El Juzgado de Familia de Copiapó conmemoró el decimoctavo aniversario del inicio de sus funciones, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley 19.098, oportunidad en la que su jueza presidenta Gabriela Varela Ledermann destacó los desafíos que enfrenta esa judicatura y reafirmó el compromiso de todos sus integrantes para dar el mejor acceso a la justicia posible a sus usuarios.
El tribunal, que cuenta con una dotación de 35 funcionarios, con seis jueces y juezas y cuatro salas, un administrador, un jefe de unidad y cinco consejeras y consejeros técnicos, desarrolla una incesante labor resolviendo asuntos relacionados con divorcio, cuidado personal, dictación de medidas de protección a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, liquidaciones y retenciones de fondos previsionales por deudas de pensión de alimento, adopciones y violencia intrafamiliar, entre muchos otros temas.
“Cumplimos 18 años de implementación de la Ley 19.098 y ha sido un trayecto bastante difícil. Hemos avanzado sin lugar a duda en muchos aspectos, pero nos queda mucho que seguir esforzándonos y sin perder el norte que nosotros, como tribunal de familia, somos la última respuesta que muchas personas vulneradas y sufrientes encuentran”, recordó la magistrada Varela, enfatizando que “es preciso coordinarse, unificarse y seguir trabajando cada día más para que tanta injusticia que existe a lo largo de nuestra sociedad pueda ser mitigada”.
DESAFÍOS
En cuanto a nuevas normativas, como la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, dijo que “las miramos con optimismo, pero tenemos también una crítica a nivel nacional en cuanto a que esto no fue acompañado con la dotación (de personal) correspondiente. Entonces, si bien es cierto que la idea legislativa era buena y tendía en el tema de alimentos al pago efectivo de las deudas, que en Chile son gigantes, en la práctica eso no ocurre porque, por ejemplo, existe un gran atraso en la confección de las liquidaciones”.
En ese sentido, reconoció que “tenemos que dictar permanentemente ‘no ha lugar’, porque las respuestas de los bancos no han llegado. Entonces, lo que la persona pensó en un inicio que iba a ocurrir con sus peticiones, en la práctica no ha ocurrido. Para que las leyes tengan el efecto esperado requerimos mayor cantidad de dotación en los tribunales, también en los programas de intervención, mayor cantidad de curadores, es decir, se necesita más presupuesto y más dotación. Esperamos que esto lo visualicen las autoridades y se enmiende. De lo contrario, la esperanza que la ciudadanía tenía en estas modificaciones no se va a concretar”.
La magistrada Varela reconoció que para trabajar en un tribunal de familia se debe tener una vocación especial, puesto que es donde las personas buscan soluciones a conflictos muy intensos y que están relacionados a vulneraciones.
“A la comunidad queremos hacerle presente que nosotros estamos poniendo nuestro máximo esfuerzo por mejorar las situaciones actuales. Existen mesas de trabajo, reuniones de coordinación a nivel central y regional, con el fin de que todas estas falencias que se han visto en las implementaciones de la ley se modifiquen a la brevedad. Nosotros estamos disponibles para realizar nuestro trabajo responsablemente, para que aquellas vulneraciones se terminen a la brevedad”, sentenció.
