Es sabido por la comunidad nacional respecto de la anunciada formalización del actual Director General de Carabineros, general director Ricardo Yáñez, acusado de omisión frente a supuestas violaciones de derechos humanos que habrían cometido sus subalternos durante el llamado “estallido social” hecho en el que grupos civiles claramente organizados y coordinados desataron la violencia en todo Chile, bloqueando calles, avenidas y rutas, atacaron la propiedad pública y privada, provocaron incendios y saqueos, en una acción sin precedentes por lo masivo y sincronizado. Ante tal caos el gobierno de la época hizo uso de sus atribuciones constitucionales, entre estas utilizar la fuerza pública, es decir, a Carabineros de Chile, institución policial de carácter militar que “existe para dar eficacia al derecho” y cuya finalidad es “garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República”, según lo define la Constitución. Claramente, a partir del 18 de octubre de 2019 los grupos organizados y coordinados referidos atentaron en contra de los derechos que la población tiene garantizados constitucionalmente y ante esa realidad el gobierno hizo uso de Carabineros para restituir el Estado de derecho dentro de Chile.
A finales de 2019 y principios de 2020; el actual Director General de Carabineros de Chile, General Director Ricardo Yáñez Reveco, ostentaba el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad. En este cargo el general Yáñez tenía la obligación de planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar, a nivel estratégico, no táctico, es decir con un criterio de largo plazo y no coyuntural, el cumplimiento de la misión institucional de Carabineros en el ámbito de Seguridad y Orden Público, la que se ejecuta a través de las distintas zonas de Carabineros que dependen de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad que encabezaba por entonces el general Yáñez.
Ante el grave quebrantamiento del Estado de Derecho producido a finales de 2019; cumpliendo con la Constitución y por disposición gubernamental, Carabineros actuó en todo el país, enfrentando a grupos violentistas que los agredía sin contemplaciones con armas de fuego, elementos contundentes, proyectiles lanzados con ondas o boleadoras y con el uso de bombas incendiarias o molotov, acción criminal que dejó a más de dos mil cuatrocientos carabineros heridos en los primeros dos meses del ataque terrorista, cuyas principales lesiones fueron impactos balísticos, quemaduras, traumas oculares, fracturas nasales, fracturas de extremidades superiores e inferiores y fracturas maxilofaciales, poli contusos y lesiones en la cabeza con resultado de TEC. No obstante el feroz ataque del que era objeto la fuerza pública, los promotores de estos atentados tuvieron el descaro de exigir una presencia pasiva de Carabineros en las calles.
Además de las agresiones físicas recibidas por Carabineros, también recibió esta institución una permanente agresión comunicacional. Se recordará que los promotores y defensores del ataque recibido por Chile a partir de octubre de 2019 acusaron a Carabineros de haber destruido y/o incendiado las estaciones del metro de Santiago, hecho que finalmente nunca se comprobó judicialmente y que por el contrario, fue llevando a la justicia a civiles que fueron parte de los disturbios y ataques por aquellos días. En la misma lógica, es necesario recordar también que los promotores y defensores del vandalismo desatado en 2019 acusaron a Carabineros de establecer un centro de tortura en la estación de Metro Baquedano. Una falsa historia levantada por la izquierda para ir creando una épica en torno al terrorismo y la delincuencia. Las torturas, de acuerdo con la calumnia diseñada, habrían ocurrido en la 60° Comisaría Metro de Santiago, ubicada en la estación Baquedano. Un rumor promovido por políticos de izquierda señalaba que en dicha estación de metro los detenidos por carabineros estaban siendo colgados por las muñecas. La diputado comunista Carmen Hertz mintió en sesión de la Cámara el 23 de octubre de 2019 al afirmar “El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que una parte de la estación Baquedano del metro está siendo utilizada como centro de detención ilegal, de golpizas y torturas a detenidos. Eso es gravísimo”. Desarrollando la misma ofensiva comunicacional orientada a difundir una mentira, quien en algún momento fue candidata a la presidencia de la república del Frente Amplio y que en el presente es embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, publicó en su cuenta de Twitter “INDH denuncia torturas, si, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El Ministro del Interior debe renunciar hoy”. Sergio Micco, director de la época del aludido INDH, desmintió en forma inmediata a ambas políticas de izquierda, negando que se hubiera confirmado el rumor y que se estaba a la espera del resultado de la investigación, la que terminó por concluir que la historia del centro de tortura en la estación Baquedano del metro era falsa. Carmen Hertz ni Beatriz Sánchez no tuvieron más expresiones al respecto, ni siquiera para pedir disculpas a Carabineros.
Ese fue el escenario enfrentado por Carabineros y su Director Nacional de Orden y Seguridad de la época, general Ricardo Yáñez, alto oficial que en el presente ocupa el cargo de Director General.
