Por Carolina Cortés Henríquez
Directora Regional Sename Atacama
En Atacama, durante el año 2000, en una supervisión técnica nocturna, se logró detectar situaciones de maltrato al interior de una residencia de niños y niñas (es esa época, hogar de menores). Los hechos que se denunciaron iban desde malos tratos verbales, castigos físicos, violencia psicológica y otros de una ignominia que hoy, no viene al caso recordar en detalle. Al albor de los antecedentes, Sename toma la decisión de generar el cierre definitivo de esa residencia y la creación de un piloto que apostaba a entregar toda la dignidad que le había sido negada a nuestros niños (lo digo en masculino pues eran solo varones), además de la protección y trabajo especializado en reinserción y fortalecimiento familiar. Habían pasado ya diez años desde la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), y nuestro país tenía una deuda importante en este sentido.
El proyecto piloto de residencias familiares con programa de fortalecimiento y reinserción familiar, luego de un año, no tuvo más financiamiento.
Tomar la decisión de incorporar una política pública robusta en relación a la infancia y la adolescencia en Chile, ha sido una tarea que, tomando como hito la ratificación de la ya mencionada Convención, ha llevado más de una treintena de años.
Debemos considerar como sociedad que el problema no radica tan solo en nuestra infancia y adolescencia vulnerada o gravemente vulnerada en sus derechos, la mirada transformadora es hacia toda esta población, sus derechos sociales, derechos de protección y derechos civiles y políticos, donde el Estado se debe comprometer a promover, respetar y garantizar los mismos.
A una parte de la ciudadanía le resulta complicado hablar de derechos para efectos de este rango etario, muy arraigada culturalmente está la sensación de que los deberes de la infancia y la adolescencia están por sobre la titularidad de derechos. La negación a éstos y la acción de sometimiento instalada en familias e instituciones ha determinado una serie de inhumanas e inmorales acciones hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que nada bueno puede tener como consecuencia, por mencionar algunos: trastornos mentales graves, trastornos de ansiedad, alimentarios, depresión, intentos de suicidio, consumo de sustancias o drogodependencia. Si a esto sumamos la posibilidad de un entorno barrial peligroso, las diferencias sociales estructurales, la discriminación, etc., el panorama se torna menos auspicioso, sumándose la posibilidad de conductas asociadas a la infracción de ley.
Hoy tenemos una posibilidad importante en términos del giro que se requiere de toda la institucionalidad. La ciudadanía, escuelas, colegios, liceos y todos quienes formamos parte del Estado para que esta política sea coherente en teoría, pero también en su operatividad. Se requiere del compromiso firme y real de quienes intervenimos directa o indirectamente con la infancia y la adolescencia. La especialización y capacidad de trabajo, todos, todas y cada uno y una de nosotros y nosotras enfocándonos hacia este compromiso que asumimos como Estado y, por tanto, como ciudadanía. Se lo debemos.
