Por Ulises Carabantes Ahumada
Ingeniero Civil Industrial. Analista de actualidad. Escritor.
Estimado lector, en las próximas líneas podrá leer un muy breve pero descriptivo resumen de algunos capítulos del libro Chile 1973. Quien quiera profundizar en esta materia y desee comprar el libro, consulte al correo ucarabantes@gmail.com, para las ediciones en Chile como también en España. Esta es la novena de trece publicaciones sabatinas que efectuaré hasta el sábado 9 de septiembre.
La madrugada del 9 de agosto, el mismo día en que las fuerzas armadas y de orden tomaron un ministerio cada una en la persona de sus comandantes en jefe, hubo un enorme atentado explosivo en Curicó. Comandos de Patria y Libertad volaron treinta metros de un oleoducto de la Empresa Nacional del Petróleo que llevaba combustible desde Talcahuano hasta Maipú. Por la televisión de la época Chile pudo ver los enormes daños y seres humanos y animales quemados por la explosión. El atentado dejó dos muertos y nueve heridos.
El viernes 10 de agosto se presentó ante el nuevo ministro de defensa, general Carlos Prats, el comandante en jefe subrogante de la armada, vicealmirante José Toribio Merino Castro, quien junto con saludar a la nueva autoridad ministerial, informó del descubrimiento de infiltración izquierdista entre sub oficiales y clases en dos buques de la escuadra, el crucero almirante Latorre y el destructor Blanco Encalada, buques donde operaba una célula del MIR. Los involucrados fueron arrestados y puestos a disposición del segundo juzgado naval de Valparaíso, sindicándose como instigadores de este intento de infiltración a Carlos Altamirano, Miguel Enríquez y Óscar Guillermo garretón, máximos líderes del partido socialista, del MIR y del MAPU respectivamente.
Menos de 24 horas después de asumido el nuevo gabinete, con los cuatro ministros militares, comenzó a quedar en evidencia las diferencias entre uno de éstos y personeros de la Unidad Popular. El intendente de Santiago e interventor en el paro de los camioneros, Ángel Faivovich, informó que el operativo para requisar camiones en la localidad de El Monte había fracasado por acción de parlamentarios opositores al gobierno y porque el ministro de obras públicas y transporte, general César Ruiz, había enviado a un coronel de la fuerza aérea a suspender el procedimiento. Ruiz argumentó que había habido una confusión pues el coronel había sido enviado al lugar donde estaban los camiones sólo con el fin de informar la decisión tomada.
Por otra parte se mantenía la tensión en Punta Arenas producto de la muerte de un trabajador en la textil Lanera Austral de esa ciudad en el allanamiento efectuado por personal de la fuerza aérea. Los ministro de agicultura y justicia, Jaime Tohá y Jaime Insunza, respectivamente, solicitaron se nombrara un fiscal especial para investigar el caso, puesto que quien desarrollaba tal labor era el mismo fiscal que había ordenado el allanamiento donde había muerto el trabajador.
No obstante lo anterior, el problema que concentraba la atención y esfuerzos del gobierno era el paro de los gremios iniciado el 25 de julio. Para abordar la materia, el sábado 11 de agosto de 1973; en dependencias del ministerio del interior, se reunió el comité operativo encargado de llevar a cabo las acciones para terminar con el paro. Este comité estaba integrado por los ministros Orlando Letelier, Carlos Prats, César Ruiz, José Cademártori y Pedro Ramírez. Estuvo también presente el interventor Ángel Faivovich. El general Ruiz expuso que la única condición que los transportistas ponían para negociar con el gobierno era la renunicia de Faivovich. Ante esto el general Prats propuso la designación de interventores militares aplicando la ley de seguridad interior del Estado. El minsitro del interior, Orlando Letelier, se comprometió a consultar con el presidente lo propuesto por Prats.
El general Carlos Prats informó al general Augusto Pinochet de la proposición que había hecho y le pidió que preparara la eventual designación de interventores militares, si esto era aprobado en definitiva por el presidente de la república. Pinochet propuso como interventor general al general Óscar Bonilla.
El presidente de la república aprobó la propuesta de designar interventores militares en la reunión de gabinete de ministros efectuada el domingo 12 de agosto, cuando se iniciaba el último mes del gobierno de la unidad pupular. Señaló el presidente que los interventores militares estarían bajo la coordinación del comité operativo liderado por el ministro del interior, Orlando Letelier. Allende designó también un comité negociador integrado por los ministros de economía, minería, obras públicas y transporte y secretario general de gobierno. Allende nombró como interventor militar general para el paro de los transportistas el general Herman Brady, quien se desempeñaba como interventor en el paro de la locomoción colectiva. No nombró en definitiva al general Bonilla, pues el nombramiento de éste lo anunció un parlamentario opositor cuando Allende aún no firmaba el decreto supremo para el nombramiento.
