Por Ulises Carabantes Ahumada
Ingeniero Civil Industrial. Analista de actualidad. Escritor.
(At the end of the spanish text you will find the english translation)
Estimado lector, en las próximas líneas podrá leer un muy breve pero descriptivo resumen de algunos capítulos del libro Chile 1973. Quien quiera profundizar en esta materia y desee comprar el libro, consulte al correo ucarabantes@gmail.com, para las ediciones en Chile como también en España. Esta es la tercera de trece publicaciones sabatinas que efectuaré hasta el sábado 9 de septiembre.
El viernes 3 de noviembre de 1970; en el salón de honor del Congreso en Santiago, Salvador Allende se cruzó la banda tricolor en su pecho como símbolo de comenzar a ejercer el cargo de Presidente de la República. Como señalé en la segunda de esta serie de trece publicaciones, para lograr ser proclamado candidato a la presidencia por la Unidad Popular, Allende firmó el 22 de enero de 1970 un documento en el que se comprometió a que la toma de decisiones en un eventual gobierno de la UP no las tomaría el presidente como jefe supremo de la nación, como lo definía la constitución de 1925; sino que las decisiones serían tomadas “plural e integradamente” por el comité político de la Unidad Popular. Se inventaba el “orden del caos” como Pablo Neruda le manifestó a Salvador Allende después del 22 de enero de 1970; cuando Allende ya estaba ungido como candidato a presidente. El hecho de que Salvador Allende asumiera la presidencia de la república bajo esta condición significaba una importante irregularidad constitucional, por no decir vulneración de la constitución. A Allende se le había entregado la presidencia de la república, es decir, todas las atribuciones para la toma de decisiones, como lo estipulaba la Constitución y no a la cúpula de una agrupación de partidos. Tampoco se le entregó a Allende la atribución de delegar o entregar parcial o totalmente las prerrogativas que sólo a él se le dieron como presidente de Chile y Allende cayó en la irregularidad constitucional de entregar sus atribuciones a la cúpula de partidos de la Unidad Popular, desde el primer día de su gobierno. Esta condición sería gravitante en la imposibilidad de encontrar soluciones cuando el país estuviera metido en la grave crisis política que lo tendría al borde de la guerra civil. El país se preparaba para ver que tan sabor “a empanada y vino tinto” sería la revolución chilena.
En lo institucional, el programa de la Unidad Popular proponía terminar con la democracia republicana existente, eliminando la Constitución de 1925 para ser reemplazada por otra que le diera al país las características de “Estado Popular”, lo que incluía la eliminación del Congreso bicameral, el que sería reemplazado por un Congreso de una cámara denominado “Asamblea Popular”. La reforma agraria iniciada por el gobierno de Eduardo Frei que contemplaba la expropiación de tierras agrícolas bajo riego, de ochenta hectáreas o más que estuvieran sin producir, fue conceptualmente cambiada en el programa de la Unidad Popular, incluyendo en las expropiaciones no sólo tierras improductivas, sino también campos con frutales, viñas, máquinas y herramientas, lo que en definitiva era un despojo basado en el criterio ideológico marxista. Textualmente el programa de la UP decía “Aceleración del proceso de reforma agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas, animales, etc)”. Después de este despojo institucionalizado los campos se fueron colmando de activistas políticos miembros de la Unidad Popular y del MIR, que de trabajo agrícola no tenían noción alguna, simplemente se instalaban en los campos a ejecutar un asambleísmo permanente, para disfrutar del acto de redención revolucionaria en que estaban y de esta forma, las maquinarias, las herramientas y los animales quedaron sin uso con la consiguiente paralización de la producción agrícola y como consecuencia de esto, la falta de alimentos provenientes del agro para los chilenos. En 1965; al inicio de la reforma agraria de Frei, Chile importaba alrededor de 150 millones de dólares en alimentos, a fines de 1972; habiéndose expropiado por parte del gobierno de Salvador Allende la totalidad de las tierras expropiables, Chile tenía como resultado una importación anual de 450 millones de dólares en alimentos. Los números hablan por sí solos.
