La cuprífera estatal exigirá la restitución de US$ 14,3 millones en incentivos variables a más de 6 mil operarios y jefaturas tras detectarse alteraciones en los reportes de 2025. El dictamen provocó la desvinculación de un alto cargo, una denuncia ante el Ministerio Público y la advertencia de paralizaciones de faena por parte de los sindicatos del norte.
Una profunda crisis de carácter administrativo, judicial y laboral enfrenta la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), luego de que su directorio ratificara las conclusiones de una auditoría interna instruida por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE). La investigación, cuyos primeros alcances corporativos fueron revelados por BioBioChile el pasado viernes 22 de mayo, confirmó la existencia de desviaciones en el reconocimiento y reporte de la producción anual de cobre fino correspondiente al ejercicio 2025.
Según los antecedentes financieros detallados por Pulso de La Tercera, la disposición obliga a recalcular las metas y los incentivos variables de más de 6.000 trabajadores y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz. El monto global que la estatal busca recuperar asciende a US$ 14,3 millones, una determinación de alta rigidez que impactará directamente en los presupuestos familiares y en la liquidez de la provincia de El Loa, abriendo un flanco de alta tensión con los estamentos sindicales.
El origen técnico: Desfase del 2% en los balances
La indagatoria de la minera se inició formalmente el pasado 3 de marzo a raíz de una denuncia ingresada a los canales institucionales de control y cumplimiento (compliance). El informe técnico final concluyó que se contabilizaron como productos terminados ciertos volúmenes de mineral que aún se encontraban en etapa de procesamiento y que requerían tratamientos posteriores.
De acuerdo con lo informado por Codelco, esta anomalía significó una sobreestimación de aproximadamente 27.000 toneladas de cobre, cifra que representa el 2% de la producción propia anual declarada por la compañía. Tras la rectificación de los datos, el balance real del periodo 2025 descendió de 1,33 millones de toneladas a poco más de 1,30 millones.
Las desviaciones normativas se concentraron en dos operaciones específicas de la Región de Antofagasta:
- División Chuquicamata: Se asignaron anticipadamente cerca de 20.000 toneladas métricas finas (tmf) contenidas en óxidos.
- División Ministro Hales: Se registraron de forma indebida 6.875 tmf contenidas en arsenito de calcio.
El documento determinó la existencia de incumplimientos reglamentarios, uso improcedente de normativas de excepción y fallas en los procesos de aprobación obligatoria dentro de la cadena de reporte técnico.
Acciones disciplinarias y derivación a la justicia ordinaria
La crisis institucional ya arrojó las primeras sanciones en la plana directiva, relevando la severidad con la que el gobierno corporativo busca resguardar la credibilidad de sus informes ante los mercados y el fisco. La auditoría interna identificó responsabilidades individuales en un grupo compuesto por siete miembros de la plana mayor en ejercicio y un exejecutivo de las áreas afectadas. Ante esto, la estatal resolvió la desvinculación inmediata de un alto cargo y la aplicación de amonestaciones disciplinarias para los demás profesionales involucrados.
En el ámbito legal, el directorio instruyó a la administración presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, con el objetivo de que la justicia ordinaria determine si los hechos revisten el carácter de delitos.
Respecto a la estabilidad financiera de la empresa, la presidenta del CACE, Tamara Agnic, precisó que no será necesario rectificar los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025, puesto que el desajuste no afecta el patrimonio neto de la corporación. No obstante, se confirmó que se emitirán notas aclaratorias en la memoria anual, el análisis razonado y las plataformas de comunicación oficiales de la estatal.
Frente laboral y advertencia de paralizaciones de faena
La resolución de la estatal provocó el rechazo inmediato de las organizaciones gremiales, las cuales se declararon en estado de alerta tras difundirse la medida. Conforme a lo reportado en la cobertura de ADN Radio, los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) de la zona norte señalaron que los operarios no deben asumir los costos financieros de las inconsistencias o errores cometidos por las jefaturas y la cadena de supervisión técnica.
«El trabajador no tiene culpa de nada. Si hay errores, no son de los trabajadores. No hemos tenido ninguna conversación con la administración. Estamos en alerta y si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer», declaró al citado medio radial Alberto Muñoz, dirigente del Sindicato N°1 de Chuquicamata y representante de la FTC.
A pesar de que la administración de la compañía aseguró que los mecanismos de cobro y restitución de los bonos se gestionarán con gradualidad y apego al marco legal vigente, el descontento de las bases mantiene bajo incertidumbre la continuidad normal de las operaciones mineras en Calama. En paralelo, en el Congreso Nacional se analiza la conformación de una comisión investigadora para evaluar los sistemas de control y los métodos de cálculo de metas de la principal empresa del Estado.
