PREFECTO ® PDI CESAR BRAVO CARRERA
La situación del ex Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha generado una crisis considerable en el gobierno, tras su presunta implicación en hechos que revisten gravedad tanto ética como legal. El incidente se habría originado en una reunión formal en un restaurante de Santiago, durante la cual Monsalve y una subalterna consumieron varias bebidas alcohólicas, entre ellas tres pisco sour tipo «catedral». Posteriormente, ambos terminaron en la habitación de Monsalve, donde, según la versión de la mujer involucrada, ella perdió la consciencia y despertó desnuda, presentando lesiones en sus muñecas, y afirmando haber sido víctima de abuso sexual y violación.
Más allá de la gravedad de los hechos denunciados, el caso adquiere otra dimensión por la supuesta interferencia de Monsalve en la investigación. Se alega que, tras los sucesos, habría revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y ordenado diligencias irregulares a la Jefa de Inteligencia Policial de la PDI, abusando de su poder y sin autorización judicial. Cabe destacar que la Ley de Inteligencia del Estado es muy estricta y su uso está restringido a situaciones que afectan la seguridad nacional, siempre mediadas por autorización judicial.
En cuanto a su defensa, Monsalve ha alegado que los hechos fueron consentidos, argumentando que ambos habrían perdido la consciencia debido al consumo de alcohol y que, incluso, el restaurante podría haber adulterado las bebidas. Sin embargo, este argumento se debilita ante el hecho de que la mujer afectada es su secretaria personal, quien recientemente habría recibido un ascenso y un aumento de salario, aparentemente para acompañar al subsecretario en sus viajes, lo cual sugiere un posible abuso de poder.
Desde una perspectiva legal, cualquier fiscal competente podría tipificar este caso como violación si se confirma que la víctima se encontraba privada de razón debido a alguna sustancia. Pero el caso también involucra al gobierno en su conjunto, debido a su tardía respuesta, que genera dudas sobre si intentaron minimizar o encubrir los hechos. La controversia se agrava al considerar que, a pesar de las acusaciones, Monsalve continuó en funciones y se le permitió viajar a la región del Biobío, utilizando un avión de Carabineros para asuntos particulares. Esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad del gobierno y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
Este caso no solo interpela a quienes formulan las leyes sino también a quienes deben aplicarlas y hacerlas cumplir, especialmente en posiciones de poder que requieren la mayor integridad.