Al comenzar el gobierno de Salvador Allende, el alto mando castrense quedó conformado con el general Carlos Prats como comandante en jefe del ejército, el almirante Raúl Montero como comandante en jefe de la armada, el general César Ruiz como comandante en jefe de la fuerza aérea y el general José Sepúlveda, como director general de carabineros.
El lunes 9 de noviembre de 1970 el fiscal Fernando Lyon y el juez militar, general Orlando Urbina, a cargo de la investigación del asesinato del general René Schneider, comenzaron a entregar relevante información sobre la materia. De acuerdo con la declaración de Julio Fontecilla, involucrado en el atentado, lideraron el complot el general retirado Roberto Viuax y su suegro el coronel en retiro Raúl Igualt, el general de división del ejército Camilo Valenzuela, quien ostentaba el cargo de jefe de la guarnición militar de Santiago, el vicealmirante Hugo Tirado, comandante en jefe de la armada y el director general de carabineros, Vicente Huerta. De estos tres altos oficiales sólo el general Valenzuela estaba en su cargo en el momento en que Urbina y Lyon comenzaron a entregar la información sobre su participación en los hechos. En consecuencia, el comandante en jefe del ejército le solicitó a Valenzuela la renuncia a la institución, siendo reemplazado en el cargo de comandante en jefe de la guarnición militar de Santiago por el general de división Augusto Pinochet, quien llegaba recién ascendido y habiendo dejado la comandancia en jefe de la sexta división de ejército, con asiento en Iquique.
El 12 de noviembre de 1970 entró en vigencia el decreto supremo con el que el presidente Salvador Allende indultó y dejó en libertad a condenados por los Tribunales de Justicia por actos terroristas. Allende argumentó que sólo se trataba de jóvenes idealistas. Así mismo se reanudaron relaciones políticas y económicas con Cuba. A esas alturas se mantenía el éxodo masivo de profesionales y empresarios, quienes abandonaban Chile ante el advenimiento del prometido “Estado popular”.
El 9 de enero de 1971 fue promulgada la ley 17.398 por medio de la cual se efectuaba una reforma a la Constitución de 1925 con la que quedaban incorporados a la Carta Magna los Estatutos de Garantías Constitucionales que Allende había firmado con la democracia cristiana para recibir el apoyo de este partido en el Congreso. Un mes después, el presidente Allende declaró ante el periodista francés Regis Debray que aquellos Estatutos de Garantías Constitucionales los había firmado sólo por un motivo táctico para llegar al gobierno y que simplemente no los respetaría. Como los estatutos firmados habían sido incorporados a la Constitución, el presidente de la república simplemente afirmó que no respetaría la Constitución. Esto debía sumarse a la irregularidad constitucional en que estaba desde el primer día de su gobierno, al haber entregado atribuciones para gobernar a las cúpulas de los partidos.
1971 fue un año en que hubo una aparente bonanza, con la fijación de precios de artículos de primera necesidad, contratación masiva de chilenos en reparticiones públicas y en las empresas que comenzaban a ser pasadas a manos del Estado, cubriendo el costo que esto significaba simplemente imprimiendo papel moneda, como si con la simple impresión de billetes se generara riqueza. Esto era pan para el presente pero hambre para el mañana.
En lo económico también, la Unidad Popular había definido tres áreas para la economía, un área privada, muy reducida y limitada, un área mixta donde habría controladores privados y el Estado y el área social, eufemismo dado al área donde el Estado estaría como único controlador de las empresas. Nunca hubo claridad respecto de qué empresas serían pasadas a manos del Estado, nunca se le dio forma legal a esta definición del gobierno, generando la natural incertidumbre en los empresarios quienes evidentemente no tenían ningún incentivo para desarrollar inversiones e incluso para la adquisición de materias primas para mantener la producción, pues era evidente que en cualquier momento su unidad productiva les podía ser quitada. Recurrente fue el uso del Decreto 520; olvidado por casi 40 años, por haberse emitido en 1932 durante la efímera república socialista de Carlos Dávila, el cual señalaba que una empresa podría ser intervenida o expropiada si no cumplía con los propósitos para los cuales había sido creada. En virtud de esto, activistas de la Unidad Popular utilizaron mañosamente este cuerpo legal, paralizando fábricas por el motivo que fuera, para después de un par de semanas informar al Ministerio de Economía de tal modo se procediera a la intervención o expropiación de la unidad productiva en cuestión. Esto, más la no definición legal de las áreas de la economía, trajeron como resultado la paralización en la producción y por lo tanto desabastecimiento en Chile, lo que agudizaba aún más la presión inflacionaria dada por la emisión inorgánica de papel moneda.
