Por Diego Durán Toledo[1]
“Muchos funcionarios han ingresado al Estado por pituto”, es una de las lapidarias frases que un estudiante señaló en una cátedra reciente que me encontraba realizando en materia transparencia y probidad pública, y si bien uno pensaría que quizás ser una frase sin asidero, la verdad que si analizamos los datos de la II Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos del año 2023 y cuyos resultados fueron publicados este año, un 33% de encuestados indicó que las conexiones familiares y un 12% las conexiones políticas tuvo importancia para conseguir su primer trabajo en el sector público.
Este dato no es más que el fiel de reflejo de un secreto a voces respecto al trabajo en el sector público y que era de amplio conocimiento de aquellos/as que estamos vinculados/as por formación y vocación al estudio del Estado, como de la ciudadanía en general.
Sin embargo, quizás influido por el contexto social imperante a nivel nacional, donde han sido otras las noticias y temas que han predominado en la agenda pública, no se ha profundizado respecto a los alcances y consecuencias que este fenómeno tiene en el funcionamiento de nuestras instituciones, su impacto en legalidad procedimental y más aún importante, en la legitimidad de nuestro Estado ante la ciudanía, en especial en la situación política nacional actual, en que día a día salen nuevas noticias respecto a la corrupción y prácticas institucionales poco éticas.
El fenómeno de la corrupción, ha sido uno de los males endémicos que ha afectado a las distintas democracias latinoamericanas, el cual ha llevado en muchos casos socavar su legitimidad nacional e internacional, acabando en un número considerable de veces con mandamases depuestos/as mediante las vías institucionales, y en el peor de los casos por revueltas populares y/o la acción violenta de las fuerzas armadas (golpes de Estado).
Bajo este contexto, una de las acciones más recurrentes y tangibles de corrupción, además de las irregularidades sobre los contratos que realiza el Estado con privados, para la provisión de distintos bienes y servicios, es también contratación de funcionarios/as públicos/as que, sin tener las cualidades técnicas e intrapersonales para el desempeño de sus respectivos cargos, bajo criterios de afinidades política, el “amiguismo” y/o el nepotismo.
A la luz de la evidencia reflejada en el estudio anteriormente señalado, en nuestro país se está generando una política institucionalizada sobre la contratación irregular de personas en la administración del Estado, la cual sería transversal a todos los niveles de cargo y estamentos.
Si bien la Dirección Nacional del Servicio Civil, ha promovido en los últimos años políticas enfocadas a la concursabilidad de los distintos cargos públicos, también ha establecido una serie de principios normativos que permiten a las instituciones gubernamentales establecer excepciones para efectuar publicaciones de certámenes en la administración estatal, en base a determinados motivos, principalmente vinculados a la especificidad de condiciones del cargo y/o a la necesidad de contar en forma urgente con funcionarios/as para el desempeño de funciones críticas.
Dichas excepciones, que a la vista de la normativa y el sentido común serían adecuadas, se han transformado lamentablemente en la tónica para la contratación de una cantidad considerable de personas que pasan a engrosar las filas del servicio público, y que en realidad enmascaran lógicas de captación laboral en base a la afinidad ideológica y/o personal.
Por otra parte, es cierto existen instituciones en nuestro país que han destacado por efectuar políticas claras en la selección de su personal, son más aquellas que no poseen los equipos, instrumentos de evaluación y liderazgos de sus autoridades, para generar procesos de contratación serios y adecuados, en los cuales los/as seleccionados/as en estos certámenes concursales sean aquellos/as que efectivamente sean los/as mejores para desempeñar la función pública.
A su vez, la Contraloría General de la República y la unidades de auditorías internas de cada organismo, que constituyen los pilares de la institucional en materias de control de gestión y legalidad a nivel público, pueden y han efectuado procesos de revisión a múltiples contrataciones, estas solo se enfocan en una revisión de la existencia de las evidencias respectivas asociados a la ejecución de la selección en cada una de las instituciones, pero no se efectúa una inspección efectiva y exhaustiva de los procesos de evaluación de los mismos, los cuales pueden ser fácilmente modificables y/u orientados para que determinados/as candidatos/as sean elegidos/as.
Lo indicado en los párrafos precedentes, tiene como objetivos demostrar que la institucionalidad en materia de empleo público si bien se declara como transparente y meritocrática hacia la opinión pública, esconde múltiples resquicios y deficiencias que facilitan la corrupción en esta materia.
Ahora bien, es necesario señalar que no existe una receta mágica en la materia que permita solucionar en el corto plazo esta problemática.
Sin embargo, si se puede por una parte legislar una política de contratación en la administración pública que propugna la concursabilidad de la gran mayoría de los cargos vacantes en las instituciones estatales.
Por otro lado, es indispensable que los/as jerarcas de las instituciones públicas, lideren procesos de cambios en la gestión de los procesos de captación de talentos, asegurando que estos cumplan con los principios básicos de eficiencia, eficacia, pero por sobre todo que resguarde la calidad profesional y personal de los/as funcionarios/as que ingresan a la administración del Estado.
A su vez, los organismos de control estatales deben ser más exhaustivos en la revisión de los mecanismos de selección, abandonando un paradigma que solo acredite la presencia de determinadas evidencias que justifiquen la elección de una persona como funcionario/a público/a, por uno en que también se midan la calidad de estos procedimientos.
Mediante el desarrollo de una política seria y responsable en materia de empleo público, podemos alejar el fantasma de la corrupción institucional en Chile y sus efectos negativos ante la opinión pública.
El Estado debe ser ejemplo en la eliminación de las malas prácticas, con tal de no seguir socavando la legitimidad democrática y la confianza institucional, y por el contrario generando un fortalecimiento de la institucionalidad, donde los/as funcionarios/as del Estado sean ejemplo de profesionalismo y vocación por entregar un servicio de calidad a cada uno/a de sus conciudadanos/as.
[1] Licenciado en Ciencias Políticas, Administrador Púbico y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, Académico y miembro del Grupo de Investigación de Unidad de Análisis del Rol del Estado(UA-RECHI)
