Jéssica Rojas Gahona Ex Seremi de Salud de Atacama
El recorte a hospitales y a la Atención Primaria de Salud actualmente en proceso, viene sobre un sistema que hace 13 años no logra terminar el año con el presupuesto asignado”. Para quienes creemos en la Salud Pública, es imposible no sentirnos superados y abrumados, por lo que pueda acontecer en hospitales, en la atención primaria, con las inversiones en salud ante el verdadero trancazo que anunció el gobierno: un recorte en Salud del 2,5%, que se traduce en $413.193 millones al presupuesto del Minsal, según el decreto 333, ingresado recientemente a Contraloría. El Minsal ha señalado que el recorte significa la revisión de los programas de Atención Primaria de Salud vigentes, que se centrarán en mejorar la eficiencia en el sector; esto ya causa impacto y las autoridades de este gobierno indican que no se afectará la atención de salud de las personas, promesa difícil de entender y más aún imposible de creer. Es necesario recordar que en Chile, durante los últimos trece años el presupuesto otorgado a salud no ha alcanzado para cubrir todo el año, acostumbrados a suplementos sistemáticos para llegar a fin de año. No podemos olvidar que arrastramos deudas flotantes, sumado a lo anterior la insuficiencia presupuestaria a la que estamos habituados nos lleva a funcionar con inseguridades, con suplementos tardíos, que afectan los resultados sanitarios. En concreto en Atacama al Hospital Regional la reducción presupuestaria será de $1.035 millones, al Hospital Provincial del Huasco $357 mll, en Atención Primaria de Salud 264 mll, en personal 975 mll. Debemos recordar que el Hospital Regional Copiapó ya arrastra un grave déficit económico que durante el 2025 significó enfrentar graves problemas operacionales, de funcionamiento y de resolutividad; todo un drama. Por ello hoy, resulta contradictorio el discurso del gobierno, afirmando que el recorte no afectará nuestro sistema de salud y la atención de las personas. Es incomprensible que esto acontezca en plena alerta oncológica, con largas listas de espera, con una permanente presión y estrés asistencial. Es difícil e imposible de creer que no se perjudicará la atención de usuarios, las condiciones laborales y dignidad de funcionarias y funcionarios del sector. Es de toda lógica, un recorte impactará directamente en el acceso, oportunidad, continuidad de tratamientos y en la calidad de vida de las personas más vulnerables. Es incongruente cuando se indica que la APS Universal tendrá pausa para lo establecido el 2026, cuando lo obvio sería seguir fortaleciendo a la Atención Primaria, que es el primer contacto de una persona con nuestro sistema sanitario, asegurando que la persona sea acogida y se de respuesta óptima a su necesidad de atención de salud. «A veces uno con menos recursos hace más», frases del actual gobierno que provocan dolor y desazón en trabajadores y personas usuarias. El Gobierno, una vez más, demuestra un desconocimiento de la realidad territorial y de las verdaderas necesidades de las comunidades. Porque finalmente, la realidad terminará matando este relato. Es indispensable que autoridades de este gobierno coincidan en que para progresar, mejorar, garantizar atención de calidad en nuestro sistema público de salud hay que invertir, para ello el desafío debiera ser el avanzar para reformar nuestro sistema de salud y su forma de financiamiento.
