Roxana Zuleta Bravo
Académica Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Universidad Andrés Bello
Hemos sido testigos de una noticia que ha conmocionado a nuestro país, dos niños han sido rescatados en condiciones inhumanas, tras ser víctimas de delitos gravísimos y violentos perpetrados por adultos. Una niña boliviana de apenas 8 años fue encontrada en condición de servidumbre y esclavitud en un campamento en la comuna de Rengo, región deO’Higgins, quien tras ser vendida por su familia de origen y ser víctima de trata de personas, fue obligada a migrar en situación irregular, forzada a trabajar en un país ajeno, lejos de toda posible red de ayuda, sin acceso a educación, salud, ni protección. A pocos de días, un segundo caso salía a luz, un niño chileno de 13 años en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, fue encontrado en condiciones vejatorias de maltrato grave y tortura, ejercido por parte de su madrastra quien estaba a cargo de su cuidado personal asignado por un tribunal de familia. Denominadores comunes: invisibilización, violencia, tortura y desprotección máxima, y la acción de terceras personas ajenas a la familia, que tuvieron el valor de denunciar.
Sus crudas experiencias nos interpelan a preguntarnos ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran hoy en día en Chile, experimentando violencias y tortura directa por parte de sus perpetradores?, experimentando a la vez las consecuencias de una violencia sistémica y estructural, que es aquella ejercida tanto por acción u omisión, de parte todos aquellos garantes que deben brindarles resguardo y protección. Cuando nos preguntamos ¿quién falla?, hay corresponsabilidades, pues desde un enfoque de derechos de la niñez, su bienestar y protección es una tarea de todos.
Sin duda, fallaron los adultos responsables en sus propias familias de origen, sin embargo, no debemos olvidar, sin restar la máxima responsabilidad penal que les corresponda por tales delitos, que su fallo encarna en sí mismo el de una sociedad adulto-céntrica completa, expresada en lo más íntimo del ser humano, que es la capacidad de brindar amor, protección y cuidados, pues ¿dónde aprendemos a ser madres y padres? sino es a partir de los modelos de nuestras familias de origen, ¿dónde aprendemos a violentar y denigrar, sino a partir de nuestras propias historias vitales?, ¿dónde aprendemos a no meternos en la crianza ajena, aun sabiendo que hay situaciones riesgo para un niño?, sino a partir de la idea sociocultural de que lo que pasa al interior de las familias son asuntos privados.
Falló el Estado como garante principal, en velar por la protección y resguardo de sus derechos, de acuerdo a nuestra normativa vigente, y en coherencia con los convenios y tratados internacionales ratificados por Chile. Fallaron, además, por acción u omisión, la instituciones todas que debían protegerlos, tribunales de familia, carabineros y policías ante el abordaje oportuno y eficaz de estos casos, escuelas, servicios de salud y toda la red institucional, que en algún momento de sus trayectorias de vida no detectaron o hicieron caso omiso a indicadores de alerta y gritos de desespero.
Finalmente, a excepción de las personas que hicieron las denuncias, fallan las comunidades y vecinos, quienes muchas veces al ver situaciones de alerta, tienden a naturalizarlas o no denuncian por temor a equivocarse o tener represalias. Desconociendo que no es labor de las personas naturales investigar y que basta con la presunción de riesgo para que hagan su trabajo los organismos encargados.
Cuando fallamos lo hacemos todos y resarcir ese daño es una tarea colectiva de quienes somos cogarantes de acuerdo con la Convención Internacional de derechos del Niño. El Estado debe proteger y brindar acceso a la reparación del daño traumático vivenciado, procurarles un entorno de cuidado personal amoroso y seguro, perseguir las responsabilidades penales de los adultos responsables y tomar medidas urgentes para que situaciones como estas puedan prevenirse y detectarse.
Así, poner a la niñez y la adolescencia al centro, no se logra con sólo declararlo, sino con fortalecer el trabajo eficaz y articulado de los servicios e instituciones, aumentar el acceso a capacitación en protección integral de derechos de la niñez, dirigido a funcionarios públicos, policías, jueces de familia y profesionales; aumentar los recursos económicos para la protección y garantía efectiva de sus derechos, especialmente asegurando su acceso oportuno a servicios de educación, salud, protección y cuidado en las comunas donde viven y crecen, en las cuales las acciones de promoción y prevención de vulneraciones a sus derechos humanos, se ha tendido a debilitar, al punto de llegar a ser ausente.
