Los profesionales de la industria minera que aportamos al desarrollo y bienestar del país y sus habitantes a través de la minería, agrupados desde la primera mitad del s. XX en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, estamos profundamente preocupados por el rechazo de demasiados proyectos mineros de envergadura, tales como la decisión del Comité de Ministros, de «detener el proyecto de explotación del yacimiento de hierro, cobre y cobalto denominado Dominga, en la IV Región», el cual -a nuestro entender experto en todo el ámbito ligado a la actividad minera y su relación con el entorno-, ha logrado sortear y cumplir en un período de 10 años y un par de cientos de millones de dólares, con todas las exigencias preestablecidas por el Estado para aportar al país en su afán de tener una minería sustentable y de largo plazo, pilar indiscutible en la vida de nuestra nación.
¿Es razonable que haya un Comité de Ministros que tengan la potestad última de definir, por sobre las evaluaciones técnicas, si se acepta o no una determinada obra o proyecto que ya tiene un desarrollo importante, y que es relevante para su entorno y el país?
Vemos con preocupación que ya no basta con cumplir las reglas exigidas por la legislación y la autoridad, previamente conocidas, sino que, lamentablemente, esta instancia puede imponer exigencias desmedidas, transformándose en un freno para el desarrollo y avance de los proyectos mineros en Chile, los que por su esencia van cambiando de propietario durante todo su período de maduración, el que es lento y demora años y años para lograr ser, finalmente, una realidad que aporta al país y al mundo, con un propietario lejos del dueño original.
Queremos poner nuestra voz de alerta, pues de esta forma Chile no está actuando con responsabilidad y ética en el ámbito internacional, al no aportar su potencial de minerales que posee y puede mitigar los efectos del cambio climático, que sabemos pone en riesgo la supervivencia de nuestra especie en la tierra.
Paralelamente también con estas decisiones olvidamos nuestra responsabilidad en el frente interno o local, al impedir o frenar la actividad económica minera, tan tradicional de nuestra cultura, restándonos de lograr los beneficios económicos necesarios e incluso indispensables como enclave de desarrollo para el bien común y el funcionamiento de nuestro país, con el fin último de satisfacer las necesidades que nuestros connacionales se merecen y que, con el aporte real de la minería se hace más viable y asequible de alcanzar.
La opinión local de las zonas en que se insertan las faenas, debiera ser uno de los aspectos relevantes a la hora de impulsar, aprobar o rechazar un proyecto minero, lo que va muy de la mano con la Licencia Social y su incidencia en la calidad de vida de las personas y el país.
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
Sergio DEMETRIO, Presidente
