Carta al director:
En las cifras entregadas en la cuenta pública 2023 de la Defensoría Penal Pública, se indicó que el número de jóvenes infractores de ley ha disminuido un 63% en los últimos 10 años. En el año 2013, el número de adolescentes imputados llegó a 32.159, mientras que en 2023 la cifra disminuyó a un total de 11.936 jóvenes.
Tal como señaló el defensor nacional, esto constituye una excelente oportunidad para continuar avanzando hacia una intervención especializada que contribuya a disminuir la reincidencia delictual. En esa línea, celebramos la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, ya que es una oportunidad para fortalecer el trabajo en reinserción, especialmente en lo que respecta a inserción laboral y capacitaciones en oficio.
Sin embargo, a un año y tres meses de la creación del servicio, en la práctica hemos visto pocos avances, cierta pasividad e incluso retrocesos. En este último ámbito, el único programa de formación laboral y apoyo a la inserción al empleo formal que existe en Chile para jóvenes que infringieron la ley, fue eliminado de la oferta programática del nuevo servicio, sin existir aún una oferta alternativa.
Como organización que durante 13 años ha apoyado la inserción laboral de más de 1.000 jóvenes infractores de ley, logrando una disminución de la reincidencia cercana al 28%, creemos que esto significa un grave retroceso en materia de reinserción, especialmente considerando la baja en las cifras de judicialización de la última década. Hoy, es fundamental centrar la discusión en el bienestar superior de los jóvenes, quienes no pueden quedar sin oportunidades que les permitan reinsertarse en la sociedad a través del empleo.
Julio I. Cifuentes Silva
Director ejecutivo Fundación Proyecto B
