Luis P. Morales Vergara
Consultor Empresas Privadas
Con fecha 29 de mayo 2023, el Ministerio del Interior mediante Resolución Exenta N° 1622 invalidó el proceso de transferencia de competencias en materia de desarrollo urbano y rural a 8 gobiernos regionales del país (aprobadas previamente el año 2020 mediante el Decreto Supremo N° 297), lo cual significa un lamentable retroceso en descentralización. El argumento esgrimido se basa en el análisis de Subdere y Minvu que señala que existe un error en la estimación de costos en el ejercicio de las competencias las cuales implican una carga administrativa que se expresa en horas de trabajo destinada a la revisión de cada expediente ingresado, junto con constatar el número de ingresos por región. Sumando a esto, se “justifica” la no existencia de asignación presupuestaria en los Gores para contar con directivos, profesionales y técnicos que en regiones puedan ejecutar las labores. Esta situación es incomprensible, dados los 94 mil nuevos puestos de trabajo en el sector público creados el último año que es la muestra del deterioro del mercado laboral y la baja inversión en el país.
Y es que el fortalecimiento a la regionalización que justifica la ley 21.074 entró en una etapa confusa de implementación, en donde el ejecutivo empuja la ley de rentas regionales pero sin piso parlamentario, dada las dudas en el nuevo proyecto de reforma tributaria que defiende Hacienda pero sin consensos básicos sobre el impacto en las Pymes y sin considerar el crecimiento económico como eje de la recaudación sino más bien solo el aumento en el pago de impuestos. Misma situación se da con la aprobación reciente de la ley del0 Royalty que no ha definido por reglamento como se controlará los nuevos recursos por asignar a Gores y municipios en formato de “libre disposición” sobre todo en un período pre-eleccionario quedando dudas en los mecanismos de control y transparencias.
Caso a parte es la promesa presidencial no cumplida de eliminar el cargo de delegado presidencial, ya que las competencias de interior y seguridad pública son más complejas de administrar dado el componente de impacto social y la crisis de seguridad que vive hoy el país. Al parecer, la anhelada descentralización deberá seguir esperando.
