Por Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo
El fiscal de Valparaíso pedía 47 años de cárcel efectiva para Daniel Cerda Bustos, el tribunal lo sentenció a “17 de presidio por delito reiterado de estupro, delito reiterado de explotación sexual y delito reiterado de violación de menor de 14 años”. Aunque el condenado es absuelto “de tres delitos reiterados de explotación sexual impropia a tres víctimas” entre los años 2018 a 2020 y de otras figuras delictuales, nos parece una sentencia importante e histórica.
Hasta hace no mucho, la mayoría de estos explotadores de niñas, niños y adolescentes, quedaban en la impunidad total, por lo que la gran diferencia que hay entre los 47 años de presidio que pedía el fiscal y los 17 que dictó la Justicia no son 30 años, sino un grandísimo avance en el reconocimiento de un delito que hasta hace poco ni siquiera se nombraba por su nombre: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA es la sigla con que se le cita en los documentos técnicos). Hace muy poco se le designaba “prostitución infantil” o “facilitación para la prostitución”, conceptos que tendían a que el sistema de justicia estigmatizara y responsabilizara por sus conductas a las víctimas, asimilando sus casos al del comercio sexual adulto, lo que no tiene nada que ver con su realidad.
Para el Hogar de Cristo esta sentencia es particularmente significativa porque fueron las jóvenes de nuestra residencia de protección Anita Cruchaga las acosadas y explotadas por la red que lideraba Daniel Cerda Bustos. La residencia buscaba establecer estándares técnicos de calidad para el cuidado de jóvenes con historias de vulneración y abusos particularmente complejas. Pero desde su instalación en 2017 hasta que se quemó en un incendio en 2019, cuyo origen aún no está claro, fue asediada de manera permanente por estos sujetos.
El sistema de apoyo ciertamente no fue todo lo eficiente y sensible a la urgencia y reiteración de nuestras denuncias, porque este delito históricamente se ha abordado desde el prejuicio y el machismo, propios de una estructura patriarcal que lo contamina todo. Tanto así, que las víctimas no se consideran tales. Han naturalizado esa condición porque han sido abusadas “desde el útero”, como dice Denisse Araya, la presidenta del directorio de la ONG Raíces, que colaboró con nuestros equipos en el abordaje de este tema del que son especialistas.
Cuatro años tomó el proceso judicial.
Hoy esas niñas son mujeres y algunas siguen sintiendo más culpa por los victimarios que por ellas mismas. Eso es lo más dramático y lo que todos como sociedad debemos revertir. Sucesivos estudios del Hogar de Cristo y de la ONG Raíces, así como el seguimiento al trabajo de reparación del daño a las víctimas, han permitido profundizar en las modalidades de explotación: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, favores y, sobre todo, falso afecto; además de pornografía, trata, turismo y viajes, y otros. Los explotadores son de distintas clases sociales y profesiones, predominantemente hombres, sin distinción de edad, con una leve tendencia a ser consumidores o productores de pornografía infantil. Son además maestros en manipulación y seducción, aprovechándose de las carencias afectivas de las jóvenes y del daño que ellas acarrean.
A lo menos son dos los focos en los que debemos poner todas nuestras energías como país: nuestros niños y niñas requieren de acciones efectivas de prevención, detección y abordaje terapéutico de la violencia sexual. Por otro lado, se requiere con urgencia una instancia interinstitucional público-privada, con presupuesto y poder de acción, liderada por la Subsecretaría de la Niñez y con la supervigilancia de la Defensoría de la Niñez, que logre contribuir a la persecución y castigo de delincuentes como los que sedujeron y terminaron explotando sexualmente a las jóvenes de la residencia Anita Cruchaga. Esos que hoy empezarán a pagar su culpa. Ojalá sentencias como ésta resulten ejemplificadoras y contribuyan a desbaratar a estas mafias despreciables.
