Cristina Bravo Bassi
Abogada
“El prudente ve el peligro y lo evita;
El imprudente sigue adelante y sufre daño”[i]
Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, respecto al contraste entre los soldados autorizados por la Ley de Presupuestos y los realmente financiados, muestran una realidad alarmante que, si bien ha quedado reflejada en los números, es mucho más profunda en términos de consecuencias para la seguridad nacional. Si bien la ley autoriza la contratación de 7.000 soldados profesionales, resulta impensable que actualmente, solo se financian 1.600, lo que equivale a un 23% de lo necesario para que nuestro Ejército vencedor y jamás vencido, se mantenga «100% operativo». Este déficit en el financiamiento resulta brutal, puesto que no solo pone en jaque la capacidad operativa del Ejército, sino que revela una crisis estructural en la gestión de los recursos destinados a la defensa nacional.
El comentario de Iturriaga sobre la necesidad de dejar constancia de esta situación no puede ser visto a la ligera, como una mera declaración simple, o como un “comentario mañoso” (como algunas autoridades señalaron), por el contrario; es un grito de alerta que no puede ser ignorado. La defensa nacional no es un lujo, no es un reflejo de ostentación, ni una inversión opcional, sino, es un deber constitucional y un pilar fundamental de la estabilidad de cualquier nación, sobre todo, en un contexto internacional complejo, con recelos históricos frente a nuestros países vecinos (como lo demuestran las tensiones históricas con Bolivia), la falta de recursos en las Fuerzas Armadas se transforma en una vulnerabilidad peligrosa, ya que Chile, al igual que muchos otros países, ha sido víctima de cambios geopolíticos abruptos, y su posición estratégica exige que su Ejército esté preparado para enfrentar cualquier amenaza.
La escasez de efectivos y recursos, no solo limita la capacidad de respuesta frente a conflictos internacionales, sino que también debilita la capacidad de proteger infraestructuras críticas del país, como puertos, aeropuertos y redes eléctricas, ante potenciales ataques o desastres naturales.
A su vez, tal como el general Iturriaga indicó, a pesar de que el Ejército no cuenta con los recursos humanos ni materiales suficientes para cumplir con estas exigencias, el gobierno está solicitando tareas adicionales y el despliegue de soldados en situaciones excepcionales como lo son los estados de emergencia, y en el fondo, lo que se está haciendo es, obligar a nuestras FFAA a cumplir con lo imposible.
Tenemos que entender que, un Ejército bien equipado no solo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ante posibles agresiones externas, sino que también desempeña un papel fundamental en la estabilidad interna del país. Chile enfrenta serios desafíos en términos de control de fronteras, inmigración irregular, incendios y/o desastres naturales, (sin dejar de lado la delincuencia) lo que exige una respuesta contundente por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando las capacidades operativas están comprometidas por la falta de personal y equipamiento, la respuesta ante situaciones de emergencia y crisis internas se ve considerablemente limitada.
No podemos olvidar que, un país cuya capacidad de defensa está complicada no solo corre el riesgo de ser vulnerable frente a agresiones externas, sino que, también pierde peso en la arena política- internacional. La defensa robusta es crucial para mantener la independencia política y económica, evitando que otras potencias extranjeras influyan en los asuntos internos del país. El compromiso con la seguridad nacional debe ser prioritario para el gobierno y el Congreso, si bien existen limitaciones fiscales que dificultan la asignación de recursos, la defensa de la nación no puede ser vista como un “mero gasto innecesario”, sino como un deber y una inversión estratégica.
Por otro lado, un ejército fortalecido facilita el desarrollo tecnológico y la innovación en áreas cruciales como la ciberseguridad y la ingeniería. Además, un Ejército bien preparado genera estabilidad política interna, garantizando el orden y la gobernabilidad en tiempos de crisis y decadencia, como lo es actualmente Chile.
Es por lo ya expuesto que, es menester que las autoridades actúen con prontitud y responsabilidad, es necesario que se tomen decisiones claras, responsables y conscientes en torno a la asignación de los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, toda vez que, la situación actual no solo afecta la capacidad operativa del Ejército, sino que pone en riesgo la seguridad y estabilidad de Chile. La defensa nacional debe ser una prioridad absoluta, porque un país sin un Ejército adecuado, no solo es vulnerable a amenazas externas, sino que también abre la puerta a un futuro incierto, socavan la capacidad de Chile para negociar en igualdad de condiciones en la esfera internacional y en definitiva nos hace débiles.
[i] Proverbios 22, 3
