Por Ulises Carabantes Ahumada
Ingeniero Civil Industrial. Analista de actualidad. Escritor.
(At the end of the spanish text you will find the english translation)
Estimado lector, en las próximas líneas podrá leer un muy breve pero descriptivo resumen de algunos capítulos del libro Chile 1973. Quien quiera profundizar en esta materia y desee comprar el libro, consulte al correo ucarabantes@gmail.com, para las ediciones en Chile como también en España. Esta es la séptima de trece publicaciones sabatinas que efectuaré hasta el sábado 9 de septiembre.
El 25 de julio de 1973 comenzó un movimiento político gremial cuyo objetivo era crear las condiciones finales para el derrumbe del gobierno de Salvador Allende. Importante es reiterar que este movimiento se inició habiendo fracasado el general Carlos Prats en sus conversaciones con los partidos de izquierda para que estos aceptaran alcanzar una tregua con la oposición en base a concesiones programáticas, es decir, ceder en aspectos del programa de la Unidad Popular, fundamentalmente en lo que tenía relación con las llamadas “áreas de la economía”, devolviendo las fábricas y campos expropiados o intervenidos aplicando el ya referido decreto 520; situación que tenía paralizada la producción nacional.
Por su parte el presidente de la república, Salvador Allende, continuaba insistiendo para que retornaran los militares al gobierno, para que lideraran algunos ministerios como había sido en noviembre de 1972. En los altos mandos castrenses existía la convicción y era transmitido así a Allende por los comandantes en jefe, que la incorporación militar pasaba por dos condiciones, que se aceptara la tregua política, a través de un gran acuerdo entre la Unidad Popular y la oposición, pasando a ser los militares garantes de dicho acuerdo con su incorporación a la mitad de los ministerios y la designación, por parte de los ministros militares, de sus colaboradores y mandos medios en cada repartición ministerial que éstos tomaran, lo que sería llamado “gabinete de administración”. La oposición por su parte estaba de acuerdo con la incorporación de las fuerzas armadas a labores de gobierno, pero bajo el esquema ya indicado. No sólo no se había alcanzado la tregua política, sino también el MIR, en su acción revolucionaria paralela violentista, profundizaba el problema de falta de producción, apropiándose ilegalmente de todo tipo de campos y hasta la más pequeña fábrica.
El discurso de Miguel Enríquez del 17 de julio caló hondo en el alto mando de las fuerzas armadas. El 19 de julio se efectuó un acalorado debate en éste, con presencia de los tres comandantes en jefe, sesión en la cual se habló de aplicar la ley de seguridad interior del Estado a Carlos Altamirano y Miguel Enríquez y de “asumir responsabilidades ante el crimen de lesa Patria…”, adjudicando implícitamente al gobierno la responsabilidad de tal crimen.
El Comité Permanente del Episcopado emitió lo que llamó una Carta Pastoral, firmada por el cardenal de la iglesia católica chilena, Raúl Silva Henríquez, en la que el clero expresó en uno de sus párrafos, “hablamos en una hora dramática para Chile. Lo hacemos por ser fieles a Cristo y nuestra Patria. Hablamos en nuestra condición de obispos de la Iglesia Católica, porque creemos tener una obligación especial de hacer un llamado extremo para evitar una lucha armada entre chilenos. No representamos ninguna posición política, ningún interés de grupo, sólo nos mueve el bienestar de Chile y tratar de impedir que se pisotee la sangre de Cristo en una guerra fratricida”. La carta pública terminó con el escueto “sugerimos una tregua”. La tregua que los partidos de la Unidad Popular le negaron al presidente de la república en las gestiones que desarrolló para tal propósito el general Carlos Prats.
El 25 de julio intervino en la cámara alta el senador de la Izquierda Cristiana Alberto Jerez, quien comentó positivamente la publicación del episcopado chileno y destacó la labor de acercamiento y vocación de entendimiento de algunos políticos entre los que nombró a Radomiro Tomic, Jaime Suárez, Benjamín Prado, Anselmo Sule, Eduardo Cerda, Ricardo Hormazábal, Sergio Onofre Jarpa y Renán Fuentealba.
El mismo 25 de julio se inició el nuevo paro de transportistas de carga al que se sumó el gremio de transporte de personas, movimiento de evidente perfil político, con protagonismo de los partidos opositores y del frente nacionalista Patria y Libertad que había anunciado la subversión armada en la clandestinidad. Este nuevo movimiento de los transportistas buscaba precipitar las condiciones para la intervención militar, con las fuerzas armadas fraccionadas, sinónimo de guerra civil, o unidas, sinónimo de golpe militar. Roberto Thieme fue informado de esto en una reunión clandestina que sostuvo con oficiales de la Armada cercanos al almirante José Toribio Merino.
