OSVALDO VALLEJO MUÑOZ
Diplomado en Metodologías Participativas
CIMAS- Universidad Complutense de Madrid
Copiapó, noviembre 22 de 2025
ES UN TERRITORIO QUE EXIGE JUSTICIA ENERGÉTICA
Por décadas, la Región de Atacama ha sido tratada como una batería silenciosa. Con 38 parques solares y 3 parques eólicos en operación, y una capacidad instalada que supera con creces su demanda local, se ha convertido en un pilar de la transición energética del país. Sin embargo, esta condición no se traduce en beneficios para sus habitantes. Al contrario: las comunas rurales pagan algunas de las tarifas más altas del país, mientras la energía que se genera aquí se transmite a centros urbanos del centro y sur de Chile.
Esta paradoja tiene nombre: injusticia energética. Y su origen no es técnico, sino político.
El sistema tarifario chileno, diseñado bajo una lógica centralista y tecnócrata, no reconoce el principio de equidad territorial. Las tarifas se calculan en función de costos promedio nacionales, sin considerar si una región es generadora o no. Así, Atacama, que produce más de lo que consume, no recibe ninguna compensación. Ni en rebajas tarifarias, ni en inversión prioritaria, ni en participación en la toma de decisiones.
La reciente ley corta anunciada por el gobierno, que permitirá devolver en una sola cuota los cobros excesivos en las cuentas de luz, es un paso necesario. Pero no es suficiente. No basta con corregir un sobrecargo: se necesita una transformación estructural del modelo energético chileno.
Porque esto no es solo un problema económico. Es una expresión más del abandono estructural que enfrentan las regiones generadoras. Es una señal de que el modelo energético chileno sigue viendo a los territorios como zonas de sacrificio, no como comunidades con derechos.
Frente a esta realidad, el Congreso Nacional tiene una responsabilidad ineludible. No basta con celebrar la transición energética ni con aprobar subsidios focalizados. Se necesita una ley de compensación energética territorial que reconozca el aporte de regiones como Atacama, Antofagasta, Biobío o Los Ríos. Una ley que establezca tarifas diferenciadas, inversión prioritaria y participación vinculante en la planificación energética.
Los parlamentarios de estas zonas deben liderar esta discusión. No como una bandera técnica, sino como una demanda política. Porque si no son ellos quienes impulsan estos cambios, ¿quién lo hará?
Hasta ahora, las propuestas legislativas han sido tímidas. Se ha hablado de frenar alzas, de ampliar subsidios, de mejorar la eficiencia. Pero nadie ha puesto sobre la mesa una ley que reconozca el derecho de las regiones generadoras a beneficiarse de la energía que producen.
La transición energética no puede ser solo un cambio de matriz. Debe ser también un cambio de modelo. Y eso implica redistribuir poder, recursos y beneficios. Implica reconocer que las comunidades que conviven con torres, subestaciones y parques solares tienen derecho a algo más que externalidades.
Atacama no puede seguir siendo una batería silenciosa. Tiene que ser un actor político. Y para eso, necesita parlamentarios que no solo gestionen, sino que representen. Que no solo administren lo posible, sino que empujen lo necesario.
Porque la energía que se genera aquí no es neutra. Tiene territorio, tiene historia, tiene pueblo. Y ese pueblo está esperando justicia.
