Pablo T. Silva Jordán
Especialista en recursos hídricos
Formation Environmental
La discusión sobre la Ley de Humedales Urbanos volvió al centro del debate público durante 2026, luego de que autoridades de Gobierno, académicos, municipios y sectores productivos advirtieran crecientes tensiones entre protección ambiental, desarrollo urbano y certeza regulatoria.
Mientras desde el Ejecutivo se han levantado críticas por el impacto de la normativa en proyectos habitacionales y obras urbanas —particularmente en ciudades como Valdivia—, expertos y organizaciones ambientales defienden el rol estratégico de los humedales para prevenir inundaciones, absorber eventos climáticos extremos y proteger biodiversidad.
El problema, advierten especialistas, no es la existencia de la ley, sino las debilidades de su implementación.
Hoy uno de los principales nudos críticos es la judicialización: distintas estimaciones señalan que cerca del 70% de las declaratorias de humedales urbanos han enfrentado reclamaciones judiciales. Esto refleja una creciente incertidumbre sobre cómo se aplican los criterios técnicos de delimitación y cómo se compatibilizan con infraestructura existente, derechos adquiridos y planificación urbana.
La discusión también ha evidenciado un vacío técnico relevante: aún persisten diferencias metodológicas sobre qué constituye efectivamente un humedal urbano. En algunos casos, zonas intervenidas históricamente, canales artificiales o áreas con infraestructura hidráulica han sido incorporadas dentro de declaratorias, abriendo controversias sobre los límites entre ecosistemas naturales, sistemas híbridos y obras de ingeniería.
El caso del río Mapocho se ha transformado en símbolo de esta tensión. Mientras sectores ambientales destacan su rol como corredor ecológico urbano, también se ha abierto el debate sobre cómo compatibilizar la protección ambiental de ríos y sistemas hídricos donde conviven múltiples usos y usuarios, incluyendo actividades sanitarias, agrícolas e industriales. Especialistas advierten que interpretaciones expansivas o poco precisas podrían generar incertidumbre sobre infraestructura hidráulica existente, manejo de cauces, mitigación de inundaciones y desarrollo de obras críticas para las ciudades.
Expertos sostienen que el debate se ha polarizado entre dos extremos: una regulación excesivamente rígida, que puede paralizar proyectos y aumentar la incertidumbre territorial; o una flexibilización excesiva, que termine debilitando la protección ambiental y exponiendo ciudades a mayores riesgos climáticos y urbanos.
La clave no está en elegir entre desarrollo o medioambiente, sino en construir mejores estándares técnicos y una regulación más moderna, plantean especialistas ligados a planificación territorial e hidrología.
Entre las soluciones que hoy comienzan a ganar espacio destacan:
- Mejorar los criterios científicos de delimitación;
- Incorporar modelación hidrológica avanzada;
- Integrar infraestructura hidráulica existente en la planificación;
- Fortalecer la gestión integrada de cuencas;
- Avanzar hacia modelos de coexistencia funcional entre conservación y desarrollo.
La experiencia internacional muestra que ciudades como New York City y diversos polos urbanos de China han impulsado la recuperación de humedales y la integración de infraestructura verde —incluyendo parques inundables y sistemas de ‘ciudades esponja’— como mecanismos de resiliencia urbana, mitigación de inundaciones y desarrollo sostenible.
En Chile, el desafío parece apuntar a una nueva etapa de la Ley de Humedales Urbanos: menos discusión ideológica y más gobernanza técnica, donde la protección ambiental deje de entenderse exclusivamente como una restricción y pase a formar parte de una estrategia moderna de desarrollo territorial, seguridad hídrica y competitividad.
