Trabajadores denuncian “falta de sustento técnico” en los recortes y traspasos de programas sociales clave, que afectarían a salud mental, niñez, pueblos originarios e identidad de género.
A un mes del inicio de las movilizaciones a nivel nacional, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESOF) en la Región de Atacama continúan sumándose a las protestas en rechazo al recorte presupuestario de programas sociales y al traspaso de algunas iniciativas a otras instituciones públicas.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios en Atacama, Margaret Vallejo, explicó que la movilización —que esta semana cumple un mes— responde a la preocupación generalizada de los equipos regionales por el impacto que tendrán las medidas en la gestión local y en la atención directa a las comunidades más vulnerables.
Según el gremio, agrupado en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (ASOFUMI), las disposiciones incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 impactarían directamente en áreas sensibles como salud mental, niñez, programas de calle, identidad de género y pueblos indígenas, poniendo en riesgo la continuidad de cientos de atenciones a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Desde la organización gremial sostienen que no existen argumentos técnicos que justifiquen los recortes ni los traspasos de programas a otras instituciones, y advierten que esta decisión afectará tanto la gestión institucional como la cobertura de los servicios que entrega el ministerio a nivel nacional.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la eliminación del Programa de Apoyo a la Salud Mental (PAASAM), la reducción de recursos para el programa Noche Digna, y el traspaso de la ejecución de Habitabilidad, Seguridad Alimentaria y Vínculos al FOSIS y SENAMA, servicios que también verían disminuido su presupuesto.
A ello se suma la supresión del Plan Integral de Bienestar (PIB) orientado a la niñez y adolescencia, la rebaja del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y la desaparición total del Programa de Microemprendimiento Indígena, vigente desde 2006.
El gremio advierte que estos cambios tendrán un fuerte impacto en regiones como Atacama, donde persisten altos índices de pobreza y vulnerabilidad social. “Los programas que hoy están en riesgo son justamente los que abordan esas realidades desde un enfoque integral y territorial”, señalan desde la asociación.
A nivel nacional, la ASOFUMI ha calificado la situación como una señal de “abandono institucional” por parte del Ejecutivo, advirtiendo que los recortes no responden a evaluaciones técnicas negativas ni a duplicidades programáticas, como ha argumentado la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social ha señalado que los ajustes buscan “ordenar la oferta programática y avanzar hacia una gestión más integrada”, anunciando la futura implementación del Subsistema Calle Cero a partir de 2026. Sin embargo, los funcionarios mantienen su postura crítica y han llamado al Congreso a restituir los fondos durante la discusión parlamentaria.
“Seguiremos movilizados mientras no se garantice la continuidad de los programas y la estabilidad de los equipos que los ejecutan. No se trata solo de números, sino de personas, familias y comunidades que perderán acompañamiento y apoyo del Estado”, concluyeron desde el gremio.
