Maximiliano Hurtado R.
Ex Convencional Constituyente
Corría marzo de 2023 y el proyecto más importante para la administración de Gabriel Boric se votaba en general. Con votos en contra y abstenciones de la incipiente bancada del Partido de la Gente, y con la ausencia en sala de Pamela Jiles, hoy líder de esa misma bancada, se rechazaba la idea de legislar sobre la reforma tributaria que permitiría financiar, en parte, un programa de gobierno transformador. Ese episodio no solo marcó el devenir del gobierno de Boric, también terminó por fijar una primera identidad política del PDG, en la oposición, aunque de manera errática, impredecible y sin anclaje político claro.
Lo que vino después fue, en buena medida, consecuencia de ese momento. La desarticulación de la bancada, los conflictos internos y la salida de sus principales rostros, como Oyarzo y Rivas, no hicieron más que confirmar que aquella votación no había sido un hecho aislado, sino el síntoma de algo más profundo, la incapacidad de construir una posición política coherente en el marco institucional de la política nacional. Desde entonces, el PDG no logró recuperar credibilidad ni proyectar gobernabilidad, no al menos en su primera experiencia parlamentaria.
Casi tres años después, y con una bancada más numerosa, pero no necesariamente más cohesionada, el PDG enfrenta una disyuntiva similar. Esta vez deberá decidir si habilita o no el debate de una nueva reforma tributaria, impulsada ahora por un gobierno de derecha, cuyo eje central, más allá de los matices, es la rebaja de impuestos a los grandes capitales, bajo el argumento habitual de la reactivación económica.
Sin entrar al debate técnico de la reforma, hay al menos en ella dos elementos que nadie discute. Primero, que esta iniciativa implica una disminución significativa de la carga tributaria para el mundo corporativo, estimada entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Segundo, que se impulsa en paralelo a un contexto de ajuste fiscal y reducción del gasto público. Es decir, menos ingresos permanentes para el Estado en un escenario donde, paradójicamente, las necesidades sociales siguen presionando en sentido contrario.
Frente a esa tensión, el gobierno ha intentado “disfrazar” la reforma, cambió su nombre, incorporó medidas pro pymes, e hizo guiños y anuncios a la clase media. Todo con el objetivo de construir una narrativa que permita a sectores como la derecha tradicional de Chile Vamos, y especialmente al PDG, justificar un eventual apoyo sin pagar completamente el costo político de lo evidente. Pero más allá de esos elementos accesorios, el corazón de la reforma sigue siendo el mismo, un alivio tributario estructural para los grandes capitales, con efectos permanentes en la recaudación y la consecuencial rebaja en el financiamiento del gasto público.
Es en ese punto donde la decisión del PDG deja de ser técnica y pasa a ser, inevitablemente, política. Porque votar a favor no será solo respaldar un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno, sino alinearse con una lógica económica determinada. Y rechazarla, en cambio, implicará tensionar su relación con un sector del cual ha buscado, en más de una ocasión, acercarse.
La situación se vuelve aún más compleja considerando el escenario interno del partido, la salida del denominado “DC File”, las disputas de liderazgo y el rol dominante, aunque no siempre orgánico, de Pamela Jiles. Su voto, como ha sido la tónica, probablemente responderá más a su propia lógica política que a una definición colectiva, lo que vuelve a instalar la duda sobre la real capacidad del PDG para actuar como bloque.
Así, el dilema es más profundo de lo que parece. Si el PDG aprueba la reforma, no solo estará respaldando una rebaja tributaria de gran escala para los sectores de mayores ingresos; estará, además, confirmando un giro hacia posiciones más cercanas a la derecha económica, donde la impronta de Parisi termina imponiéndose sobre el discurso “pro pueblo” que ha intentado sostener. Si la rechaza, en cambio, abrirá la posibilidad, todavía incipiente, de construir una identidad propia, menos dependiente de esas tensiones internas y más coherente con el relato que ha buscado instalar.
Pero, en política, las oportunidades de definición no son infinitas, y esta, probablemente, sea la primera verdadera prueba de consistencia para una bancada que ya mostró, en el pasado reciente, los costos de no asumir con claridad su lugar.
Porque, a diferencia de 2023, y ante un gobierno que empuja constantemente hacia un escenario de polarización, esta vez no habrá espacio para la ambigüedad. El PDG no solo estará votando una reforma tributaria, estará definiendo de qué lado del mapa político quiere situarse. Y esa es una decisión que, más allá de los discursos, los matices o los adornos, termina siendo mucho más difícil de revertir que cualquier votación en el Congreso.
