La publicación de la Ley N°21.713, a fines de octubre de 2024, marcó un hito en la consolidación de la Defensoría del Contribuyente. Con esta norma se fortalecieron sus atribuciones, otorgándole herramientas más sólidas para cumplir cabalmente su misión principal: resguardar y proteger los derechos de las y los contribuyentes en Chile.
Entre las innovaciones más relevantes —y, tal vez, una de las más esperadas por especialistas— destaca la facultad de representar judicialmente a las y los contribuyentes ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, así como también ante los tribunales superiores de justicia, en procedimientos especiales por vulneración de derechos.
Esta atribución, cuya plena vigencia comenzó el 1 de enero de 2025, abre una nueva etapa y consolida nuestro rol en la defensa efectiva de las y los contribuyentes.
¿Qué cambia en la práctica?. A partir de 2025, la Defensoría puede brindar una defensa integral de los derechos de las y los contribuyentes en todas las instancias judiciales. Hasta ahora, existía una limitación que obligaba a canalizar las denuncias de vulneración de derechos mediante un recurso de resguardo interpuesto ante el Servicio de Impuestos Internos. Con la nueva norma, será un juez imparcial, quien evalúe si efectivamente ha existido una actuación ilegal o arbitraria.
Para la Defensoría del Contribuyente, este cambio no sólo implica una nueva facultad, sino también un compromiso renovado, que busca defender, con especial énfasis, a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad frente al poder del Estado. La representación judicial es el escudo que permite, sin duda, subsanar las perturbaciones que puedan provenir de actos u omisiones de los órganos fiscalizadores, como el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas.
De esta manera, contribuiremos a mantener el equilibrio que debe existir en todo sistema tributario: el cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de los contribuyentes, acompañado siempre de un respeto irrestricto a sus derechos y garantías.
Miramos este escenario como una oportunidad y un desafío. Hacer bien nuestra labor no sólo es un deber institucional: es la base para demostrar que la ampliación de estas atribuciones fue necesaria y justificada. Y, en la medida en que logremos resultados concretos, podremos proyectar el debate hacia una siguiente etapa: la posibilidad de extender la representación judicial también a los procedimientos de reclamo general por actos del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas.
En definitiva, la entrada en vigencia de esta nueva atribución no es solamente un avance normativo: es un paso decisivo hacia un Estado que, en materia tributaria, combina de manera justa la exigencia de deberes, con la protección efectiva de los derechos de las y los contribuyentes.
A raíz de esta importante innovación jurídica, y también por la gran gestión desarrollada por la Defensoría en el último tiempo, es que distintos países latinoamericanos están observando el modelo chileno de defensa de los contribuyentes como una buena práctica, que quieren implementar en sus países. Y eso nos llena de orgullo y satisfacción, ya que nos estamos convirtiendo en un referente a nivel latinoamericano y en un ejemplo a seguir en esta materia.
Ricardo Pizarro Alfaro
Defensor Nacional del Contribuyente
