Por Ulises Carabantes Ahumada
Ex Secretario Regional Ministerial de Minería y Energía – Región de Atacama
El año recién pasado, estando ya en plena campaña electoral para la elección de Gobernador Regional, el Gobierno Regional precisamente presentó la llamada Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama, la muy nombrada ERDA, oportunidad en que además se entregó un bello cuaderno o pequeño libro elaborado en papel couché de alta calidad y a todo color, finalizando la jornada con un bastante apetitoso cóctel. Este documento de declaración de intenciones estratégica es, si me permiten la expresión marinera, el trazado de rumbo para nuestra Región de Atacama para el decenio 2024 a 2034. Reitero, una declaración de intenciones estratégicas. No quise utilizar el término “declaración de buenas intenciones” porque sería de alguna forma faltar el respeto a quienes trabajaron en el documento.
No obstante, dicho documento sería lamentablemente sólo una “declaración de buenas intenciones” si no se llevan a cabo acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos estratégicos planteados. Veamos.
El Objetivo Estratégico 1 declara en su primera parte la intención de “Fomentar el crecimiento económico competitivo, sostenible y diversificado…” y asociado a este objetivo estratégico está el Objetivo Específico 2; en el cual se dejó establecido “Ampliar las capacidades de la minería sostenible, principal sector productivo regional, y su efecto multiplicador en la economía, creando valor compartido en los territorios en que se desarrolla”. Asociado a este Objetivo Específico 2 quedó establecido como meta al año 2034 “Aumentar el aporte de la minería al PIB”.
Por otra parte, cuando se aborda la “Dimensión Social” en esta Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama, se dejó establecido como Objetivo Estratégico 1 “Incrementar el número de personas que superan la pobreza extrema, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional”. Asociado a este Objetivo Estratégico 1 quedó el Objetivo Específico 2; en el cual se declara la intención de “Reducir la población en situación de pobreza por ingresos”, asociándose a este Objetivo Específico la meta al año 2030 que señala “Disminuir la proporción de personas en situación de pobreza por ingresos a lo menos al promedio nacional”.
Al abordar la “Dimensión Ambiental” en la citada Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama, resulta interesante revisar el Objetivo Estratégico 3 en el cual se declara la intención de “Optimizar la gestión integral de los recursos renovables agua, aire, suelo…”. Asociado a este Objetivo Estratégico están los Objetivos Específicos 6; 7 y 8; los que abordan como objetivo una gestión sustentable del recurso hídrico, asegurar la gestión sostenible del suelo y asegurar la calidad del aire mediante la implementación de medidas efectivas de reducción de contaminantes atmosféricos.
El lector se preguntará, a propósito de qué este recuento o análisis. Bueno, me parece que todo proyecto de inversión que cumpla con estos lineamientos entregados en forma explícita, muy claramente, en la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama, ERDA, no debería tener problemas para su autorización de instalación, puesto que estaría totalmente en concordancia con lo que quiere la región, con lo que definió Atacama para su desarrollo futuro. Rechazar la instalación de un proyecto que cumpla con todo lo que indica la ERDA sería una contradicción vital e invalidaría este trabajo, dejándolo como un documento sin sentido, un ejercicio académico no llevado a la práctica.
Será un botón de muestra, un ejemplo la decisión que se tome durante las próximas semanas, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, SEA, respecto de un proyecto de mediana minería a desarrollarse en la comuna de Tierra Amarilla, me refiero a La Farola de Minera Altair. Revisando los antecedentes de este proyecto se puede constatar que cumple con todo lo que la Región de Atacama ha definido como sus ejes de desarrollo, un proyecto que viene a poner a prueba la fortaleza de la ERDA, es decir, si estamos hablando de un documento que sólo representa una simple declaración de buenas intenciones por parte del Gobierno Regional o de un real alineamiento de todo el sistema público en pos de cumplir lo que quedó plasmado en un papel. La Farola viene precisamente a “Aumentar el aporte de la minería al PIB”, a “Reducir la población en situación de pobreza por ingresos”, aportando a “Disminuir la proporción de personas en situación de pobreza por ingresos a lo menos al promedio nacional”, optimizando “la gestión integral de los recursos renovables agua, aire, suelo…”. Al revisar este proyecto de mediana minería que involucra una inversión de doscientos sesenta millones de dólares, se constata que evidentemente se alinea con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (ERDA), pues es obvio que su producción aumentará el aporte al PIB de Atacama por parte de la industria minera, generando mil doscientos puestos de trabajo en su etapa de construcción y seiscientos puestos de trabajo en su etapa de operación/producción, contribuyendo a sacar de la pobreza a la población al proporcionar un ingreso a cientos que hoy lo buscan, sobre todo jóvenes que recién comienzan su vida laboral, como plantea uno de los objetivos de la ERDA. Y en lo que se refiere a la “Dimensión Ambiental” de la ERDA, este proyecto, La Farola, está perfectamente congruente con ella, pues efectuará un racional uso del recurso hídrico al no utilizar para su proceso industrial ni un solo litro de agua de la cuenca del valle de Copiapó, sino agua proveniente del mar, considerando además una serie de elementos de mitigación para proteger el aire, como galpones y encapsulamientos para las distintas partes del proceso donde existe potencial de emisión de polvo, además de operar con correas transportadoras sobredimensionadas y operadas a una velocidad inferior de lo habitual de tal manera de impedir la fuga de partículas al medio aéreo y en lo que respecta a suelo, este proyecto introduce una importante innovación, algo no nuevo en la industria minera pero que no tiene aún un uso generalizado, la filtración del relave para recuperar el agua y con esto minimizar las posibilidades de infiltraciones al suelo, reduciendo el uso de energía, siendo con todo esto un proyecto sostenible o sustentable.
Con este proyecto, que tomaré como un “piloto”, se pondrá a prueba la congruencia de la burocracia estatal, aquella que gastó una buena cantidad de recursos para redactar y publicar una Estrategia Regional de Desarrollo y aquella que hoy está evaluando ambientalmente el proyecto. El eventual rechazo de La Farola por parte del SEA, hará que la ERDA quede sólo como una simple declaración de buenas intenciones, sin sustento alguno, como un bello librillo a todo color y de papel de alta calidad y el recuerdo de un abundante y muy sabroso cóctel. La burocracia estatal tiene la palabra.