Thieme circulaba en un Fiat 125 conducido por un ex cabo de ejército, acompañado siempre de dos escoltas que portaban revólveres colt magnum y granadas de mano, con pelo corto al estilo militar y vistiendo uniforme del ejército que le había proporcionado su hermano Ricardo Thieme que era teniente en la guarnición de San Fernando. Los líderes de Patria y Libertad se avocaron a contactar a los mandos de distintas unidades de las fuerzas armadas, con la convicción de que un alzamiento general era inminente, sujeto al cambio de los comandantes en jefe.
Patria y Libertad sabía que había generales del ejército comprometidos con el desarrollo de un plan para derrocar al gobierno, Sergio Arellano, Óscar Bonilla, Javier Palacios, Herman Brady, Manuel Torres de la Cruz, Sergio Nuño, Carlos Forestier y Washington Carrasco y calificaba de generales “tapones”, es decir, aquellos que obstruían el alzamiento militar, a los generales Guillermo Pickering, Mario Sepúlveda, Carlos Prats y Augusto Pinochet, estos dos últimos el primero y el segundo hombre en el ejército respectivamente. Por lo tanto, la salida de las primeras antigüedades en las instituciones armadas facilitaría la concresión del golpe militar.
El 23 de julio de 1973 se reunieron Roberto Thieme, Vicente Gutiérrez y Miguel Sessa por parte de Patria y Libertad con el comandante Hugo Castro de la armada, quien se hacía acompañar de un capitán. Los dos oficiales navales informaron a los tres líderes nacionalistas del paro que se iniciaría dos días después y preguntaron por el estado en que se encontraban las brigadas operacionales de Patria y Libertad. Una vez recibida la respuesta sobre las condiciones en que estaban estas brigadas, los dos marinos solicitaron a Thieme, Sessa y Gutiérrez que las movilizaran para contribuir al éxito del movimiento de los transportistas, cortando vías férreas y saboteando oleoductos y puntos de venta de combustible. Ambos oficiales navales se comprometieron a indicar los puntos de corte de los servicios indicados y a suministrar los explosivos necesarios.
El 26 de julio de 1973; al día siguiente de iniciado el paro de los transportistas, Patricio Aylwin, presidente de la democracia cristiana, respondiendo al llamado hecho por la Iglesia Católica y concordante con la reflexión hecha en el senado por Alberto Jerez, anunció que había aceptado la propuesta hecha por el presidente Allende para iniciar el diálogo que propiciara alcanzar acuerdos.
No obstante el anuncio de Aylwin que insufló esperanzas a los que buscaban terminar con la crisis sin derramamiento de sangre, el mismo 26 de julio fue un día de alta violencia y tensión en Santiago y en el resto de Chile. Por la mañana comenzaron a estacionarse decenas de camiones en Reñaca Alto, Curacaví, Casablanca, Puente Alto, San Bernardo y muchos otros puntos en torno a Santiago. Los camioneros y sus conductores eran protegidos en secreto por personal de la armada. Comandos de Patria y Libertad comenzaron las acciones de sabotaje planificadas, cortando las mangueras de los surtidores de combustibles de las estaciones de servicio de Santiago. Por la noche se escuharon en Santiago estallidos de bombas y tiroteos en distintos barrios de la capital, corriendo el rumor de la sublevación de la armada en Valparaíso y del avance de tropas navales sobre Santiago.
Esa misma convulsionada noche hubo una celebración en la embajada de Cuba en Santiago, a la cual concurrió el presidente de la república, acompañado de su edecán naval comandante Arturo Araya Peters y de los guardias personales, GAP. Unos pocos instantes después de llegar a su domicilio, Araya escuchó una explosión en la calle, hecho que lo hizo asomarse por una venta del segundo piso de la casa, momento en que recibió un mortal disparo.
Patria y Libertad emitió un comunicado a través de Roberto Thieme acusando a la izquierda del criminal atentado. El día 28 de julio el director de inteligencia del ejército, general Augusto Lutz, informó al general Carlos Prats que carabineros había detenido a José Luís Riquelme Bascuñán, técnico electrónico de la CORFO, quien había confesado su participación en el asesinato del comandante Arturo Araya, inculpando además a integrantes del GAP, guardia personal de Allende. Posteriormente Riquelme negó ante la policía de investigaciones y ante el fiscal militar a cargo del caso, lo que había afirmado ante carabineros.
