Alan Sepúlveda, Académico de Administración Pública Universidad Central Región de Coquimbo.
Las sociedades democráticas contemporáneas, especialmente aquellas cuya legitimidad emana del acto de votar, enfrentan el desafío permanente de garantizar una participación ciudadana robusta. En este contexto, la reciente aprobación del veto presidencial que permite realizar elecciones en dos días consecutivos en Chile representa un acto de responsabilidad por parte de la clase política, que busca fomentar una mayor participación electoral y fortalecer la legitimidad democrática.
Esta reforma, que fue objeto de intensos debates, introduce varios cambios fundamentales: permite la votación en dos días, establece el voto obligatorio, elimina la ley seca y designa el domingo como feriado irrenunciable. Además, se incluye la obligatoriedad de utilizar un lápiz de pasta azul para emitir el voto, un detalle aparentemente menor, pero crucial para evitar controversias sobre la validez de los sufragios. Estas diversas iniciativas reflejan la capacidad de la democracia chilena para adaptarse a los desafíos contemporáneos.
El núcleo de la reforma es la habilitación de la votación en dos días, un cambio diseñado para aumentar la participación y distribuir equitativamente el flujo de votantes, reduciendo la congestión en los centros de votación. Este cambio, que se aplicará en las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de 2024, es un paso importante para facilitar el acceso al voto y asegurar que más personas puedan participar en los procesos electorales.
La tramitación de esta reforma no estuvo exenta de polémicas. Las discusiones en torno a la obligatoriedad del voto para extranjeros, la eliminación de la ley seca y las cuestiones logísticas sobre la seguridad de las urnas entre los dos días de votación reflejan las complejidades inherentes a la modificación de un sistema electoral. Es natural que, en discusiones políticas contingentes, especialmente en aquellas que tocan temas tan fundamentales como las reglas electorales, las emociones se intensifiquen. Estas discusiones, que determinan cómo se capturan las preferencias de la ciudadanía por parte del sistema político, suelen ser más álgidas debido a su relevancia central en la democracia.
No obstante, este tipo de discusiones, aunque a menudo crispadas, son esenciales para perfeccionar las políticas públicas a través del ejercicio democrático. Las preocupaciones expresadas por los distintos bandos políticos eran legítimas y necesarias de ser abordadas de manera exhaustiva. A pesar de las dificultades en la discusión, el amplio respaldo que recibió la reforma en el Congreso es un reflejo del compromiso compartido por fortalecer la democracia y promover políticas de Estado cuando más se necesitan. Este consenso es esencial en un contexto donde la participación electoral ha sido un desafío, con niveles de abstención preocupantes en los últimos años.
Un punto particularmente controvertido fue la aplicación del voto obligatorio a los residentes extranjeros en Chile. Aunque esta medida generó discusión, finalmente fue aprobada, reforzando la inclusión de todos los sectores de la sociedad en el proceso democrático. La implementación de una multa de aproximadamente $33,000 CLP para quienes no voten subraya la seriedad con la que se busca asegurar una alta participación electoral. La literatura científica y la evidencia internacional apoyan que las sociedades con voto obligatorio tienden a lograr mayores niveles de participación, especialmente cuando existen mecanismos de refuerzo como las multas. Por lo tanto, esta medida es coherente con el objetivo de aumentar la participación ciudadana en los comicios.
La reforma también plantea desafíos logísticos significativos, como la custodia de las urnas entre los dos días de votación y la necesidad de personal adicional para garantizar la integridad del proceso. Chile cuenta con una institucionalidad electoral robusta, reconocida por su eficiencia y transparencia. La experiencia acumulada por el Servicio Electoral durante la pandemia, cuando se implementó una modalidad similar, ofrece garantías sobre la capacidad de gestionar este proceso con integridad. Sin embargo, es crucial que la implementación de esta medida sea monitoreada de cerca para identificar lecciones aprendidas y evaluar su escalabilidad para futuras elecciones.
Aunque esta reforma se aplicará únicamente en las elecciones de octubre de 2024, sienta un precedente significativo en la institucionalidad chilena. Será necesario evaluarla cuidadosamente para determinar su efectividad en mejorar la participación ciudadana y su viabilidad para ser aplicada en otros contextos electorales. Cabe destacar que antes de su implementación definitiva, la reforma aún debe ser revisada por el Tribunal Constitucional, que evaluará su conformidad con la Constitución. Lo que queda claro es que la democracia chilena sigue avanzando y adaptándose a los tiempos, siempre buscando fortalecer la legitimidad de sus procesos y la confianza de la ciudadanía en su sistema electoral.
