*Parlamentaria destacó que cobros y exigencia de cambio a medidores inteligentes tiene origen en norma técnica previa y no en cuerpo legal aprobado por el Congreso, por lo que cobro podría ser revertido con medida administrativa del propio gobierno.
“Con ley o sin ley, las empresas podrían cobrar igual el cambio a medidores inteligentes; podríamos hasta derogar o eliminar la ley, por así decirlo, pero las empresas igualmente podrían seguir haciendo este cobro porque la normativa anterior y decretos posteriores de la Comisión Nacional de Energía así se lo permiten”.
Con esas palabras la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, resumió su postura con relación a los cuestionamientos a la ley aprobada en el Congreso en Enero de 2018, la que ha sido vinculada al cobro en la tarifa eléctrica por el recambio de medidores a aparatos inteligentes por parte de las empresas del sector en más de 6,5 millones de hogares.
“Esto es absurdo porque la ley que aprobamos no tiene nada que ver con esto, tenía un objetivo noble que es que en caso de catástrofes la reposición del empalme y del medidor debe ser a costo y responsabilidad de las empresas, y no de los usuarios. Es decir absolutamente todo lo contrario a lo que se está haciendo”.
“Acá las empresas han intentado justificar su cobro con esta ley, en circunstancias que el cambio de medidores fue exigido en una normativa distinta”, enfatizó.
“Esto lo señaló por la propia ministra de Energía, Susana Jiménez, cuando se lo pregunté en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara este miércoles, y ella reconoció que la exigencia del cambio de medidores nace primero de la normativa que es anterior a la ley”, subrayó.
La diputada Cicardini detalló que “fue en diciembre del año 2017, insisto, antes de la aprobación de la ley, que la Comisión Nacional de Energía dictó una normativa que exigía a las empresas modernizar el servicio de energía para el año 2025, lo que significaba cambio de instalaciones y de medidores”.
“Entonces, el cambio al medidor inteligente se hará con o sin ley, porque es la norma técnica la que lo exige. Esto a menos que el Gobierno o la Comisión Nacional de Energía solucionen este cobro abusivo por la vía administrativa, a través de un decreto o una resolución exenta”.
“Ese es el llamado que hago al gobierno, independiente de que estas normas se dictaron en el periodo anterior, tiene una responsabilidad en evitar un cobro que no tiene nada que ver con lo que aprobamos en la cámara de diputados y que es a todas luces injusto y abusivo con millones de familias de Chile y de Atacama”, subrayó la parlamentaria.
