Los postivos impactos de la propuesta de nueva constitución en nuestra región serán visibles dada la alta dependencia de servicios del estado que tenemos en la zona. Esto se explica por varias razones, pero me quiero enfocar en dos: la salud y la educación.
Actualmente en Atacama hay 120 mil personas afiliadas a FONASA, en este sentido el copago anunciado este año beneficia en cuanto a disminuir el costo de la salud de la ciudadanía, pero además, nos revela otra dimensión, el que en Atacama sea principalmente el sistema público de salud, ya sea en la red o en el financiamiento, lo que prima. En el modelo propuesto por la nueva constitución, se fortalece el sistema público de salud. En Atacama el centro de salud más complejo, que puede tratar de manera más eficiente y con más tecnología cualquier emergencia es el Hospital Regional San José del Carmen, ubicado en Copiapó. Ningún centro privado es capaz de dar solución a una afección de salud más compleja. Por ello es importante tener en cuenta lo vital que es defender la propuesta.
“Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. El Estado deber proveer las condiciones necesarias para alcanzar el mбs alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población, dice la nueva constitución. Esto significa que además se consideran los factores de medio ambiente que perjudican la salud. Algo de lo que en Copiapó sabemos mucho, ya que la presencia de relaves, la alta polución y la contaminación por gases de la Fundición Hernán Videla Lira, son elementos que deterioran la calidad de vida de la población.
Por otro lado más del 80% de los estudiantes de la región estudian en colegios públicos. Tal es el caso de Copiapó, donde el SLEP entrega educación pública a la mayor parte de los estudiantes. De hecho el SLEP de las provincias de Copiapó y Chañaral es uno de los más grandes del país. Por ello debemos estar presionando como comunidad para que se garantice el derecho a una educación digna. En lo que se refiere a la nueva constitución.
Como educador de párvulo, quiero destacar que por ejemplo la nueva Constitución señala: “Las trabajadoras y los trabajadores de educación parvularia, básica y media que se desempeñen en establecimientos que reciban recursos del Estado gozarán de los mismos derechos que contemple la ley”. Es un gran reconocimiento de igualdad para las y los educadores.
La nueva propuesta que debemos votar el 4 de septiembre además determina que el estado debe garantizar la participación de las comunidades educativas: “La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá garantizar la participación de las comunidades educativas en el proceso de adecuación del sistema educativo, según lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del capítulo de Derechos Fundamentales y Garantías”, señala.
Con todo esto, es importante que este 4 de septiembre tomemos partido por la defensa y promoción de los servicios públicos, tanto de salud como de educación, que garantizan accesibilidad para toda la ciudadanía. Estamos viviendo un proceso histórico, actuemos con responsabilidad.