El 4 abril de 1971 nació el Frente Nacionalista Patria y Libertad en un acto en el estadio Nataniel en Santiago, grupo de ultra derecha liderado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, el que en un comienzo se abocó a la propaganda en contra del gobierno, lo que derivó a violentas acciones callejeras, en las que los militantes de esta agrupación portaban bastones y linchacos para proteger manifestaciones opositoras. Las acciones de este grupo anti marxista finalmente pasaron a ser atentados dinamiteros a instalaciones estratégicas del país, como torres de transmisión eléctrica, oleoductos y vías férreas. A Pablo Rodríguez se sumó como líder de esta agrupación el joven empresario mueblista Roberto Thieme, quien en 1971 tomó el cargo de secretario general y en enero de 1973 pasó a ser jefe del frente de operaciones cuyo objetivo era desatar la lucha armada en contra del gobierno de Allende.
Por su parte, el presidente Allende emitió su primer mensaje al país ante el Congreso Nacional, discurso que fue calificado por el comandante en jefe del ejército de la época como “polémico”, en las memorias que éste dejó escrita antes de su muerte. El discurso de Salvador Allende el 21 de mayo de 1971 fue una especie de clase de marxismo y de historia de revoluciones marxistas ante congresales no marxistas y una imposición a éstos en el sentido de tener que aprobar todos los cambios que el gobierno enviara como proyectos de ley al poder legislativo, en un tránsito unidireccional hacia la sociedad socialista, enfatizando Allende en su análisis la necesidad de obtener dicha aprobaciones por parte del Congreso para evitar un camino distinto al que planteaba la revolución a la chilena y evitar así la violencia revolucionaria que se había desarrollado en otros países del mundo. Es decir, o se aprobaban en el Congreso las reformas del gobierno, o quedaba notificado el poder legislativo de verse enfrentado a la violencia izquierdista. Dentro de esas modificaciones estaba ni más ni menos que terminar con la democracia republicana, eliminando la constitución de 1925 y dentro de este cambio, el fin del congreso bicameral, símbolo de tal democracia. Es decir, la UP había utilizado la democracia imperante en Chile para llegar a gobernar el país y una vez en esta posición, proceder a destruir tal democracia. El presidente Allende también efectuó una afirmación que graficaba hacia donde su gobierno estaba llevando a Chile: “La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedentes en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido…”
El 8 de junio de 1971 Chile se estremeció con un nuevo crimen político. Se le dio muerte al demócrata cristiano Edmundo Pérez Zujovic, ex ministro del interior del gobierno de Eduardo Frei, quien fue acribillado con la ráfaga de una metralleta Carl Gustav disparada por Ronald Rivera Calderón, hermano de Arturo Rivera Calderón, uno de los muchos terroristas de izquierda que fueron indultados por Salvador Allende al inicio de su gobierno. Estos dos individuos que actuaron en el atentado formaban parte del grupo de extrema izquierda llamado Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP. Hubo versiones de la época que sindicaron al socialista Eduardo Paredes, director de investigaciones, de tener conexiones con el comando asesino del ex ministro.
En julio de 1971 se concretó la nacionalización del cobre, sin indemnización para las empresas estadounidenses expropiadas, situación que sería motivo de pugnas entre las compañías norteamericanas y el gobierno, en tribunales y materializando embargos de los envíos de cobre desde Chile a los mercados internacionales, situación esta última que afectó la disponibilidad de divisas en Chile.
