos la educación y la redistribución del capital cultural del país y hoy surge una herramienta legal y política que cambia esa realidad: rendición de cuentas, transparencia,participación, negociación ramal y cogobierno. Todos elementos que benefician a las familias y a los trabajadores, todos elementos que redistribuyen el poder y profundizan la democracia. A esto se oponen, y buscan defender la idea de que la Educación sólo les compete a ellos, bajo sus reglas sin intervención del Estado o de la Sociedad. Y es eso lo que se debe acabar.
