CÉSAR BRAVO CARRERA
PREFECTO ® PDI
El abuso de poder para obtener beneficios personales o de terceros, violando normas y principios éticos, trae serias consecuencias para un país; el deterioro de la confianza pública, la ineficiencia en la administración pública, la desigualdad social y el debilitamiento de las instituciones democráticas, sin lugar a dudas, socavan el desarrollo económico y social de Chile.
Hoy nos encontramos con un caso de escándalo colosal que, parece involucrar redes de corrupción y tráfico de influencias que alcanzan a altas autoridades de nuestra nación. Estamos hablando de cargos que incluyen Ministros de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, políticos, fiscales, policías, personal del Servicio de Impuestos Internos, entre otros. La situación se está volviendo tanto más interesante como más grave.
En el caso Hermosilla, o caso de los audios, la Comisión Investigadora de la Cámara Baja ya había interpelado al Servicio de Impuestos Internos por su sistema de fiscalización y por el proceso de designación de jueces, en el contexto de las redes de corrupción y tráfico de influencias que involucran al abogado Luis Hermosilla. Quedó claro que Hermosilla influyó en los nombramientos de algunas autoridades del país a través de sus contactos, incluyendo altos magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones. Esto revela una falta de ética y probidad, y muestra que dichas autoridades no son nombradas por sus méritos profesionales, sino por quien tiene las mejores conexiones. Lo más preocupante es que esta situación ha afectado la confianza en el Poder Judicial y en el Estado como garante de una justicia equitativa, poniendo en duda la transparencia y objetividad de los tribunales. Parece que la justicia se aplica solo al ciudadano común, mientras que los grandes empresarios y personajes de la élite política chilena quedan fuera de su alcance, lo cual ha deteriorado la credibilidad del Poder Judicial y de instituciones estatales como el Servicio de Impuestos Internos.
Me llama la atención que el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, es muy meticuloso cuando la señora Juanita, dueña de un pequeño negocio en una población cualquiera, no entrega una boleta de tres mil pesos, llegando incluso a clausurarle su local en más de una ocasión. Sin embargo, no muestra la misma rigurosidad cuando se trata de fiscalizar fraudes tributarios de grandes sumas de dinero cometidos por altos funcionarios que forman parte de la élite del gobierno de turno, como en el caso de las fundaciones o el reciente caso de los audios. Pareciera que este servicio, más allá de cobrar impuestos, debería preocuparse más por regular los procedimientos de fiscalización de los grandes empresarios y dejar en paz, al menos por un tiempo, a los pequeños comerciantes.
Pero bueno, el caso de los audios recién comienza, y la prisión preventiva decretada por la jueza en contra de Hermosilla es una buena señal. Tenemos muchas expectativas respecto a este caso, ya que debería revelarse quiénes han sido nominados no por sus méritos profesionales, sino por quienes los apadrinan. Estamos ante un escenario que requiere un análisis profundo, y es ahora cuando la justicia y las leyes deben demostrar que la ley es igual para todos y que nada ni nadie está por encima de ella. Esperamos que todo lo que está comenzando no sea simplemente una cortina de humo y que las cosas no queden en nada. En esta oportunidad, confiamos en que la justicia será ecuánime, sólida y contundente, y que marcará un precedente de que en Chile la justicia es igual para todos, caiga quien caiga.