En septiembre de 1971 se presentó la primera acusación constitucional en contra de un ministro de Allende, Pedro Vuskovic, ministro de economía, iniciativa que fracasó por no contar con el apoyo de la democracia cristiana. Al mismo tiempo, un actor político social relevante en lo que vendría, los gremios, se organizaron en el FRENAP, Frente Nacional del Área Privada, organización que estuvo constituida por la gran, mediana y pequeña empresa.
Los últimos dos meses de 1971 fueron de apresto para la oposición al gobierno, en lo que sería una ofensiva que no se detendría hasta el 11 de septiembre de 1973. El 10 de noviembre arribó a Chile el líder de la revolución cubana Fidel Castro, situación que fue un verdadero aglutinante para la oposición que hasta esa fecha se había mantenido sin mucha cohesión por los resquemores que permanecían a raíz de la férrea oposición que hizo la derecha al gobierno de Eduardo Frei. Anunciada la visita del líder revolucionario, Patria y Libertad pintó los muros de Santiago repudiando la llegada del cubano. Al arribo de Castro flameaban banderas de los partidos socialista y comunista y las rojinegras del MIR, movimiento que era interlocutor político del régimen cubano en Chile, además de lienzos con imágenes del guerrillero cubano argentino Ernesto che Guevara. Fidel Castro permaneció en Chile durante 24 días, tiempo durante el cual recorrió el país desde Iquique hasta Punta Arenas, incluyendo salitreras, minas de cobre, minas de carbón, universidades, buques de la escuadra, la acería de Huachipato y recepciones oficiales. Todo el país, gobiernistas y opositores, giraba en torno al visitante. Cuando Castro aún permanecía en Chile, el 1 de diciembre de 1971; mientras se ofrecía una recepción oficial de despedida en la embajada de Cuba, se produjo la primera gran manifestación opositora. Miles de mujeres marcharon por la zona céntrica de Santiago llevando ollas vacías, protegidas por Patria y Libertad, por el comando Rolando Matus del partido nacional y por la juventud demócrata cristiana. En la intersección de la avenida Bernardo O´Higgins con avenida Vicuña Mackenna se produjo el encuentro entre la columna opositora y grupos de combate callejeros de la izquierda, desatándose violentos enfrentamientos, con resultado de múltiples heridos. Después de un acto de despedida en el Estadio Nacional efectuado el 2 de diciembre, Fidel Castro dejó Chile el 4 de diciembre, tras casi un mes de permanencia.
Tras la “marcha de las cacerolas” la jefatura de Patria y Libertad concluyó que sus militantes no estaban preparados para el combate callejero y decidió arrendar un gimnasio en la calle Almirante Barroso en Santiago, muy cercano al palacio de La Moneda, para comenzar instrucción de artes marciales y defensa personal a sus militantes. Por otra parte, el secretario general de esta agrupación derechista, Roberto Thieme, efectuó su primer viaje a Mendoza con el fin de concretar la internación de armas.
1972 comenzó con malas perspectivas económicas y en las relaciones internacionales. Terminado 1971; un balance general indicaba que al finalizar dicho año Chile había tenido que importar 260 millones de dólares en alimentos; casi el doble de lo que importaba el país al iniciarse la reforma agraria en el gobierno de Frei. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon informó que tomaría acciones de orden económico en contra de aquellos países que expropiaran empresas con capitales estadounidenses, sin la debida indemnización. Chile estaba entre esos países. Nixon tenía muy claro lo que haría, bloqueo al crédito externo para Chile y apoyo financiero para desestabilizar el gobierno de Allende. De hecho, en 1971 los créditos del mundo occidental estaban paralizados hacia Chile, debido a la situación de incertidumbre que se vivía en el país. Tal era el resultado de transitar por un “camino desconocido”, como lo expresó Salvador Allende en su discurso ante el Congreso y el país el 21 de mayo de 1971.
