Dr. Roberto Martínez González, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET).
Chile, una economía emergente, oculta una realidad cruda: el abandono sistemático en salud laboral de más de 2,4 millones de trabajadores informales. Este «ejército de desprotegidos» —vendedores ambulantes, repartidores de apps, empleadas domésticas sin contrato, temporeros agrícolas y migrantes— sustenta sectores esenciales, pero carece de toda protección. Estos trabajadores constituyen el eslabón más vulnerable de la cadena productiva y, paradójicamente, el más desprotegido por el sistema.
La exclusión es por diseño. La Ley 16.744 ampara solo a quienes tienen un contrato formal y un empleador que cotice. Este marco legal, anclado en el siglo XX, deja fuera a los informales mediante tres pilares: el vínculo de cotización obligatoria (que depende de un empleador formal), la figura del empleador como responsable (que se esfuma en la informalidad) y definiciones legales que ignoran realidades modernas como el trabajo por plataformas.
Al sufrir un accidente o enfermedad profesional, su único refugio es la red pública. Catalogados en FONASA Grupo A, saturan consultorios y urgencias con lumbalgias, tendinitis y accidentes graves de origen laboral, los que son tratados como patologías comunes. Esto genera un «costo oculto monumental» para el Estado, que subsidia la precariedad al asumir gastos que deberían ser de empleadores o de un seguro laboral. El sistema es reactivo e ineficiente: cura en lugar de prevenir, cronifica lesiones y distorsiona las estadísticas al no registrar el origen laboral de las dolencias.
Para dimensionar el impacto, primero entender la escala del grupo afectado: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre móvil mayo-julio de 2025, se registraron 2.429.400 trabajadores informales en Chile. Esta cifra se desglosa en 1.323.720 hombres y 1.105.690 mujeres. La tasa de ocupación informal se situó en: 26,0% para el total de ocupados, desglosándose en un 24,9% para los hombres, y 27,5% para las mujeres.
La solución requiere una reforma audaz: un Estatuto Especial que reconozca al trabajador informal y un régimen simplificado de cotización para un seguro de accidentes, con posibles aportes estatales. Chile tiene una oportunidad única con la significativa subejecución presupuestaria anual (más de USD 1.500 millones no utilizados). Reasignar esos recursos hacia un seguro laboral universal no es solo una cuestión de justicia, sino la estrategia más inteligente de eficiencia y racionalización del gasto público sanitario. La protección en el trabajo no puede ser un privilegio.