Unos pocos días después Roberto Thieme recibió información respecto de los verdaderos autores del homicidio del edecán naval de Allende, miembros de Patria y Libertad que habían abandonado esta organización en 1972. De acuerdo con el testimonio entregado por el propio Thieme, uno de los involucrados en el homicidio era Guillermo Claverie, quien utilizó un fusil marcatti tipo batán, arma entregada por el ex oficial de la armada Jorge Ehlers. Esta arma era parte de los setenta fusiles internados por Thieme desde Argentina, con sus municiones, los que serían usados en el “golpe nacionalista” que sólo se concretó en el llamado “tancazo” del 29 de junio de 1973. Medio siglo después, el asesinato del comandante Arturo Araya Peters no ha sido aclarado.
Si durante las trece publicaciones de este ciclo histórico, alguno de mis lectores se interesa en tener el libro Chile 1973; tanto para la edición en Chile como en España, pueden hacer llegar su consulta al correo electrónico ucarabantes@gmail.com
Los espero el próximo sábado 05 de agosto con la octava publicación histórica, la que llevará por título Cincuenta Años: Nuevamente los Militares en el Gobierno.
Fifty Years
Violence Intensifies
By Ulises Carabantes Ahumada
Industrial Civil Engineer. Current affairs analyst. Writer.
Dear reader, in the following lines, you will find a very brief but descriptive summary of some chapters of the book “Chile 1973.” If you wish to delve deeper into this matter and want to buy the book, please contact ucarabantes@gmail.com for editions in Chile and Spain. This is the seventh of thirteen Saturday publications that I will make until Saturday, September 9.
On July 25, 1973, a political and union movement began with the aim of creating the final conditions for the collapse of Salvador Allende’s government. It’s important to reiterate that this movement started after General Carlos Prats failed in his negotiations with left-wing parties to accept a truce with the opposition based on programmatic concessions. This would mean conceding aspects of the Unidad Popular’s program, mainly related to the “areas of the economy,” returning expropriated or intervened factories and fields by applying the aforementioned decree 520, a situation that had paralyzed national production.
President Salvador Allende, on the other hand, continued to insist that the military return to the government and lead some ministries, as it had been in November 1972. The high military command believed, and they conveyed it to Allende, that military incorporation depended on two conditions: accepting a political truce through a broad agreement between the Unidad Popular and the opposition, with the military guaranteeing that agreement by incorporating into half of the ministries. The military ministers would then appoint their collaborators and middle-ranking officers in each ministry, forming what would be called an “administration cabinet.” The opposition agreed with the military’s incorporation into government duties but under the mentioned scheme. However, not only had the political truce not been achieved, but also the MIR, in its parallel and violent revolutionary action, exacerbated the problem of lack of production by illegally appropriating all kinds of fields and even the smallest factories.
Miguel Enríquez’s speech on July 17 deeply impacted the high command of the armed forces. On July 19, a heated debate took place with the presence of the three commanders in chief, during which they discussed applying the internal state security law to Carlos Altamirano and Miguel Enríquez and “assuming responsibilities for the crime of lese majesty,” implicitly attributing the government the responsibility for such a crime.
The Permanent Committee of the Episcopal Conference issued what they called a Pastoral Letter, signed by the cardinal of the Chilean Catholic Church, Raúl Silva Henríquez. In one of its paragraphs, the clergy expressed, “we speak in a dramatic hour for Chile. We do it as we are faithful to Christ and our Country. We speak as bishops of the Catholic Church because we believe we have a special obligation to make an extreme call to prevent an armed conflict among Chileans. We do not represent any political position, any group interest; we are only driven by the welfare of Chile and the attempt to prevent the blood of Christ from being trampled in a fratricidal war.” The public letter ended with the succinct phrase “we suggest a truce.” This was the same truce that the parties of the Unidad Popular denied to the president in the negotiations that General Carlos Prats conducted for that purpose.
On July 25, Senator Alberto Jerez of the Christian Left spoke in the upper house, positively commenting on the publication of the Chilean Episcopal Conference and highlighting the efforts of some politicians to foster understanding. He mentioned names such as Radomiro Tomic, Jaime Suárez, Benjamín Prado, Anselmo Sule, Eduardo Cerda, Ricardo Hormazábal, Sergio Onofre Jarpa, and Renán Fuentealba.