Durante el verano de 1972; por medio de una publicación del periodista estadounidense Jack Anderson, se conoció acerca de las operaciones que había efectuado a la fecha la empresa estadounidense de comunicaciones ITT, con el fin de desestabilizar al gobierno chileno. En aquel mismo periodo las empresas afectadas por la nacionalización del cobre en Chile, apelaron al Tribunal Especial del Cobre solicitando que se modificaran las llamadas “utilidades excesivas” con que la Contraloría General de la República había calculado las indemnizaciones a pagar. Dichas indemnizaciones habían resultado ser abultados números negativos, es decir, las empresas además de verse expropiadas, debían pagar al Estado chileno. El Consejo de Defensa del Estado dictaminó que el referido tribunal no tenía competencia para referirse a la materia que se le solicitaba. Con esto se mantenía candente un asunto que repercutía finalmente en el ingreso de divisas para Chile, por bloqueo de créditos en los mercados de capitales occidentales y la confiscación del cobre procedente de Chile en los distintos puertos del mundo occidental. La Unidad Popular intentó, con evidente improvisación, solicitar recursos financieros en su “vaticano”, Moscú, pero los rusos negaron tales recursos ante la presencia en del mismo Salvador Allende en Moscú. Caro le estaba costando a Chile el “gusto revolucionario” que se estaba dando la izquierda chilena, rompiendo con el “imperialismo yanky”, para recibir las dádivas del comunismo soviético, las que en realidad nunca les fueron entregadas como la necesitaban.
Si durante las trece publicaciones de este ciclo histórico, alguno de mis lectores se interesa en tener el libro Chile 1973; tanto para la edición en Chile como en España, pueden hacer llegar su consulta al correo electrónico ucarabantes@gmail.com
Los espero el próximo sábado 08 de julio con la cuarta publicación histórica, la que llevará por título Cincuenta Años: Del paro de transportistas al “tancazo”.
Fifty Years
Chaos
By Ulises Carabantes Ahumada
Civil Industrial Engineer. Current affairs analyst. Writer.
Dear reader, in the following lines, you will be able to read a very brief but descriptive summary of some chapters from the book «Chile 1973.» If you want to delve deeper into this subject and wish to purchase the book, please contact ucarabantes@gmail.com for editions in Chile as well as in Spain. This is the third of thirteen Saturday publications that I will be making until Saturday, September 9th.
On Friday, November 3rd, 1970, in the honor hall of the Congress in Santiago, Salvador Allende adorned himself with the tricolor sash on his chest as a symbol of starting his term as President of the Republic. As I mentioned in the second of this series of thirteen publications, in order to be proclaimed as the presidential candidate by the Popular Unity, Allende signed a document on January 22nd, 1970, in which he committed to not making the decisions in a potential Popular Unity government as the president and supreme leader of the nation, as defined by the 1925 constitution. Instead, the decisions would be made «pluralistically and integrally» by the political committee of the Popular Unity. The concept of the «order of chaos» was invented, as Pablo Neruda expressed to Salvador Allende after January 22nd, 1970, when Allende was already anointed as a presidential candidate. The fact that Salvador Allende assumed the presidency under this condition meant a significant constitutional irregularity, if not a violation of the constitution. Allende had been given the presidency of the republic, that is, all the powers for decision-making, as stipulated by the Constitution, and not to the leadership of a party coalition. Allende was also not given the authority to delegate or partially or fully transfer the prerogatives that were exclusively given to him as the president of Chile. Allende fell into the constitutional irregularity of surrendering his powers to the leadership of the Popular Unity parties from the first day of his government. This condition would have a crucial impact on the inability to find solutions when the country was immersed in a serious political crisis that would bring it to the brink of civil war. The country was getting ready to see how much «empanada and red wine» flavor the Chilean revolution would have.
