Por medio de un comunicado, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), expresó su profunda preocupación ante la situación que enfrentan las mujeres en la región de Atacama, donde desde el año 2018 se han reportado casos de desaparición y femicidio de mujeres y niñas “en un contexto de desprotección, barreras en el acceso a la justicia y consecuente impunidad”.
La declaración indica que “la información recibida por el Comité se refiere a los casos de Tanya Aciares, Sussy Montalván, Marina Cabrera, Catalina Álvarez y Thiare Elgueda. Estos casos reflejan un preocupante patrón de desaparición seguido de violencia femicida de mujeres y niñas en situaciones de profunda desventaja social, agravado por dilaciones y lagunas en los procesos judiciales, la utilización de estereotipos de género por parte de operadores/as de justicia, obstáculos para acceder a la justicia y el silencio del Estado ante estos hechos”.
El CEVI informa que, en enero de 2025, dirigió una carta a las autoridades del Estado de Chile donde expresó su preocupación por el tratamiento de estos casos e hizo un llamado a acelerar las actuaciones judiciales, asegurando que las familias de las víctimas sean debidamente informadas, en virtud de las obligaciones establecidas por la Convención de Belém do Pará y el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres.
“Este Comité agradece a las autoridades del Estado el envío de información complementaria, en la cual se presentan acciones emprendidas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en coordinación con otras entidades estatales, para atender a las familias de las víctimas y organizaciones feministas de Atacama, y enfrentar la situación de violencia de género en dicha región del país. Sin embargo, a la luz de información recibida por el Comité que da cuenta de la falta de avances sustantivos en las investigaciones, la persistencia de barreras y el clima de inseguridad que enfrentan tanto las mujeres de la región como el entorno de las víctimas, el CEVI emite este comunicado elevando su profunda preocupación”, dice.
El texto agrega que también han tenido conocimiento sobre denuncias por parte del entorno de las mujeres víctimas que se refieren a la vulneración de su legítimo derecho a la protesta, mediante amenazas y represalias que habrían sido realizadas por agentes públicos: “El CEVI recuerda que, como Estado Parte de la Convención de Belém do Pará, el Estado de Chile está comprometido actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto incluye, según el artículo 7 de dicho tratado, garantizar procedimientos legales justos y eficaces, con medidas de protección, acceso oportuno a la justicia y reparación integral. Asimismo, el mencionado artículo establece el deber del Estado de abstenerse de toda forma de violencia y asegurar que sus autoridades y agentes actúen conforme a esta obligación”.
Añaden que desde la sentencia González y otras vs. México (Campo Algodonero), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en afirmar el deber de garantizar la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres en contextos similares al de las mujeres de Campo Algodonero y de Atacama. En particular, ha subrayado la responsabilidad internacional del Estado frente al silencio de las autoridades en la investigación, sanción y reparación de actos de violencia basada en género contra mujeres en condiciones de vulnerabilidad, especialmente niñas y mujeres que puedan ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género.
Igualmente, en su Recomendación General Nº 2 sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio, el Comité de Expertas identifica estas desapariciones como formas graves de violencia de género que obligan al Estado a actuar con debida diligencia reforzada, ya sea que los hechos sean cometidos por particulares o por agentes estatales. Además, establece su conexión con la trata de personas y la delincuencia organizada, enfatizando la especial vulnerabilidad que afecta a niñas, a mujeres en situación de pobreza estructural y multidimensional y a mujeres por su orientación sexual o identidad de género.
Por otra parte, en la reciente Recomendación General Nº6, el Comité aborda el impacto del uso de estereotipos de género en el sistema de justicia frente a casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, según la información recibida por el CEVI, “la investigación de algunos de los casos mencionados se habría visto entorpecida por el uso de estos prejuicios por parte de operadores/as de justicia”.
Por todo ello, el Comité hace un llamado a actuar con debida diligencia reforzada, acelerando las investigaciones y los procesos judiciales, y asegurando que las familias y el entorno de las víctimas sean debidamente informadas de los avances. Asimismo, recomienda a las autoridades, agentes de seguridad del Estado y operadoras/es de justicia actuar en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar el efectivo acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares.
Finalmente, el Comité insta a las autoridades del Estado de Chile a adoptar medidas prioritarias para proteger los derechos de las mujeres ante el contexto de violencias reportadas en la región de Atacama.
