El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay destacó la reforma al Sistema Notarial y Registral, iniciativa que tiene un fuerte foco en transparencia, fiscalización y en la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía.
Según explicó la autoridad regional esta iniciativa -que tuvo una tramitación legislativa de más de seis años- permitirá actualizar el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, siendo parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional impulsada por el Presidente Gabriel Boric, destinada a proporcionar estándares claros de transparencia; establecer procesos de selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública; limitar el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijar tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporar fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.
Sobre las modificaciones que incorporará esta reforma, el seremi Tomás Garay precisó “se realizarán cambios en el sistema notarial y registral que son muy importantes para todas las personas, pues establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios claros de funcionamiento, medidas respecto al tipo de soporte digital que se precisa y, por cierto, modifica y fortalece la fiscalización a las notarías, archiveros y conservadores de todo el país”.
Entre las características de la ley, el seremi agregó que gracias a la reforma se efectuarán concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública; se termina con los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
Entre los aspectos de fiscalización se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
Junto a lo anterior, se avanza en modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura, en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Finalmente existirá mayor transparencia en tarifas que se cobran por estos servicios, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.
