Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero
La Región de Atacama si bien está lejos aún de realidades delictuales de otras zonas del país, no es menos cierto que también está viviendo un presente desconocido hasta hace pocos años, por cuanto la comunidad está siendo afectada por delitos cada vez más violentos que van de la mano con la preocupante proliferación y uso de armas de fuego convencionales y de confección artesanal. Es esta una cuestión que nos causa suma preocupación como Fiscalía y que redobla nuestra inclaudicable determinación de perseguir y reprimir los delitos desde el mismo momento de su ejecución.
Adicionalmente, debe considerarse que, hoy en día, la expresión del fenómeno criminal ha superado la antigua imagen del delincuente solitario, al conformar agrupaciones de criminalidad organizada que obligan al Estado a adoptar nuevas formas de actuación para neutralizar y desarticular su nefasto accionar, lo que en el caso del Ministerio Público se ha expresado a través del trabajo que desarrollan fiscales especializados y las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que han integrado eficientemente la labor de inteligencia, el análisis de información y detección de agrupaciones delictuales con el aspecto jurídico-operativo, al llevar ante Tribunales de Justicia a sus responsables e instar por una condena penal.
Es en esa dirección que se valoran las medidas anunciadas por las autoridades centrales y que forman parte del Plan Nacional de Seguridad.
Sin embargo, cuando la lucha del Estado contra la criminalidad organizada carece de un profundo análisis de las diferentes realidades regionales, de los requerimientos institucionales y de la dinámica delictual, pierde toda razonabilidad y fuerza. En efecto, la creación de unidades policiales especializadas de poco sirve si no se les dota de herramientas tecnológicas y contingente preparado para asumir estos nuevos desafíos; de nada sirve recurrir a las figuras de fiscales preferentes o exclusivos, si quienes son destinados a esta tarea, son los mismos fiscales que –hace años- acusan un déficit de personal versus el nivel de ingreso de denuncias que ha llegado desde hace tiempo a niveles críticos en algunas partes del país, sin que exista voluntad de aumentar el número de fiscales y sus respectivos equipos de trabajo. Ese fiscal preferente o exclusivo, es el mismo que arrastra una sobrecarga de investigaciones que, además, debe extremar sus esfuerzos para participar de las audiencias judiciales diarias, asumir turnos telefónicos, confeccionar órdenes de investigar a las policías, análisis de sus resultados, atención de víctimas y testigos, alegar ante las Cortes de Apelaciones, preparación de Juicios Orales, entre muchas otras tareas, las que podrían optimizar su distribución si existiera un mayor número de fiscales y así dar prioridad y enfocar su esfuerzo a aquella tarea exclusiva de persecución penal de quienes cometen delitos.
Asimismo, de poco o nada aporta a la seguridad país la generación de proyectos de ley contenedores de figuras penales con altas sanciones, si no se asigna a las instituciones mencionadas los mínimos recursos técnicos y de personal para asegurar la ejecución de su función y las medidas de seguridad que les permita reaccionar ante las acciones de grupos de delincuentes que, en otras partes de América, en lo que va de 2022, ya ha cobrado la vida de varios fiscales a manos de organizaciones criminales.
En ese orden de ideas, resulta muy importante centrar la atención en las medidas de Estado que lleven a un aumento efectivo de la dotación policial para el país, así como un incremento de la planta del Ministerio Público, con la especialización y las herramientas tecnológicas que faciliten una persecución penal más eficiente y efectiva, junto a una tarea legislativa en materia de seguridad que se transforme en un punto de encuentro contra la criminalidad organizada.