In institutional terms, the program of the Popular Unity proposed to put an end to the existing republican democracy by eliminating the 1925 Constitution and replacing it with a new one that would give the country the characteristics of a «Popular State.» This included the elimination of the bicameral Congress, which would be replaced by a single-chamber Congress called the «Popular Assembly.» The agrarian reform initiated by the government of Eduardo Frei, which involved the expropriation of irrigated agricultural lands of eighty hectares or more that were unproductive, underwent conceptual changes in the program of the Popular Unity. The expropriations no longer targeted only unproductive lands but also included orchards, vineyards, machinery, and tools. This essentially amounted to a confiscation based on Marxist ideological criteria. The program of the Popular Unity explicitly stated: «Acceleration of the agrarian reform process by expropriating properties that exceed the maximum established size according to the conditions of the different regions, including fruit orchards, vineyards, and forests, without the owner having preferential rights to choose the reserve. The expropriation may include all or part of the assets of the expropriated properties (machinery, tools, animals, etc.).» After this institutionalized confiscation, the fields were filled with political activists who were members of the Popular Unity and the MIR, lacking any knowledge of agricultural work. They simply settled on the fields to engage in permanent assemblyism, enjoying the act of revolutionary redemption they believed they were part of. As a result, the machinery, tools, and animals remained unused, leading to the paralysis of agricultural production and, consequently, a lack of food from the agricultural sector for the Chilean people. In 1965, at the beginning of Frei’s agrarian reform, Chile imported around 150 million dollars’ worth of food. By the end of 1972, after the government of Salvador Allende had expropriated all expropriable lands, Chile’s annual food imports had risen to 450 million dollars. The numbers speak for themselves.
At the beginning of Salvador Allende’s government, the high military command was formed with General Carlos Prats as Commander-in-Chief of the Army, Admiral Raúl Montero as Commander-in-Chief of the Navy, General César Ruiz as Commander-in-Chief of the Air Force, and General José Sepúlveda as Director General of Carabineros.
On Monday, November 9, 1970, the prosecutor Fernando Lyon and the military judge, General Orlando Urbina, in charge of the investigation into the assassination of General René Schneider, began to provide relevant information on the matter. According to the statement of Julio Fontecilla, involved in the attack, the retired General Roberto Viuax and his father-in-law, retired Colonel Raúl Igualt, led the conspiracy. Also involved were the Army Major General Camilo Valenzuela, who held the position of Chief of the Military Garrison of Santiago, Vice Admiral Hugo Tirado, Commander-in-Chief of the Navy, and Vicente Huerta, the Director General of Carabineros. Of these three high-ranking officers, only General Valenzuela was in his position at the time when Urbina and Lyon began to provide information about his involvement in the events. Consequently, the Commander-in-Chief of the Army requested Valenzuela’s resignation from the institution, and he was replaced as Commander-in-Chief of the Military Garrison of Santiago by Major General Augusto Pinochet, who had recently been promoted and had left his position as Commander-in-Chief of the Sixth Army Division, based in Iquique.
On November 12, 1970, the supreme decree came into effect with which President Salvador Allende pardoned and released individuals convicted by the Courts of Justice for terrorist acts. Allende argued that they were only young idealists. Additionally, political and economic relations with Cuba were resumed. At that point, there was still a massive exodus of professionals and businessmen who were leaving Chile in the face of the promised «popular state.»
On January 9, 1971, Law 17,398 was enacted, which introduced a reform to the 1925 Constitution by incorporating the Statutes of Constitutional Guarantees that Allende had signed with the Christian Democrats to secure their support in Congress. A month later, President Allende stated to French journalist Regis Debray that he had signed those Statutes of Constitutional Guarantees only for tactical reasons to come into power and that he would simply not respect them. Since the signed statutes had been incorporated into the Constitution, the President simply declared that he would not respect the Constitution. This added to the constitutional irregularity in which his government had been since day one, as he had delegated governing powers to party leaders.
1971 appeared to be a year of prosperity, with price controls on essential goods, mass hiring of Chileans in public offices and in companies being transferred to state ownership. The cost of this was covered by simply printing money, as if wealth could be generated by the mere printing of banknotes. This provided short-term relief but led to long-term hardship.
