Tomás Garay Pérez
Abogado
Ex SEREMI de Justicia y Derechos Humanos de Atacama
Chile no solo enfrenta un cambio de ciclo político. Asistimos a algo más profundo: la instalación —desde el poder— de una forma de hacer política que no se limita a administrar la realidad, sino que la construye, o más precisamente, la deforma. Una suerte de “mileización” del debate público.
El eje de este proceso ha sido la instalación de un relato: Chile estaría al borde del colapso, un país sin control, sin recursos y sin futuro inmediato. Un diagnóstico que no solo resulta discutible, sino que —a la luz de los datos— aparece, en muchos casos, como abiertamente exagerado. Porque si algo muestran los números es que la supuesta “crisis fiscal” no es tal: Chile mantiene una deuda pública cercana al 42% del PIB, muy por debajo del promedio OCDE que supera el 100%, y recientemente registró incluso superávit fiscal. No hay, entonces, una caja vacía; hay una decisión política de no usarla.
Y ahí está el punto clave: la crisis no solo se describe, también se produce. El caso del alza de los combustibles es ilustrativo. Se ha instalado la idea de que el Estado no tiene margen para amortiguar el impacto, sin embargo, el propio marco fiscal muestra que existían alternativas: mantener mecanismos de estabilización, endeudarse marginalmente o focalizar subsidios. Nada de eso se hizo. Por el contrario, se optó por traspasar el costo directamente a las familias. Más aún, mientras se argumenta falta de recursos, se impulsan rebajas tributarias que benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos. No estamos frente a una restricción técnica, sino ante una definición ideológica: reducir el rol del Estado y trasladar el peso del ajuste hacia la ciudadanía. En otras palabras, no es una política de emergencia, es una política de redistribución regresiva.
Este modo de operar no es nuevo en la región. El liderazgo de Javier Milei en Argentina ha llevado al extremo una lógica donde la crisis se convierte en condición necesaria para gobernar: sin crisis, no hay justificación para el ajuste; sin relato de colapso, no hay legitimidad para la radicalidad de las medidas. Ese mismo patrón comienza a observarse en Chile bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, no solo en las decisiones de política pública, sino también en el lenguaje: la descalificación del adversario, la caricaturización de la izquierda como amenaza estructural y la apelación constante a un estado de emergencia permanente configuran un clima político donde el conflicto deja de ser contingente y pasa a ser estructural.
El problema no es solo el tono, es el efecto institucional. Cuando el poder necesita sostener la idea de crisis para justificar sus decisiones, la política deja de orientarse por la evidencia y comienza a organizarse en torno a la narrativa. Y esa narrativa no solo tensiona la economía o la seguridad, también permea la vida cotidiana, porque un país que supuestamente “se cae a pedazos” difícilmente agota en tres días el festival de música más importante de Chile, convocando a cerca de 240 mil personas dispuestas a pagar más de $300.000 por una entrada. Curiosa forma de colapso. Pero el punto no es el festival, es la contradicción.
Lo que se instala, entonces, es una política que necesita exagerar la realidad para sostenerse, una política que transforma problemas reales en crisis absolutas y crisis relativas en argumentos para reconfigurar el Estado. Y en ese proceso, el deterioro no es solo material, es también cultural. Como advirtió Francisco Durán, guitarrista de Los Bunkers, podríamos estar entrando en una etapa de “pobreza estética monumental”. La frase no es menor, porque cuando la política se empobrece en su lenguaje, en su relación con la verdad y en su capacidad de reconocer al otro, lo que se degrada no es solo el debate público, es la democracia misma.
Tal vez ese sea el verdadero riesgo de la “mileización” de la política chilena: no solo gobernar en la crisis, sino gobernar creando la crisis. Y en ese proceso, convertir la exageración en método y la desconfianza en política de Estado.
