El informe de Contraloría que posiciona a Copiapó como la comuna con mayor gasto en celebraciones en 2025 instala cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. En paralelo, la concejala Patricia Hurtado advirtió falta de información sobre viajes al extranjero y planteó reparos a estos desembolsos, en medio de investigaciones en curso.
Un escenario complejo enfrenta el municipio de Copiapó tras la publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 de la Contraloría General de la República, documento que examinó los gastos municipales asociados a celebraciones durante 2024 y 2025. El informe reveló que la capital regional encabeza el listado de comunas con mayor desembolso en este ítem durante 2025, alcanzando los $338.778.168, situándola como el caso más relevante a nivel nacional.
El análisis consideró actividades como el Día Internacional de la Mujer, el Día de las Infancias, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, excluyendo festividades tradicionales como Fiestas Patrias, Navidad y aniversarios comunales. Según el organismo, el foco estuvo en celebraciones que no necesariamente cuentan con una justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal, tal como lo exige la legislación vigente.
Además de las cifras, el informe advierte que, en algunos municipios, estos gastos incluso superan los destinados a ayudas sociales para personas naturales, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la priorización de los recursos públicos y su impacto en áreas prioritarias como salud, seguridad e infraestructura.
En este contexto, la concejala Patricia Hurtado Loyola ha manifestado reparos respecto de la priorización del gasto. La edil indicó que, en distintas ocasiones, ha votado en contra de actividades que considera de alto costo, mencionando, entre otros casos, la contratación de artistas con elevados honorarios, como el cantante urbano Pablo Chill-E, cuyo valor superó los $41 millones por una presentación de una hora.
“Estos recursos podrían destinarse a necesidades urgentes, como la salud primaria o la adquisición de equipamiento médico”, señaló. Agregó que, si bien las actividades recreativas son necesarias, deben compatibilizarse con las principales demandas de la comunidad.
La concejala también planteó inquietudes respecto de la disponibilidad de información financiera del municipio. Según indicó, ha solicitado información y reportes sobre el uso de los recursos del royalty minero, sin obtener respuestas en los plazos esperados, lo que —a su juicio— evidencia una falta de transparencia en la gestión.
A estas observaciones se suman diversas denuncias que actualmente se encuentran en investigación por parte de la Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía, vinculadas a programas y procesos municipales. Entre ellas, se mencionan el caso del “Verano Azul”, cuestionamientos en la entrega de cajas de alimentos, pagos por horas extraordinarias y procedimientos de compras ágiles y tratos directos, estos últimos en procesos de indagatorias por eventuales delitos económicos.
Según detalló la edil, varios concejales han prestado declaración en el marco de estas investigaciones, mientras continúan aportando antecedentes a medida que surgen nuevos elementos. Asimismo, expresó dudas sobre algunos procesos de contratación, como servicios de transporte en actividades municipales, donde —según indicó— existirían inconsistencias respecto de la adjudicación, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades.
Otro punto que ha generado cuestionamientos son los viajes de delegaciones municipales al extranjero, particularmente a Argentina. Hurtado criticó tanto la extensión de estas visitas como el tamaño de las comitivas y, especialmente, la falta de informes detallados sobre los gastos y resultados obtenidos.
De acuerdo con lo planteado, estos viajes suelen justificarse como instancias de intercambio y generación de iniciativas; sin embargo, persisten cuestionamientos sobre su impacto concreto en el desarrollo local. Hasta ahora, no existen antecedentes públicos claros que den cuenta de beneficios tangibles para la comunidad ni de proyectos derivados que se hayan traducido en mejoras directas para los vecinos. Esta falta de resultados visibles, sumada a la ausencia de reportes formales conocidos por el concejo municipal, refuerza las dudas sobre la real utilidad de estos desplazamientos frente a otras necesidades prioritarias de la comuna.
Desde el municipio de Copiapó, en tanto, se emitió una declaración pública en la que se sostiene que el informe de la Contraloría General de la República, alusivo al gasto excesivo en eventos artísticos, “no establece irregularidades ni ilegalidades, sino que presenta comparaciones generales que deben analizarse en función de la realidad de cada comuna”. La administración municipal defendió el valor social de las actividades, destacando su aporte a la identidad local y la alta participación ciudadana. Asimismo, indicó que la inversión social durante 2025 superó los $5.000 millones —cerca del 7% del presupuesto municipal— y que el gasto per cápita en celebraciones se mantiene por debajo del promedio nacional, reafirmando su compromiso con una gestión responsable, transparente y centrada en las personas.
En medio de este escenario, el municipio de Copiapó enfrenta un creciente escrutinio público negativo, en un contexto en que la ciudadanía demanda mayor transparencia, eficiencia y una adecuada priorización de los recursos. La combinación de altos gastos en celebraciones, cuestionamientos por viajes internacionales sin rendición clara, investigaciones en curso y dudas sobre el impacto real de estas decisiones en la comunidad configuran un panorama que mantiene a la administración comunal bajo una sostenida atención pública, ya no solo comunal, sino que también a nivel de los más importantes medios de prensa escrita y televisiva del país.