In terms of the economy, the Popular Unity government had defined three areas: a highly restricted and limited private sector, a mixed sector where private entities and the state would have control, and a social sector, a euphemism for the area where the state would be the sole controller of companies. There was never clarity about which companies would be transferred to state ownership, and the government never provided a legal framework for this definition, creating natural uncertainty among entrepreneurs who had no incentive to invest or even acquire raw materials to maintain production, as it was evident that their productive units could be taken away at any moment. The recurrent use of Decree 520, which had been forgotten for nearly 40 years since its issuance in 1932 during the short-lived socialist republic of Carlos Dávila, allowed for the intervention or expropriation of companies if they did not fulfill the purposes for which they were created. Exploiting this legal provision, activists from the Popular Unity utilized it cunningly, causing factory shutdowns for various reasons and then informing the Ministry of Economy after a couple of weeks so that intervention or expropriation of the respective productive units could take place. This, along with the lack of legal definition of the economic sectors, resulted in production paralysis and subsequent shortages in Chile, exacerbating the inflationary pressure caused by the excessive printing of paper money.
On April 4, 1971, the Nationalist Front for Homeland and Freedom was founded during an event at the Nataniel Stadium in Santiago. It was an ultra-right group led by lawyer Pablo Rodríguez Grez. Initially, their focus was on propaganda against the government, which later escalated into violent street actions. Members of this organization carried batons and clubs to protect opposition demonstrations. The group’s anti-Marxist activities eventually evolved into dynamite attacks on strategic facilities in the country, such as power transmission towers, oil pipelines, and railroads. Roberto Thieme, a young furniture entrepreneur, joined Pablo Rodríguez as the leader of this group. In 1971, Thieme became the Secretary General and in January 1973, he became the head of the operations front, whose objective was to unleash armed struggle against the Allende government.
Meanwhile, President Allende delivered his first address to the nation before the National Congress, a speech that was characterized as «controversial» by the commander-in-chief of the army at that time, as stated in his memoirs before his death. Salvador Allende’s speech on May 21, 1971, was a kind of lecture on Marxism and the history of Marxist revolutions before non-Marxist congressmen. It imposed on them the obligation to approve all the changes that the government would send as bills to the legislative branch, moving in a unilateral direction towards a socialist society. Allende emphasized in his analysis the need to obtain such approvals from Congress to prevent a different path from the one proposed by the Chilean revolution and thus avoid the revolutionary violence that had developed in other countries around the world. In other words, either the government’s reforms were approved in Congress, or the legislative power would be informed of the possibility of being confronted with leftist violence. One of these changes involved nothing less than ending the republican democracy by eliminating the 1925 constitution, which included the abolition of the bicameral congress, a symbol of that democracy. In other words, the Popular Unity coalition had used the existing democracy in Chile to come to power and once in that position, proceeded to destroy that same democracy. President Allende also made a statement that illustrated the direction his government was taking Chile: «The task is of extraordinary complexity because there are no precedents that we can draw inspiration from. We tread on a new path; we march without a guide through unknown terrain…»
On June 8, 1971, Chile was shaken by a new political crime. Christian Democrat Edmundo Pérez Zujovic, former Interior Minister in Eduardo Frei’s government, was assassinated. He was gunned down by Ronald Rivera Calderón, using a Carl Gustav submachine gun. Ronald Rivera Calderón was the brother of Arturo Rivera Calderón, one of the many left-wing terrorists who were pardoned by Salvador Allende at the beginning of his government. These two individuals who carried out the attack were part of the extreme left-wing group called Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). There were reports at the time that implicated socialist Eduardo Paredes, Director of Investigations, in having connections with the assassins of the former minister.
In July 1971, the nationalization of copper took place without compensation for the expropriated US companies. This situation led to disputes between American companies and the government, with lawsuits and embargoes on copper shipments from Chile to international markets. The latter situation affected the availability of foreign currency in Chile.
In September 1971, the first constitutional accusation was presented against one of Allende’s ministers, Pedro Vuskovic, the Minister of Economy. However, this initiative failed to receive support from the Christian Democrats. At the same time, an important social and political actor in the upcoming events, the business associations, organized themselves in the FRENAP (Frente Nacional del Área Privada or National Front of the Private Sector). This organization consisted of large, medium, and small businesses.