Hoy, transcurridos más de cuatro años de aquellos sucesos, muchos de los que salieron a las calles a quebrantar el Estado de Derecho en Chile tienen el privilegio de haber sido premiados con pensiones de gracia de por vida y el jefe de Carabineros que tuvo que enfrentar el artero ataque sobre el país hoy encara una eventual formalización bajo la acusación de “omisión de apremios ilegítimos”, es decir, algo similar a la demostrada falsa historia de la estación Baquedano del Metro. Encabeza esta nueva arremetida sobre Carabineros ni más ni menos que la fiscal Ximena Chong, quien acusó de homicidio frustrado al joven carabinero Sebastián Zamora, en el conocido caso de un menor de edad protagonista de disturbios en octubre de 2020 en el puente Pío Nono, el que terminó sufriendo diversas lesiones al caer al lecho del río Mapocho. El carabinero Zamora se encontraba cerca del punto desde donde cayó el activista, hecho que ameritó la grave acusación de la fiscal Chong, manteniendo al carabinero en prisión durante cinco meses, perdiendo además Zamora su carrera funcionaria dentro de Carabineros. La investigación ha ido desmintiendo totalmente los fundamentos sobre los que la fiscal Chong basó su acusación sobre el joven carabinero y por la cual solicitó ocho años de cárcel. Esto es razón más que suficiente para dudar de la imparcialidad de la fiscal Chong, como lo ha manifestado el general Ricardo Yáñez ante el anuncio de su formalización fijada para el 7 de mayo próximo, bajo una acusación que es muy difícil de demostrar, pues a acusación de “omisión” se basa concretamente en supuestos apremios ilegítimos y fuerza desmedida que habrían aplicado los subalternos de Yáñez para enfrentar a quienes violentaban flagrantemente la Constitución y las leyes a partir del 18 de octubre de 2019.
Si no defendemos a Yáñez de este nuevo ataque sobre la institución de las carabinas cruzadas, será toda la sociedad chilena la que quedará indefensa. Cualquier jefe policial en el futuro preferirá no cumplir con sus obligaciones constitucionales ante el evidente riesgo de tener que enfrentar a la justicia y un posible encarcelamiento al ser acusado de “omisión de apremios ilegítimos”. Hacemos un llamado al sentido común. El mayor impacto de la situación del general Yáñez será una sociedad que ve abandonado el más mínimo sentido de coherencia, mientras se instala la más abyecta politización, dejando, frente a la delincuencia y el terrorismo, indefensos a todos los chilenos.
¿Puede alguien no sentirse totalmente desconcertado si quien está encargado del orden público es perseguido por hacerlo? Lo que está ocurriendo con el general Yáñez nos llevará a un vacío de incoherencia. No tiene el más mínimo sentido común lo que fiscales ideologizados están llevando a cabo, verdaderos activistas políticos y no protectores del Estado de Derecho. ¿Podemos callar frente a dichos fiscales que han propiciado tal situación? Los mártires de Carabineros fueron educados en la misma noble escuela del general Ricardo Yáñez, ¿podemos abandonarlos?
El general Yáñez, además de enfrentar a la fiscal Chong, como jefe policial encauzado por la justicia enfrenta una posible y lamentable comparación con otro jefe policial que hoy está formalizado, el ex director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz Yáñez, quien está en esa condición y bajo prisión por ser parte de la red de corrupción montada por el abogado Luís Hermosilla, hecho de extrema gravedad pues entregó a Hermosilla información relevante del llamado Caso Audios, pues el abogado es también investigado por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. En definitiva la ciudadanía debe diferenciar la situación de un jefe policial como el actual director general de Carabineros, general Ricardo Yáñez, acusado en el marco de lo que claramente continúa siendo una campaña de desprestigio y socavamiento institucional a Carabineros de Chile y la situación de un jefe policial como es el caso del ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, quien debió renunciar a su alto cargo y ha sido formalizado por estar involucrado en una red de corrupción.
Jorge Eugenio Briceño Echeverría R.U.T. 4.706.956-4
Jaime Héctor Flores Ibáñez R.U.T. 13.048.285-6
David Benjamín Mella Aránguiz R.U.T. 11.479.964-5
María José Durán Ferraz de Andradem R.U.T. 5.573.266-3
Alberto East Fernández R.U.T. 3.637.949-9
María Josefa Isensee Ugarte R.U.T. 7.033.678-2
Miguel Depolo Marsano R.U.T. 5.142.079-9ç
Santiago Elgueta Fernández R.U.T. 3.185.481-4
Claudio González Correa R.U.T. 5.820.749-7
Jorge González Correa 5.891.793-1