El lunes 13 de agosto sesionó la junta de comandantes en jefe presidida por el ministro de defensa, general Carlos Prats e integrada por los comandantes en jefe subrogantes de las fuerzas armadas, general de división Augusto Pinochet, vicealmirante José Toribio Merino y general de aviación Gustavo Leigh, además de la presencia del jefe de estado mayor de la defensa nacional, contralmirante Patricio Carvajal. Los dos almirantes expresaro a Prats su preocupación ante la posible intervención de las fuerzas armadas para requisar camiones en paro. Prats respondió que los veintisiete interventores designado en todo Chile estaban bajo coordinación del comité operativo liderado por el ministro del interior, por lo tanto, toda acción desarrollada por los interventores sería responsabilidad del ministro Orlando Letelier.
Pasado el medio día del 13 de agosto, Allende convocó a una reunión a los tres ministros comandantes en jefe, Prats, Montero y Ruiz. El presidente les señaló que dados los trastornos que iba causando el paro al país, necesitaba saber si las fuerzas armadas estaban decididas a actuar con fuerza para dar término a la situación. Allende pidió una respuesta para las seis de la tarde. Al reunirse nuevamente, los tres ministros militares expresaron que las fuerzas armadas actuarían buscando eliminar o minimizar los efectos negativos que el paro estaba causando, pero que éste tenía una clara connotación política, por lo que no sólo se opondrían a la acción de las fuerzas armadas los transportistas, sino también los partidos opositores. Dado eso, Prats sugirió al presidente que se contactara con la democracia cristiana para abordar la materia. Allende rehusó ejercer su rol político como presidente de la república y le pidió, esta vez a los tres comandantes en jefe, que se involucraran en una negociación política. Allende delegó en los militares el rol político que él debía cumplir.
Prats contactó al líder demócrata cristiano Bernardo Leighton para que éste transnmitiera una invitación a la directiva de su partido, para reunirse esa misma noche a las 22:30 horas en la casa del comandante en jefe del ejército. Patricio Aylwin aceptó. A las 22:15 horas se produjo un corte de energía en todo Santiago por lo que la reunión se inició bajo la penumbra provocada por la tenue luz de unas velas. Por la democracia cristiana asistieron los senadores Patricio Aylwin y Osvaldo Olguín y el diputado Eduardo Cerda. Prats hizo ver la gravedad de la situación que se vivía proyectando que podría terminar en un cruento enfrentamiento y Aylwin responsabilizó al gobierno de la crisis en que estaba Chile, sincerando su conviccón de existir falta de voluntad gubernamental para encontrar soluciones. Además expresó Aylwin que su partido no estaba por el derrocamiento del gobierno, pero insistió en la necesidad de que el presidente Allende gobernara con las fuerzas armadas. El diputado Cerda por su parte indicó que él podría mediar con los transportistas, obteniendo que con la solución de dos o tres puntos de su petitorio se terminara el paro y el resto de los puntos se abordaran posteriormente. Finalmente Prats preguntó a Aylwin si autorizarían que se implantara el estado de sitio, recibiendo una rotunda negativa del senador.
Comenzaron a ser requisados los camiones a sus dueños. Los almirantes Merino y Carvajal manifestaron en un par de oportunidades al general Prats su oposición a esta medida. Por su parte Patria y Libertad declaró que se había terminado la tregua y que comenzaría nuevamente su lucha armada en contra del gobierno. Los partidos comunista y socialista por su parte publicaron que la lucha para defender la revolución debía intensificarse. Se mantenía la condición básica para la guerra civil, el enfrentamiento de dos grupos irreconciliables. Estaba por verse si se daba la segunda y definitiva condición para que se desatara la guerra civil: la intervención dividida de las fuerzas armadas. En cuanto a esto, el comandante de la armada, Hugo Castro, había confidenciado a Vicente Gutiérrez, integrante de Patria y Libertad, que las fuerzar armadas estaban cohesionadas y dispiuestas a actuar. La misma información había obtenido Saturnino López, otro miembro de Patria y Libertad, del general Augusto Lutz, director de inteligencia del ejército. Finalmente, los generales Carlos Forestier y Washington Carrasco confidenciaron a dirigentes de Patria y Libertad de Iquique y Concepción que existía un ejército monolítico y con decisión de actuar pronto.
Pronto comenzarían a irse los comandantes en jefe que habían acompañado al gobierno de Allende desde sus inicios, primero el general César Ruiz e inmediatamente después, el general Carlos Prats.
Si durante las trece publicaciones de este ciclo histórico, alguno de mis lectores se interesa en tener el libro Chile 1973; tanto para la edición en Chile como en España, pueden hacer llegar su consulta al correo electrónico ucarabantes@gmail.com
Los espero el próximo sábado 19 de agosto con la décima publicación histórica, la que llevará por título Cincuenta Años: Cambie en el Ejército y en la Fuerza Aérea.