The last two months of 1971 were marked by preparations for the opposition to the government, which would continue until September 11, 1973. On November 10, Fidel Castro, the leader of the Cuban Revolution, arrived in Chile. This situation became a rallying point for the opposition, which until then had lacked cohesion due to the strong opposition from the right-wing to Eduardo Frei’s government. Upon the announcement of the revolutionary leader’s visit, Patria y Libertad (a right-wing organization) painted the walls of Santiago to express their rejection of the Cuban arrival. Upon Castro’s arrival, flags from the Socialist and Communist parties, as well as the black and red flags of the MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria or Revolutionary Left Movement), which was a political interlocutor of the Cuban regime in Chile, were waving. Banners with images of the Argentine-Cuban guerrilla fighter Ernesto «Che» Guevara were also displayed. Fidel Castro stayed in Chile for 24 days, during which he traveled the country from Iquique to Punta Arenas, including saltpeter mines, copper mines, coal mines, universities, naval ships, the Huachipato steel mill, and official receptions. The entire country, both government supporters and opponents, revolved around the visitor. While Castro was still in Chile, on December 1, 1971, during an official farewell reception at the Cuban embassy, the first major opposition demonstration took place. Thousands of women marched through the central area of Santiago carrying empty pots, protected by Patria y Libertad, the Rolando Matus command of the National Party, and the Christian Democratic Youth. At the intersection of Bernardo O’Higgins Avenue and Vicuña Mackenna Avenue, the opposition column clashed with street combat groups from the left, resulting in violent confrontations and multiple injuries. After a farewell event at the Estadio Nacional (National Stadium) on December 2, Fidel Castro left Chile on December 4, after almost a month-long stay.
After the «March of the Pots and Pans,» the leadership of Patria y Libertad concluded that their militants were not prepared for street combat. They decided to rent a gym on Almirante Barroso Street in Santiago, very close to La Moneda Palace, to start martial arts and self-defense training for their members. Meanwhile, the Secretary General of this right-wing organization, Roberto Thieme, made his first trip to Mendoza with the aim of arranging the importation of weapons.
1972 began with poor economic prospects and strained international relations. By the end of 1971, Chile had to import $260 million worth of food, nearly twice the amount imported when agrarian reform began under the Frei government. Additionally, US President Richard Nixon announced that he would take economic measures against countries that expropriated US-owned companies without proper compensation, and Chile was among those countries. Nixon had a clear plan: blocking external credit for Chile and providing financial support to destabilize the Allende government. In fact, in 1971, Western world credits to Chile were frozen due to the prevailing uncertainty in the country. This was the result of venturing down an «unknown path,» as Salvador Allende expressed in his speech to the Congress and the nation on May 21, 1971.
During the summer of 1972, through a publication by American journalist Jack Anderson, it became known about the operations carried out to date by the US communications company ITT to destabilize the Chilean government. In the same period, companies affected by the nationalization of copper in Chile appealed to the Special Copper Tribunal, requesting a modification of the so-called «excessive profits» used by the General Comptroller of the Republic to calculate the compensations to be paid. These compensations had turned out to be substantial negative amounts, meaning that the companies, in addition to being expropriated, had to pay the Chilean government. The Council of State Defense ruled that the said tribunal had no jurisdiction to address the matter requested. This kept alive an issue that ultimately affected Chile’s foreign exchange income due to credit blockades in Western capital markets and the confiscation of copper from Chile at various Western ports. The Popular Unity government attempted, with evident improvisation, to request financial resources from its «Vatican,» Moscow, but the Russians denied them the resources in the presence of Salvador Allende himself in Moscow. Chile was paying a high price for the «revolutionary taste» that the Chilean left was indulging in by breaking away from «Yankee imperialism» to receive the largesse of Soviet communism, which they never received as they needed.
If, during the thirteen publications of this historical series, any of my readers are interested in obtaining the book Chile 1973, whether for the Chilean or Spanish edition, they can send their inquiries to the email address ucarabantes@gmail.com.
I’ll be waiting for you with the fourth historical publication titled «Fifty Years: From the Transport Workers’ Strike to the ‘Tankazo'» on Saturday, July 8th.