On the same day, July 25, the new strike of cargo transporters began, joined by the people’s transportation guild, a movement with evident political implications, involving opposition parties and the nationalist group “Patria y Libertad,” which had announced armed subversion in secrecy. This new movement of transporters sought to accelerate the conditions for military intervention, with the armed forces divided, synonymous with civil war, or united, synonymous with a military coup. Roberto Thieme was informed of this in a secret meeting with officers of the Navy close to Admiral José Toribio Merino.
Thieme traveled in a Fiat 125 driven by a former army corporal, always accompanied by two armed guards with Colt Magnum revolvers and hand grenades, sporting short military-style haircuts and wearing army uniforms provided by his brother Ricardo Thieme, who was a lieutenant in the San Fernando garrison. Patria y Libertad’s leaders worked on contacting the commanding officers of different military units, believing that a general uprising was imminent, subject to the change of commanders in chief.
Patria y Libertad knew there were army generals involved in a plan to overthrow the government, including Sergio Arellano, Óscar Bonilla, Javier Palacios, Herman Brady, Manuel Torres de la Cruz, Sergio Nuño, Carlos Forestier, and Washington Carrasco. They considered generals Guillermo Pickering, Mario Sepúlveda, Carlos Prats, and Augusto Pinochet as “blocking generals,” those obstructing the military uprising. Therefore, the departure of the top-ranking officials from the armed forces would facilitate the realization of the military coup.
On July 23, 1973, Roberto Thieme, Vicente Gutiérrez, and Miguel Sessa from Patria y Libertad met with Navy Commander Hugo Castro, who was accompanied by a captain. The two naval officers informed the three nationalist leaders about the upcoming strike, which would begin two days later, and asked about the readiness of Patria y Libertad’s operational brigades. After receiving the response about the condition of these brigades, the two naval officers requested Thieme, Sessa, and Gutiérrez to mobilize them to contribute to the success of the transporters’ movement by cutting railway lines and sabotaging oil pipelines and fuel sales points. Both naval officers committed to indicating the locations for these actions and supplying the necessary explosives.
On July 26, 1973, the day after the transporters’ strike began, Patricio Aylwin, president of the Christian Democracy, responding to the call made by the Catholic Church and in agreement with Alberto Jerez’s speech in the Senate, announced that he had accepted President Allende’s proposal to initiate a dialogue to reach agreements.
Despite Aylwin’s announcement that brought hope to those seeking to end the crisis without bloodshed, the same day, July 26, was a day of high violence and tension in Santiago and the rest of Chile. In the morning, dozens of trucks parked in places like Reñaca Alto, Curacaví, Casablanca, Puente Alto, and San Bernardo, among many others around Santiago. The truckers and their drivers were secretly protected by navy personnel. Patria y Libertad commandos began the planned sabotage actions, cutting the hoses of fuel dispensers at service stations in Santiago. At night, explosions and gunfights were heard in various neighborhoods of the capital, and rumors spread about the navy’s uprising in Valparaíso and the naval troops advancing toward Santiago.
On that same tumultuous night, there was a celebration at the Cuban embassy in Santiago, attended by the president of the republic, accompanied by his naval aide, Commander Arturo Araya Peters, and his personal guards, GAP. A few moments after returning home, Araya heard an explosion on the street, prompting him to look out of a second-floor window, at which point he was fatally shot.
Patria y Libertad issued a statement through Roberto Thieme, accusing the left of the criminal attack. On July 28th, the army’s intelligence director, General Augusto Lutz, informed General Carlos Prats that the police had arrested José Luís Riquelme Bascuñán, an electronic technician from CORFO, who had confessed to his involvement in the assassination of Commander Arturo Araya, also implicating members of the GAP, Allende’s personal guard. Later, Riquelme denied to the investigative police and the military prosecutor in charge of the case what he had stated to the police.
A few days later, Roberto Thieme received information about the true authors of the murder of Allende’s naval aide, members of Patria y Libertad who had left the organization in 1972. According to Thieme’s own testimony, one of those involved in the homicide was Guillermo Claverie, who used a batán-type Marcatti rifle, a weapon provided by former navy officer Jorge Ehlers. This weapon was part of the seventy rifles smuggled by Thieme from Argentina, along with their ammunition, which would be used in the failed «nationalist coup» that only materialized as the «tancazo» on June 29, 1973. Half a century later, the assassination of Commander Arturo Araya Peters remains unresolved.
If any of my readers are interested in obtaining the book «Chile 1973» during the thirteen publications of this historical cycle, both for the edition in Chile and in Spain, they can make their inquiries to the email address ucarabantes@gmail.com.
I’ll be back next Saturday, August 5th, with the eighth historical publication, titled «Fifty Years: Once Again, the Military in Government.
