Se trata de un ciudadano extranjero que fue detenido en Copiapó cuando viajaba a su país de origen, llevando a la víctima en contra de su voluntad.
Privado de libertad en la cárcel de Copiapó quedó un imputado, en contra de quien la Fiscalía de Atacama presentó cargos por el delito de secuestro de su ex pareja. Víctima a la que obligó a subir a un bus de transporte de pasajero para regresar ambos a su país de origen.
De acuerdo a los antecedentes conocidos en la audiencia de formalización de cargos desarrollada este jueves, la pareja de nacionalidad venezolana, habían llegado a Santiago, ciudad en que el detenido incurrió en distintos actos de violencia de género en contra de la víctima. Causando visibles lesiones en su rostro, actos de violencia que ya había cometido antes de iniciar su viaje al país.
En la formalización el fiscal adjunto de Copiapó, Sebastián Coya González, indicó que la mañana de ayer en la capital del país, el imputado concurrió al terminal de buses junto a la joven afectada para luego comprar los pasajes y emprender el viaje hasta Venezuela, todo ello en contra de la voluntad de la víctima a quien mantuvo bajo permanente amenaza. La mujer, en un descuido de su agresor, logró enviar su ubicación a un familiar quien denunció el caso a personal de Carabineros de Santiago. “A partir de esta alerta Carabineros de la capital se contactó con la Central de Comunicaciones de esta institución en Copiapó, motivando la fiscalización del bus en el ingreso sur de la ciudad, lugar en que se procedió con la detención del imputado. Mientras que la afectada fue derivada de inmediato a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional, quienes además la acompañaron durante la audiencia”, dijo el fiscal.
El persecutor argumentó que los hechos denunciados evidenciaban un claro peligro para la integridad física de la víctima, razón por la que solicitó la medida cautelar de prisión preventiva del detenido, quien no cuenta con un domicilio conocido en el país. Solicitud que fue aceptada por el Juez de turno, quien determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.